Categoría: Análisis

En declaraciones formuladas el pasado 31 de julio a radio Universidad de Chile, el ex juez Juan  Guzmán afirmó que la violencia que se registra en la zona mapuche se debe a una serie de montajes policiales, a lo que se suma también la ausencia absoluta de diálogo del gobierno con las comunidades y sus representantes. En dos casos que merecieron de él ese calificativo, el logró como abogado defensor, desbaratar las acusaciones que enfrentaban presos políticos mapuche.

A pesar del Estado de Sitio y el toque de queda, aumenta cada día el número de los que han llegado hasta El Ocotal, en Nicaragua, a sumarse al campamento de quienes apoyan al presidente Zelaya, que se encuentra ahí, después de haber ingresado a territorio hondureño. El mandatario solicitó a las Naciones Unidas que le diera el estatus de refugiados y la ayuda correspondiente a quienes están allí acompañándolo, porque si regresan a Honduras, están amenazados con una condena a 6 años de prisión por “traición a la patria”, la que por lo visto sólo le pertenece a los golpistas.

Quien se precie de ser un observador sereno del panorama político nacional dominado estas semanas por una campaña presidencial de muy baja estofa, tendrá necesariamente que concluir que los auténticos decadentes siguen predominando en la política chilena.    Es que los temas de debate se perdieron y la pugna presidencial cayó a un área pantanosa.

El 21 de abril del 2009 informábamos esto:
El año 1982 Eugenio Silva Risopatrón, representante de la SBIF, entabló demanda criminal en contra de Sebastián Piñera, a la sazón Gerente General del Banco de Talca, y algunos ejecutivos de esa entidad por los delitos de defraudación (estafa), infracción a la Ley de Bancos y otros cargos dañosos contra Piñera. En el 2º Juzgado del Crimen de Santiago se abrió la causa Rol Nº 99.971-6 El juez a cargo los declaró reos. Los otros encausados eran Miguel Calaf y Alberto Danioni, socios de Piñera, ya encarcelados por resoluciones del juez 2º del crimen y el ministro de la Corte de Apelaciones Luis Correa Bulo. Correa ordenó el arresto de Piñera. Los socios cumplieron penas de tres años de prisión pero el cabecilla se escondió por 24 días, hasta que la Suprema de la época acogió su recurso de amparo.

América Latina, pero también los EEUU, son las zonas que corren mayores riesgos. "Hay 200 millones de armas de fuego en circulación en los EEUU y la violencia social ya se manifiesta a través de pandillas", advierte Franck Biancheri, quien preside la asociación.
De cualquier manera, y a la luz de los datos económicos, un escenario de huelgas y conflictos sociales en el Imperio USA no está sacado de una novela de Julio Verne sino (además de la crisis global) de una proyección lógica y emergente  de la desocupación desatada por la recesión industrial y empresarial estadounidense, para la cual ni la administración saliente de Bush ni la administración  de Obama han conseguido  soluciones concretas.

Frente al avance de los movimientos indígenas, se recurre a la criminalización de sus protestas.
El viernes 5 de junio una noticia conmovió al mundo: en la amazonía peruana, la represión policial provocó 34 muertes (24 policías y 10 indígenas). La indignación nacional e internacional ante esta matanza provocada por el Estado peruano se expresó de inmediato en una corriente de solidaridad pocas veces vista antes.
Esta realidad no sólo se da en el Perú. Casos similares de criminalización, exclusión total y violación a los derechos de los pueblos indígenas se repite con las mismas fórmulas en países como Colombia, Chile, Argentina y Ecuador, por mencionar algunos en Latinoamérica.

Las nuevas formas de financiamiento a la desestabilización del continente tienen como objetivo burlar los controles instalados no solo por el gobierno venezolano, sino también por los de Bolivia, Ecuador y Brasil. Hoy, se tiene absoluta certeza de que la National Endowment for Democracy (NED) está utilizando suelo panameño y colombiano.
Estas actividades corresponden a una gigantesca operación continental destinada a contener y a revertir los procesos de transformación social en la región. El golpe de estado en Honduras, el primero bajo la administración del presidente Barack Obama, representa un punto de quiebre de la inteligencia estadounidense contra los gobiernos populares.

En cuanto al impacto social, en la región productora, a causa del fósforo y nitrógeno presente en las fecas de los peces, son muchas las personas que han sufrido daños neurológicos. En Quellón, una de las ciudades principales de Chiloé, existe un 60 % de cesantía. Como nunca en ese territorio, han surgido “bandas de ladrones de cultivos marinos” apremiados por la miseria. La banca presta, también a condición de una desregulación absoluta del trabajo en la industria. El eslogan es “Flexibilidad 100 %”. De los 4 mil buzos que laboran en la zona, sólo 100 son profesionales. Los 3900 restantes están subcontratados; y obtienen el salario mínimo por una labor altamente peligrosa que ya ha cobrado 19 muertos.

Anoche, Manuel Zelaya dio un ultimátum a los golpistas. Al hacer eso desenmascaró el juego desleal de Barack Obama e Hillary Clinton con respecto a la farsa del diálogo mediado por el Presidente Oscar Arias en Costa Rica. Las actividades del domingo 19 de julio en Managua podrían incluir declaraciones muy importantes para el futuro de América Central. Como Fidel escribió en el título de su reciente reflexión – o muere el golpe o mueren las constituciones. Como otros han observado, no hace sentido tener elecciones nacionales si se puede instalar gobiernos de facto así no más.

Difícilmente podría la Ciencia Política considerar democrático un país en el que nunca se hubiese realizado un debate nacional acerca de las normas esenciales que deben regir su vida en comunidad. Un Estado cuyas cartas constitucionales más importantes siempre hubiesen sido el fruto de las discusiones, conciliábulos, consensos o imposiciones por la fuerza de pequeños grupos. Una sociedad cuyas Constituciones más duraderas fueran el resultado de la presión ejercida por la fuerza militar. Mal podría definirse dicha sociedad política como democrática y a sus habitantes como ciudadanos de derecho pleno. A lo sumo se diría que se trata de un país semidemocrático con una ciudadanía restringida.
Chile es un país de ese tipo