Declaración acerca de las modificaciones a la Ley de Pesca y Acuicultura

DECLARACIÓN PÚBLICA

Frente a la reciente aprobación de las modificaciones a la Ley de Pesca y Acuicultura (LGPA), por parte de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, Fundación Terram declara:

– Mientras la banca continué diciendo que será necesario implementar un sistema paralelo de vigilancia sanitaria y auditoria del comportamiento de la industria salmonera, el Gobierno y el Parlamento han perdido la oportunidad de legislar y las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura que se tramitan en el Parlamento no ha cumplido su propósito, ya que no atiende los problemas sanitarios y ambientales que han llevado a esta industria a la actual crisis que vive.

– Si bien es necesario esperar el informe que entregue la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, todo indica que los cambios introducidos a la Ley General de Pesca y Acuicultura en el Senado, NO son suficientes para garantizar mejoras sustanciales en las condiciones sanitarias y ambientales en las que operará en el futuro la industria salmonera.

– Mientras no exista una mirada ecosistémica que considere a todas las actividades que se desarrollan en el área  y una línea de base ambiental sumado a una evaluación ambiental rigurosa que regule cada agrupación de concesiones, que sea fiscalizada tanto por los servicios públicos sectoriales y ambientales, resulta difícil creer que el sistema que se pretende implementar funcionará con un menor impacto ambiental.

– En el ámbito de la las patentes y plazo de las concesiones, el Gobierno y el Parlamento han optado una vez más por más de lo mismo. Si bien, se fijó un plazo de caducidad de 25 años para las nuevas concesiones, las antiguas siguen teniendo la cualidad de indefinidas, salvo aquellas empresas que opten por definir el periodo de duración de su concesión, para poder tener al Estado como aval de créditos CORFO. Al alero de estos hechos, Fundación Terram estima que fijar 25 años de duración para las nuevas concesiones acuícolas, es un error. La industria creció exponencialmente y luego colapso en 25 años. El Gobierno y el Parlamento desperdiciaron la oportunidad de fijar plazos menores, de separar las concesiones y de establecer un sistema regulatorio del cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria. Lo mismo ocurre con el sistema de patentes, donde los montos de las patentes aprobados por la Comisión de Pesca y Acuicultura, siguen representando una porción despreciable de los costos operativos.

– Una vez más Fundación Terram reitera tanto a los parlamentarios, como al Gobierno, que en lo que resta de la tramitación parlamentaria de esta Ley, aún tienen la oportunidad de incorporar regulaciones que efectivamente den garantías ambientales y sanitarias para el resguardo de los ecosistemas del sur de Chile.

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Santiago 19 de agosto de 2009.