Las zombis que usaron Ponce Lerou, Leonidas Vial y Andrés Navarro para eludir impuestos

En todas las historias de zombis identificar “el paciente cero” es clave, pues en el inicio de la peste se esconde tanto el motivo por el que la humanidad está siendo castigada (por ejemplo, experimentos biológicos que dan cuenta de nuestra soberbia), como la llave de la salvación. En el ataque de las sociedades zombis sobre las arcas fiscales, la investigación de CIPER ha logrado identificar tres zombis que están en esa “hora cero”, cuyos protagonistas retratan el mundo que pensó y explotó esta estrategia.
Se trata de Inmobiliaria y Comercial San Jorge,comprada en 1990 por los controladores del Grupo Penta (sociedad mencionada por primera vez en una investigación de The Clinic); la Compañía de Desarrollo e Inversión Pocuro, adquirida en 1991 por Leonidas Vial y el abogado Fernando Barros (a la que luego se integran Fernando Larraín Peña y su familia); y Los Lirios S.A., la que fue comprada en 1992 a medias por Sebastián Piñera y sus tradicionales socios: los Cueto (ver reportaje).
Estas tres primeras zombis fueron vendidas por la Comisión Progresa, entidad liquidadora que intervino al Grupo Cruzat-Larraín en 1984, conformada por bancos que intentaron recuperar algo del dinero que le habían prestado (ver reportaje). Los bancos (Santiago, de Chile, Crédito e Inversiones y otros) tomaron el control de las 200 sociedades del grupo y vendieron todos los activos que encontraron (mayoritariamente acciones). Para fines de los ‘80 del imperio Cruzat-Larraín no quedaba nada, salvo papeles que registraban la deuda no pagada y que los tribunales declararon prescrita.

Parecía una idea delirante, pero se expandió rápido entre la elite empresarial en los 90. Decenas de empresas sólidas y con grandes utilidades se fusionaron con firmas que no eran otra cosa que un papel que consignaba una pérdida cuantiosa y sin acreedor.

Entonces, en vez de cerrar esas sociedades, como usualmente pasa tras las quiebras, alguien, probablemente un abogado tributarista (la Comisión Progresa tenía contratada a Price Waterhouse), pensó que las pérdidas de esas firmas muertas se podían aprovechar para pagar menos impuestos.
Su idea, en esencia, fue que si de alguna manera se consideraban esos meros papeles con deuda como “empresas”, entonces era posible fusionarlos con firmas reales y prósperas y hacer desaparecer sus utilidades.
Parecía una idea delirante, pero prosperó, entre otras cosas, porque las normas que regulaban el uso de las pérdidas no prohibían que una empresa real se fusionara con un papel.
A fines de los ‘80 la estrategia se probó con montos pequeños, que no provocaron reacción en las direcciones regionales del Servicio de Impuestos Internos (SII), según dijo un tributarista a CIPER. Cuando el terreno pareció seguro, salieron a escena los grandes empresarios ansiosos de reducir las cargas tributarias de sus empresas.
Todos los empresarios que figuran en la “hora cero” del ataque zombi, comprando papeles con deuda, son parte de un mismo círculo unido por lazos familiares, amistad y negocios. Manuel Cruzat, en su época de gloria, fue el formador de Carlos Alberto Délano y de Sebastián Piñera (amigos íntimos entre ellos). Piñera, a su vez, tiene como abogado de cabecera para sus asuntos tributarios y corporativos a Fernando Barros Tocornal, asesor legal histórico de su cuñado Leonidas Vial, socio de la Corredora Larraín Vial (favorita de Piñera para sus transacciones desde los ‘90). En esa corredora son socios Leonidas Vial, Fernando Barros y Fernando Larraín. En este punto se cierra la cadena, pues Fernando Larraín fue el socio de Manuel Cruzat cuando este levantó su imperio en los años 80.
En ese exclusivo círculo, las pérdidas de los ‘80 fueron recicladas para hacer de los prósperos años 90 una época con menos impuestos. Pero se hizo algo aún más importante: al mostrar que las zombis eran viables en las ligas mayores (ninguna de estas tres sociedades fue cuestionada por Impuestos Internos) se validó lo que estaba detrás de esta estrategia: la elusión. Esto es, la idea de que se pueden diseñar planificaciones que cumplan con la letra de la ley –para evitar sanciones- pero vulneren su espíritu: estrategias astutas que permitan conseguir beneficios que nunca estuvieron contemplados por el legislador.

