Categoría: Denuncia

¡El diablo vendiendo cruces! ¡Trivelli, precandidato presidencial, coloca cruces por las mujeres muertas por femicidio que él contabiliza muy mal! Tan mal como los medios de comunicación y el Gobierno. No sólo las asesinadas por sus parejas y ex parejas es femicidio. Todo crimen sistemático tiene un componente misógino. Juana Calfunao que fue hecha abortar por golpes en la 2ª Comisaría de Temuco, en el año 2000, ha sufrido violencia de Estado racista y misógina y también su madre y la madre de su madre, y todas las mapuche desde hace más de 500 años.

¡Juana y Luisa Calfunao, sus familiares y otros mapuche rebeldes, están presos y al 12 de octubre de 2007, supuestamente "Día de la Raza", las dos mujeres llevan 65 días de huelga de hambre! La señora Lily Pérez y el señor Sebastián Piñera, otro candidato, esta vez de Renovación Nacional- también en octubre han dicho estar "muy preocupados por los femicidios". Claramente, el femicidio es una realidad preocupante, ¡cómo no conmoverse!… Pero ninguna derecha pareció "conmovida" en los años 70 y 80 cuando los cuerpos de las mujeres de la Unidad Popular eran vejados para rebajarlas en su dignidad, para someterlas, controlarlas, dominarlas y mostrarles que la lucha política no es cosa de mujeres.

Hoy fui a Santiago para manifestarme en las escalinatas de la Catedral antes del Te Deum . Puesto que es el gran día de la jerarquía como institución – organizan este evento con muchos invitados y mucha panoplia  – me pareció apropiado llevar un cartel alusivo a los 7 sacerdotes que dieron su vida por los pobres, habiendo sido asesinados y, en la mayoría de los casos, calumniados por el régimen militar. Son: Joan Alsina, Omar Venturelli, Antonio Llidó, étienne Pesle, Gerardo Poblete, André Jarlan y Miguel Woodward. Pedía a los obispos que refutasen las calumnias – que hasta ahora nunca han sido refutadas ni desde el púlpito ni por cualquier otro medio.

Ante la reciente aprobación "express" por el Senado del proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos, los abogados del actual Programa de Derechos Humanos dependiente del Ministerio del Interior, denunciaron que la iniciativa posibilita la impunidad de los agentes de la represión.  El Instituto no tendrá facultades para accionar judicialmente, y la ley deja fuera de los procesos a este programa, que actualmente opera como querellante en la mayor parte de las causas por desapariciones o  ejecuciones políticas sin entrega de restos.

En la  madrugada del 31 de agosto fue allanada por alrededor de 300 efectivos de carabineros la Comunidad Rucañancu, ubicada en un aislado punto de la comuna de Contulmo (octava región), cerca de la cordillera de Nahuelbuta, en la ribera  del Lago Lleu Lleu. Se habrían llevado detenidos al lonko (jefe) de la Comunidad Iván Llanquileo y su hermana María Llanquileo. Fuentes cercanas a la comunidad así como los Familiares de Presos Políticos Mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco, denuncian que la policía colocó allí armamento para justificar su invasión al territorio mapuche.

Es lamentable que debamos ser las organizaciones ambientales y los parlamentarios preocupados por el tema los que demos la alarma y salgamos en defensa de nuestro patrimonio. Podemos entender que las autoridades regionales cometan errores, pero deben ser corregidos con rapidez. Ha pasado un mes desde que el proyecto fue aprobado y no hemos visto, al menos en público, una clara voluntad del Gobierno de enmendar el error.

El dirigente Eric Acevedo señaló que empleadas de Lo Miranda fueron fustigadas incluso por su condición de madre por parte de supervisores, que buscan la normalización de las faenas.
"Las compañeras fueron amedrentadas con despidos, humilladas en algunos casos. Les echaban en cara que eran madres solteras, que estaban separadas o que tenían problemas económicos", relató Acevedo a Radio Cooperativa.

El pasado 14 de agosto del presente año fue asesinado a balazos el dirigente del Sindicato único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción, y Similares, SUNTRACS, el compañero Osvaldo Lorenzo Pérez, de 32 años de edad, en los predios de la Empresa Norberto Odebrecht, S. A., mientras él y un grupo de compañeros exigían el reintegro de un centenar de trabajadores despedidos, rechazar la afiliación obligatoria al Sindicato de la Industria de la Construcción y la Perforación, controlado por la Empresa.

La UNA lamentó que ‘con motivo de haber hecho públicos mediante acuerdos, pronunciamientos, libros, conferencias y foros, los resultados de diversos estudios que muestran los graves perjuicios que tendría para el país una eventual aprobación del Tratado de Libre Comercio [con] Estados Unidos (TLC), las universidades públicas costarricenses han sido objeto de inadmisibles manifestaciones y presiones externas por parte de algunos sectores que socavan el principio constitucional de autonomía universitaria’.