Los premios Nobel de la Paz trabajan para la guerra
por Sergio Rodríguez Gelfenstein (Costa Rica)
14 años atrás 6 min lectura
En el libro “La Paz en Colombia”, el Comandante Fidel Castro refiere
que, ante la situación de indefensión que vivía Costa Rica en 1979 por
las continuas agresiones militares desde la Nicaragua somocista, Cuba
mostró su disposición a apoyar a ese país con “armas antiaéreas no
coheteriles, de por sí complejas, y, a la vez, apoyar a los
revolucionarios nicaragüenses”. Dice Fidel que: “Esto último lo
discutimos con las autoridades ticas que se sentían directamente
amenazadas.”
En un momento oportuno, por cada tonelada de armas para Costa Rica iría
otra para los revolucionarios de Nicaragua” y, al finalizar esta idea,
una frase contundente: “Comprendimos que había quedado atrás la época en
que Costa Rica fue usada como base de los ataques piratas contra
nuestra patria. Ahora, desde su territorio, los patriotas
revolucionarios de Nicaragua recibirían ayuda”- concluye.
Los acontecimientos recientes parecen indicar que nuevamente Costa Rica
se prepara ya no sólo para servir de base de ataques contra Cuba, sino
contra toda la región. El acuerdo para que cuarenta y seis naves
artilladas, doscientos helicópteros, siete mil hombres y diez aviones de
combate Harriet, entren a territorio costarricense en los próximos seis
meses como parte del convenio de patrullaje conjunto con el Servicio de
Guardacostas de Estados Unidos firmado en 1999, apunta en ese sentido.
La Constitución Política de Costa Rica en su artículo 12 expresa que:
“Se proscribe el ejército como institución permanente” y más adelante
señala: “Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las
fuerzas de policía necesarias”, para concluir el citado artículo
afirmando que: “ Sólo por convenio continental o para la defensa
nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán
siempre subordinadas al poder civil; no podrán deliberar, ni hacer
manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva”.
Este es el argumento esgrimido por quienes defienden la presencia
intervencionista de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el
territorio de un país que, durante años basó su política exterior en la
particularidad que le da su carencia de ejército y la de ser amante de
la paz. Cuesta suponer que la presidenta Laura Chinchilla, quien comenzó
sus funciones hace sólo dos meses, armó en tan poco tiempo el entramado
de este “permiso”.
Fiel a su personalidad escurridiza y doble y a su incontrolable deseo de
protagonismo, el ex presidente y Premio Nobel de la Paz Oscar Arias
negoció el mencionado “permiso” al adquirir compromisos en el capítulo
de seguridad del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que le
generaba a Costa Rica obligaciones de hecho. Otro Premio Nobel de la
Paz, Barack Obama, ha dado la orden para la ejecución del convenio.
Tal como Eisenhower dejó minuciosamente organizado un proyecto para que
fuera Kennedy quien ordenara invadir a Cuba por Playa Girón en 1961,
este nuevo paladín enmascarado de la guerra, estructuró el plan para que
su sucesora asumiera los riesgos políticos de la alianza bélica de un
país pacífico con la primera potencia militar del planeta.
Pero los antecedentes vienen de más atrás. La intervención militar de
Estados Unidos en Costa Rica, se inscribe dentro de la ofensiva de
restructuración de las fuerzas militares de Estados Unidos en el
hemisferio occidental articulada a través del Plan Colombia, El combate
contra el narcotráfico fue el instrumento que Estados Unidos utilizó al
finalizar la guerra fría y antes del 11 de septiembre de 2001 para este
objetivo. Costa Rica tenía un papel que jugar en este plan.
El periodista costarricense José Meléndez, en el N° 3 de de la revista
chilena FASOC del año 2000, afirma ya en ese año que en un informe del
Comando Sur se señalaba a Costa Rica como un país susceptible de
instalación de un Centro de Operaciones de Avanzada para la lucha contra
el narcotráfico. Desde esa época, el tema se ha estado considerando
hasta ahora que la presidenta Chinchilla le ha dado el vamos.
El argumento utilizado es ya recurrente en América Latina. Este
“Convenio de Patrullaje Conjunto” es a Costa Rica lo que el Plan
Colombia es a este país. Es la continuación del programa de despliegue
de las fuerzas militares de Estados Unidos a nuestro continente, que ya
incluye, bases en Colombia, Panamá, Honduras, El Salvador, Antillas
Holandesas y el territorio ocupado de Puerto Rico. A ello se suma la
reactivación de la 4ta. Flota de la Armada de Estados Unidos en el
Caribe para dar continuidad a su proyecto de cerco militar contra los
gobiernos democráticos y progresistas del continente, en especial,
contra Cuba y Venezuela.
Al igual que en Colombia, el subterfugio de la lucha contra el
narcotráfico no resulta creíble al observar la naturaleza bélica de sus
componentes militares. Por otro lado la nota oficial de la Embajada en
Costa Rica especifica que dicho personal “podrá disfrutar de libertad de
movimiento y derecho de realizar las actividades que considere
necesarias en el desempeño de su misión, lo cual incluye portar su
uniforme mientras se encuentra ejerciendo sus funciones oficiales” (pp.
33 y 42 de Acta Legislativa N° 39), lo cual es contradictorio con el
precitado Artículo 12 constitucional.. Al respecto, Chris Preble experto
en el tema, director de Estudios de Política Exterior en el Cato
Institute, y veterano de la Guerra del Golfo habiendo servido a bordo
del USS Ticonderoga (CG-47), afirma que “Uno no persigue
narcotraficantes con portaaviones”, y aseguró que “la naturaleza de las
embarcaciones no es propia para esta lucha”
Ante el argumento de la Presidenta Chinchilla de que las naves “entrarán
bajo el mando del Servicio de Guardacostas”, el analista Juan Carlos
Hidalgo del Cato Institute de Washington D.C. cita a su colega Preble,
quien dijo que “eso es absurdo. Si bien tal vez alguien del Servicio de
Guardacostas podría abordar las embarcaciones y permanecer en éstas
durante su tránsito por aguas nacionales, las naves en todo momento
serán de la Marina de Estados Unidos y permanecerán bajo el comando de
ésta. Por lo tanto, se puede argumentar que su entrada a aguas
nacionales contraviene la naturaleza del convenio de patrullaje conjunto
de 1999. Se puede autorizar su entrada al país, pero de otra manera
(una autorización a la vez por cada nave), y no dentro de un convenio
que no corresponde a esta situación”.
La presencia militar de Estados Unidos en Costa Rica ha causado la
repulsa de importantes sectores de la sociedad tica. En julio de 1979
ante la avasalladora ofensiva del FSLN Estados Unidos instaló tropas en
el aeropuerto de Liberia en la norteña provincia de Guanacaste,
fronteriza con Nicaragua, era el último intento del gobierno de Estados
Unidos para evitar una salida revolucionaria al fin de la dictadura
somocista, esperando el apoyo que pretendió lograr en la OEA.
La gigantesca movilización del pueblo costarricense que rodeó desarmado
el aeropuerto de Llano Grande convertido en base aérea de Estados Unidos
fue una extraordinaria acción de solidaridad internacional y jugó un
papel decisivo para evitar la intervención militar de Estados Unidos en
Nicaragua. Hoy los hijos de Juan Santamaría despliegan decenas de
iniciativas para expresar su repudio a la presencia de las tropas
estadounidenses en su territorio y lucharán hasta lograr el objetivo de
ver a su patria libre de las fuerzas militares extranjeras.
Fuente: El País (Costa Rica)
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