JULIO PONCE LEROU

Julio Ponce Lerou es tristemente famoso por muchos motivos. Entre los antiguos, por apropiarse de la empresa estatal Soquimich (SQM) durante la dictadura de su suegro; entre las razones recientes, porque el Ministerio Público ha mostrado cómo SQM ha sido una máquina de financiamiento ilegal de la política, un motor adecuadamente aceitado que probablemente le permitió que el fin de la dictadura no implicara cambios para él y sus negocios.

Pese a su prosperidad, entre 1999 y 2004 Inversiones SQ Holding, representada por Roberto Guzmán Lyon, reportó al SII pérdidas que se originaban en “el papel con deudas” con el que se había fusionado.

Una tercera razón de la mala fama de Ponce Lerou es la estructura a través de la cual se ha asegurado por años el control de SQM. En 2013 la Superintendencia de Valores formuló cargos contra él y su abogado Roberto Guzmán Lyon, por ese engranaje que en esencia permite distribuir las ganancias y las pérdidas de su actividad minera y apuestas bursátiles, de acuerdo a sus conveniencias, lo que perjudicó a otros accionistas, entre ellos los cotizantes de las AFP.
Esa estructura se conoce hoy como “sociedades cascadas”, metáfora que apunta a la estrategia que Ponce usó para ocultar el control que tenía sobre la minera: a través de un río de sociedades. Para encontrar a Ponce en esa estructura había que remontar la cascada hasta su origen.
Por lo menos hasta 2014, cuando la SVS multó a Ponce y a su abogado Guzmán Lyon, el control de SQM era ejercido desde Potasios Chile y Pampa Calichera, controladas por Oro Blanco y Nitratos de Chile, que a su vez dependían de Norte Grande, sociedad que estaba en la parte superior de la cascada. Pero Ponce no aparecía allí, sino más arriba, en sociedades que salían de Chile. Esta otra estructura funcionaba así: Norte Grande era propiedad de SQYA S.A. y ésta era controlada por Inversiones SQ, la cual dependía de S.Q. Grand Cayman Corporation y ésta de Pacific Atlantic Trading, la cual colgaba de un trust: “The Pacific Trust”, donde finalmente aparecían Ponce Lerou y su familia.
En 2003, en la parte alta de este río societal (ver reportaje de El Mostrador) surgió una zombi: Inversiones SQ Holding, cuyo origen era una empresa quebrada en 1984: Comercial del Caribe.
Desde su quiebra, Comercial del Caribe no registró ninguna actividad hasta que en 1996 fue adquirida por el Grupo Interandino, sociedad constituida en Panamá por el abogado Rolando Candanedo (uno de los favoritos de la elite chilena para crear sociedades off shore durante varias décadas, ver reportaje de The Clinic).

En 1997, el presidente del Grupo Interandino –Emilio Rojas Contreras– junto a José del Rio Canelli (gerente general de Pampa Calichera desde ‘2000) cambiaron el nombre de Comercial del Caribe por Inversiones Alcázar. En los años siguientes, a través de diversas modificaciones (en las que participaron sociedades de la parte alta del río de sociedades de Ponce Lerou, como S.Q. Grand Cayman Corporation), Alcázar terminó rebautizada como Inversiones SQ Holding y controlada por José del Río Canelli (en representación de Inversiones Astro Rey, otra sociedad panameña) y Roberto Guzmán Lyon creador de la estructura de cascadas, como aparece en los cargos presentados por la Superintendencia contra Ponce.
En 1998, la zombi Inversiones SQ Holding absorbió a S.Q. Holding S.A y su capital creció de $7 millones a $5.464 millones. Al año siguiente, la zombi absorbió otra sociedad del grupo, S.Q Inter. S.A., y su capital social volvió a dar un salto: a $10.308 millones. Nuevas operaciones triplicaron el capital social hasta $32.000 millones, como consta en escrituras notariales de 2004.
Pese a esas señales de prosperidad, entre 1999 y 2004 Inversiones SQ Holding -representada por Roberto Guzmán Lyon– reportó al SII pérdidas que se derivaban del papel con deudas de arrastre que era Comercial del Caribe.

