Categoría: Análisis

El 21 de abril del 2009 informábamos esto:
El año 1982 Eugenio Silva Risopatrón, representante de la SBIF, entabló demanda criminal en contra de Sebastián Piñera, a la sazón Gerente General del Banco de Talca, y algunos ejecutivos de esa entidad por los delitos de defraudación (estafa), infracción a la Ley de Bancos y otros cargos dañosos contra Piñera. En el 2º Juzgado del Crimen de Santiago se abrió la causa Rol Nº 99.971-6 El juez a cargo los declaró reos. Los otros encausados eran Miguel Calaf y Alberto Danioni, socios de Piñera, ya encarcelados por resoluciones del juez 2º del crimen y el ministro de la Corte de Apelaciones Luis Correa Bulo. Correa ordenó el arresto de Piñera. Los socios cumplieron penas de tres años de prisión pero el cabecilla se escondió por 24 días, hasta que la Suprema de la época acogió su recurso de amparo.

América Latina, pero también los EEUU, son las zonas que corren mayores riesgos. "Hay 200 millones de armas de fuego en circulación en los EEUU y la violencia social ya se manifiesta a través de pandillas", advierte Franck Biancheri, quien preside la asociación.
De cualquier manera, y a la luz de los datos económicos, un escenario de huelgas y conflictos sociales en el Imperio USA no está sacado de una novela de Julio Verne sino (además de la crisis global) de una proyección lógica y emergente  de la desocupación desatada por la recesión industrial y empresarial estadounidense, para la cual ni la administración saliente de Bush ni la administración  de Obama han conseguido  soluciones concretas.

Frente al avance de los movimientos indígenas, se recurre a la criminalización de sus protestas.
El viernes 5 de junio una noticia conmovió al mundo: en la amazonía peruana, la represión policial provocó 34 muertes (24 policías y 10 indígenas). La indignación nacional e internacional ante esta matanza provocada por el Estado peruano se expresó de inmediato en una corriente de solidaridad pocas veces vista antes.
Esta realidad no sólo se da en el Perú. Casos similares de criminalización, exclusión total y violación a los derechos de los pueblos indígenas se repite con las mismas fórmulas en países como Colombia, Chile, Argentina y Ecuador, por mencionar algunos en Latinoamérica.

Las nuevas formas de financiamiento a la desestabilización del continente tienen como objetivo burlar los controles instalados no solo por el gobierno venezolano, sino también por los de Bolivia, Ecuador y Brasil. Hoy, se tiene absoluta certeza de que la National Endowment for Democracy (NED) está utilizando suelo panameño y colombiano.
Estas actividades corresponden a una gigantesca operación continental destinada a contener y a revertir los procesos de transformación social en la región. El golpe de estado en Honduras, el primero bajo la administración del presidente Barack Obama, representa un punto de quiebre de la inteligencia estadounidense contra los gobiernos populares.

En cuanto al impacto social, en la región productora, a causa del fósforo y nitrógeno presente en las fecas de los peces, son muchas las personas que han sufrido daños neurológicos. En Quellón, una de las ciudades principales de Chiloé, existe un 60 % de cesantía. Como nunca en ese territorio, han surgido “bandas de ladrones de cultivos marinos” apremiados por la miseria. La banca presta, también a condición de una desregulación absoluta del trabajo en la industria. El eslogan es “Flexibilidad 100 %”. De los 4 mil buzos que laboran en la zona, sólo 100 son profesionales. Los 3900 restantes están subcontratados; y obtienen el salario mínimo por una labor altamente peligrosa que ya ha cobrado 19 muertos.

Anoche, Manuel Zelaya dio un ultimátum a los golpistas. Al hacer eso desenmascaró el juego desleal de Barack Obama e Hillary Clinton con respecto a la farsa del diálogo mediado por el Presidente Oscar Arias en Costa Rica. Las actividades del domingo 19 de julio en Managua podrían incluir declaraciones muy importantes para el futuro de América Central. Como Fidel escribió en el título de su reciente reflexión – o muere el golpe o mueren las constituciones. Como otros han observado, no hace sentido tener elecciones nacionales si se puede instalar gobiernos de facto así no más.

Difícilmente podría la Ciencia Política considerar democrático un país en el que nunca se hubiese realizado un debate nacional acerca de las normas esenciales que deben regir su vida en comunidad. Un Estado cuyas cartas constitucionales más importantes siempre hubiesen sido el fruto de las discusiones, conciliábulos, consensos o imposiciones por la fuerza de pequeños grupos. Una sociedad cuyas Constituciones más duraderas fueran el resultado de la presión ejercida por la fuerza militar. Mal podría definirse dicha sociedad política como democrática y a sus habitantes como ciudadanos de derecho pleno. A lo sumo se diría que se trata de un país semidemocrático con una ciudadanía restringida.
Chile es un país de ese tipo

“Los pueblos indígenas y las personas que defendían sus derechos siguieron siendo víctimas de violaciones de derechos humanos”, observa el informe 2009 de Amnesty International. La región donde viven los Mapuches está completamente militarizada. “Existe una especie de frontera, entre los terrenos que pertenecen a las empresas forestales y las tierras de las comunidades indígenas, protegida por las fuerzas del orden”, testimonia Joffrey Rossi, un documentalista francés, co-realizador de la película “Luchar para continuar a vivir”.

Muchos analistas, dirigentes, e incluso presidentes, lo han denunciado. Sin embargo, la mayoría coinciden en disculpar a la administración de Barack Obama de algún papel en el golpe hondureño, haciendo responsables en su lugar a los rasgos del gobierno de George W. Bush y a los halcones que todavía andan por los pasillos de la Casa Blanca. La evidencia demuestra que sí, que es cierto que los halcones y los protagonistas de siempre de los golpes y sabotajes en América Latina también han participado esta vez, y además existen amplias pruebas que señalan el papel del gobierno de Obama.

El Profesor Panitch se dio cuenta que el marxismo estaba de vuelta después de recibir una inesperada invitación de una radioemisora local, más popular por sus programas deportivos que los temas políticos, para explicar un hecho también insólito como era el acuerdo de la General Motor, a través del cual los contribuyentes de Estados Unidos y Canadá y los trabajadores de la empresa pasaban a ser dueños mayoritarios de los medios de producción del gigante automotriz (72.5% y 17.5% respectivamente). La crisis económica global, imprevistamente, lanzaba a este modesto investigador al centro del escenario político y académico internacional.