En muchos aspectos el ataque de las zombis puede entenderse cono la hora cero de la elusión usada en forma masiva por la elite empresarial de Chile.

Aunque esta investigación no accedió al monto de la pérdida de arrastre que declaró la zombi, ni a los impuestos que intentó recuperar, los documentos judiciales examinados por CIPER indican que en 1999 Inversiones SQ Holding se evitó el pago del impuesto de primera categoría y, desde el año 2000 hasta 2004, usó las pérdidas para solicitar devoluciones por impuestos pagados.
En la ofensiva anti-zombi que desplegó el SII en 2004, recalculó los tributos de Inversiones SQ Holding y en 2005 pidió el pago de $953 millones en impuestos adeudados. También le rebajó los montos de la pérdida que Soquimich había comprado.
El argumento central de la autoridad fue que la empresa nunca acreditó con documentos la realidad de las pérdidas de arrastre, adecuando “maliciosamente” (expresión que usó la Corte de Apelaciones) su contabilidad para hacer desaparecer utilidades.
Se iniciaron así 10 años de litigios. En la Corte de Apelaciones de Santiago la empresa fue defendida por Rodolfo Porte, del bufete Porte & Canales, quien argumentó que Inversiones SQ Holding no estaba obligada a conservar documentos tributarios de hace 30 años. La Corte dictaminó que si la empresa quería usar una pérdida que se remontaba a esa época, tenía que tenerlos (ver fallo). SQ Holding perdió en esa instancia y también el recurso de casación en la Corte Suprema. Este último fallo, de marzo de 2014, le puso la lápida a una de las últimas zombis que comenzaron a ser utilizadas a comienzos de los ‘90.

LEONIDAS VIAL

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) describió el llamado “Caso Cascadas” como un acto de simulación. Tal como en las empresas zombis se finge tener una pérdida que no es real a través de una fusión que es una parodia, lo que investigó la SVS en el “Caso Cascadas” fue una serie de operaciones realizadas entre 2009 y 2011 en las que “aparentaron” cumplir las condiciones que la ley exige para las operaciones bursátiles. Pero se hacía de tal modo que, “en realidad buscaban entrabar la participación de potenciales inversionistas”, como sostuvo un tribunal civil que acogió la tesis de la SVS.
Para ejecutar este diseño, acusó la SVS, Ponce Lerou requirió la ayuda de corredoras que permitieran simular operaciones en las que sociedades ligadas a Ponce parecían vender acciones de SQM, cuando en realidad no vendían nada.

Todos los empresarios que figuran en la “hora cero” del ataque zombi, comprando papeles con deuda, son parte de un mismo círculo unido por lazos familiares, amistad y negocios.

En su acusación, la SVS apuntó, entre otros, a la Corredora Larraín Vial y a uno de sus principales accionistas, Leonidas Vial Echeverría. Uno de los principales cargos contra Vial fue el uso que le dio a su sociedad Inversiones Saint Thomas, firma clave en el entramado financiero de este empresario, y que originalmente fue una zombi.
Leonidas Vial es actualmente presidente y accionista mayoritario de La Polar. Compró su zombi en 1996, cuando era vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Santiago (desde 1988). Y antes y después fue director de Endesa, Santa Carolina, Compañías CIC, Compañía Industrial El Volcán, Tricolor, Embornor y Blanco y Negro.
En 2014, la SVS lo multó en US$20 millones por su participación en el “Caso Cascadas”. Pero en 2015 un juzgado civil anuló la multa, aunque otro confirmó la sanción en contra de Ponce Lerou, por lo que la legalidad o ilegalidad de las operaciones descritas se deberá resolver en la Corte de Apelaciones de Santiago.

La zombi Saint Thomas no pertenecía al Grupo Cruzat, sino a una firma de capitales norteamericanos: Scott Worldwide Inc. Vial la compró a través de Inversiones Juliets y de Inversiones y Servicios Cartera Ltda. A cargo de la operación estuvo el estudio Barros y Errázuriz, de Fernando Barros Tocornal, su cuñado y socio.
En 1999, Saint Thomas, que cargaba una pérdida de $12.656 millones, absorbió a su controladora Inversiones Juliets, con lo cual pasó a tener un capital social de $21.902 millones. Como resultado de la investigación desplegada por el SII a partir de 2004, el servicio le cobró a Saint Thomas impuestos por $695 millones.
La citada Inversiones y Servicios Cartera Ltda. también era zombi. Originalmente se llamó Compañía de Desarrollo e Inversión Pocuro, constituida en 1982, mencionada al comienzo de este artículo. Tras comprarla en sociedad con Fernando Barros en 1991, a través de Invescar, Leonidas Vial la rebautizó como Inversiones y Servicios Cartera (Servicar). Ese mismo año, al modificarse la sociedad, quedaron como dueños Fernando Larraín Peña (socio de Vial en la corredora y ex socio de Manuel Cruzat), María Cruzat Infante; María Isabel, Fernando, José, Santiago, Aníbal, todos de apellido Larraín Cruzat; Ana María Claro Valdés y Leonidas Vial.
Esta sociedad, que está en la hora cero del ataque zombi, no fue investigada por el SII y CIPER no encontró antecedentes sobre el monto de la pérdida de arrastre que compraron, ni cómo ni cuándo la usaron sus nuevos dueños.

ANDRÉS NAVARRO

Andrés Navarro Haeussler es miembro de la junta directiva de la Universidad San Sebastián y del grupo constructor Salfacorp, y actualmente preside el directorio de la Clínica Las Condes. La empresa donde está su sello fundacional es Sonda, la que controla a través de tres sociedades: Inversiones Pacífico Sur II Ltda., Inversiones Atlántico Ltda. e Inversiones Santa Isabel Ltda. Estas tres firmas son las únicas accionistas de Indico S.A., que a su vez es la accionista mayoritaria de Sonda (43%).

Al menos una de esas tres empresas clave de Navarro es una zombi: Inversiones Pacífico Sur II Ltda. Su origen es la sociedad Minera San Cristóbal que Navarro compró en 1999, pagando $380 millones “al contado y en efectivo”, según consigna la escritura. Un mes después se incorporaron a la sociedad los hermanos del empresario: María Cecilia, Carmen, Pablo, Andrés, María Inés, José Miguel, María del Rosario y María Teresa, todos Navarro Haeussler. Entonces, la ex sociedad minera se convirtió en “Inversiones Pacifico II Ltda.”, un cambio de nombre que vino con una potente inyección de capital: $24.913 millones.
En 2001 la zombi del clan Navarro presentó ante el SII una pérdida de $6.900 millones e intentó que le devolviera $423 millones en impuestos ya pagados en los ‘90. La operación no resultó. La información obtenida en esta investigación indica que el SII los hizo pagar impuestos por $1.141 millones.
CIPER intentó obtener las versiones sobre estas operaciones con zombis de Julio Ponce Lerou, Andrés Navarro y Leonidas Vial, pero ninguno de ellos respondió a nuestras consultas.

ABUMOHOR, GALMEZ, CALDERÓN

La zombi a la que recurrieron los Abumohor (en sus ramas Touma, Salman, Lolas, entre otros), fue Inmobiliaria y Comercial de Valores, la que perteneció hasta su quiebra al Grupo Cruzat-Larraín. La adquirieron en 1993 y la fusionaron con la empresa Eurotelas S.A. El SII rechazó la operación. Los datos obtenidos por CIPER indican que, al recalcular los impuestos que debía pagar el grupo, el SII le cuestionó $975 millones en pérdida de arrastre y le cobró tributos de primera categoría por $135 millones.

Los hermanos Gálmez Puig también compraron una zombi del Grupo Cruzat: Sociedad de Inversiones Tupungato. La adquirieron en 1994, cuando eran los controladores de la tienda de departamentos Almacenes París, a través de Inversiones Aconcagua e Inversiones Baleares (ambas pasaron a control de Horst Paulmann cuando éste compró París en 2005). En 2004 el SII examinó la operación y cuestionó $1.487 millones de pérdida de arrastre, haciéndoles pagar $78 millones en impuestos adeudados.

Al igual que las familias que controlan Falabella, los entonces controladores de Ripley y Johnson’s, los hermanos Marcelo y Alberto Calderón Crispín, fueron grandes compradores de zombis. La investigación del SII detectó tres cascarones para esconder las utilidades que generaban sus multitiendas (las operaciones de los Calderón fueron descritas por primera vez en un reportaje en The Clinic).
La principal zombi de los Calderón fue Comercial Centro Ltda., una sociedad con $147.637 millones de pérdida tributaria, inactiva desde 1983. Los Calderón la compraron en $200 millones y la hicieron absorber Inversiones CAR Ltda., que administraba el negocio crediticio de las multitiendas. Con esa operación, consiguieron evaporar $54.428 millones de utilidades obtenidas entre 2001 y 2003. En 2004, el SII impugnó aquellas operaciones y CAR tuvo que cancelar $13.337 millones en impuestos, multas e intereses.

No ocurrió lo mismo con las otras dos zombis que Marcelo Calderón compró a Javier Vial: Inversiones San Bartolomé e Inversiones Santa Regina. Ambas sociedades aportaron una pérdida de arrastre de más de $220 mil millones, un monto que sociedades ligadas a Johnson´s utilizaron intensivamente hasta 2004, para no pagar impuestos. Ese año 2004 el SII no aceptó la operación e intentó recuperar más de $3.000 millones en impuestos. Marcelo Calderón se negó a pagar, entre otras cosas, porque la empresa estaba en crisis.
A partir de ese momento se inició una larga disputa judicial, la que terminó en el período en que el SII era dirigido por Julio Pereira (2010-2013), nombrado por Sebastián Piñera. Entonces, a los Calderón se le condonaron aproximadamente US$125 millones en intereses y multas y se le permitió pagar tan solo una fracción de los impuestos que debía. La operación fue conocida como “el perdonazo Johnson´s”.

EVIDENCIA DE LA ELUSIÓN MASIVA

En esta relación de hechos, el ataque de las zombis en los ’90 puede entenderse como la primera evidencia de que la elite masivamente está eludiendo impuestos. No porque no se haya recurrido a la elusión en los ‘80 (no hay mediciones sobre eso), sino porque Impuestos Internos nunca había detectado una ofensiva tan grande como esta.
De hecho, hasta comienzos de los ‘2000, la elusión no existía como un problema en el debate público. Luego del ataque de las zombis en los ‘90, la elusión, encarnada en distintas estrategias, se volvió un tema central de la agenda, hasta ahora.

En los ‘90 existía una brecha muy grande entre lo que los abogados privados hacían y lo que nosotros estábamos en condiciones de entender”, dijo a CIPER un funcionario que alcanzó puestos altos en el SII en esos años.

Varios ex funcionarios del SII dijeron a CIPER que en los ‘90 la elusión no emergió como prioridad, porque usualmente es una práctica de la elite y la cima de la pirámide social no era objeto de especial atención. La gran tarea de ese organismo en esos años fue la persecución de facturas falsas y del IVA del comercio. Aunque desde mediados de esa década las direcciones regionales vieron con desconcierto como muchas grandes empresas, evidentemente pujantes, no estaban tributando gracias a la aparición de sorpresivas pérdidas.
-En los ‘90 existía una brecha muy grande entre lo que los abogados privados diseñaban y lo que nosotros estábamos en condiciones de entender -dijo a CIPER un funcionario que alcanzó puestos altos en el SII en esos años.
Para este y otros ex fiscalizadores del SII ese es el motivo por el que ninguna de las sociedades de la hora cero, ni de las decenas que siguieron su ejemplo, fueron investigadas por Impuestos Internos en los ‘90.
La brecha comenzó a cerrarse bajo el mando de Javier Etcheberry, cuando en el año 2000 el SII creó la Dirección de Grandes Contribuyentes. Al analizar en detalle las operaciones tributarias de los más ricos, los fiscalizadores empezaron a entender muchas operaciones que se habían vuelto frecuentes entre las empresas, varias de ellas en la zona gris de la elusión.

La brecha que existía entre el SII y los tributaristas privados comenzó a cerrarse con Javier Etcheberry, quien creó la Dirección de Grandes Contribuyentes. Al analizar las operaciones de los más ricos en detalle, el SII comenzó a entender y cuestionar muchas operaciones que se habían vuelto frecuentes entre las empresas.

Pero si la elusión es la causa de la plaga zombi y de otras prácticas tributarias que vulneran el espíritu de la ley, ¿cuál es la cura?
Desde ‘2001, con la Ley Antievasión, la autoridad intentó constantemente ponerle freno a prácticas elusivas, con más precisiones. Por ejemplo, en ‘2001 puso más requisitos al uso de las pérdidas, pero eso no funcionó, porque, paradójicamente, mientras más precisa es la ley, más fácil es la elusión (y ese es uno de los motivos por los que los tributaristas siempre piden que las leyes sean muy precisas).
El más reciente intento de ponerle freno a este problema es la Cláusula General Anti Elusión, que apunta a la esencia: la ley no es una plasticina, tiene un sentido que debe ser respetado. El SII espera que las declaraciones de la empresa den cuenta de la verdad de las operaciones (ver entrevista con Francisco Saffie, unos de los creadores de la cláusula).
Que la ley explicite que se declare “la verdad”, tiene desesperados a muchos tributaristas que han prosperado en las últimas dos décadas y han criticado duramente esta cláusula por “imprecisa”.
Los abogados Fernando Barros, Alfredo Alcaíno (que también promovió las zombis entres sus clientes), Roberto Guerrero (hijo y socio de Roberto Guerrero del Río, que ayudó a Javier Vial a montar la venta de sus zombis), se agruparon recientemente en un observatorio judicial que se estrenó en sociedad en la revista Capital, en el reportaje “Vigilantes”. ¿A quién vigilan?: a los jueces “cuyas sentencias no parecen inspirados por la ley positiva sino que en el parecer ideológico y social del sentenciador, lo que es inaceptable en un Estado democrático”, dijo Fernando Barros a Capital.
Inspirados en Hernán Büchi, quien hace más de un año anunció que se iba de Chile debido a la incerteza jurídica (pero que sigue integrando el directorio de Soqumich), una de las preocupaciones importantes de los “vigilantes” es combatir la norma anti elusión. En el mismo artículo, Gerardo Varela (socio del estudio Cariola Diez Pérez Cotapos y presidente de Soprole), otro de los abogados del grupo de “vigilantes”, calificó así esa norma: “No se entiende nada, es una profecía de Nostradamus”.
Ante las revelaciones del reportaje anterior “Cómo empresas de Luksic y Juan Cúneo usaron zombis para no pagar impuestos”, Andrónico Luksic reaccionó, a través de Twitter, argumentando que era una historia añeja. Lo cierto es que los efectos del ataque zombi, siguen muy vigentes. No solo porque empresas como Soquimich pelearon en los tribunales el uso de esta estrategia hasta hace solo un par de años. El problema de fondo no es solo el mal uso de las pérdidas, sino la lógica que permite esta y otras prácticas que se sitúan en la frontera de lo legal.
La disputa entre los que quieren mantener y los que quieren acabar con la norma anti elusión está recién comenzando.
(En el siguiente y último capítulo se abordará cómo el SII enfrentó el ataque zombi y la responsabilidad de ese organismo en la expansión de esta práctica).