Ese domingo 20 de octubre, cuando el Presidente Sebastián Piñera declaró que “estamos en guerra”, las redes sociales tuvieron uno de los peaks de conversación desde que, 48 horas antes, había comenzado el estallido. Al día siguiente, más de cuatro millones de usuarios de Twitter, Facebook e Instagram comentaron sobre las movilizaciones con un mensaje de fuerte oposición a la presencia de militares en las calles. Tras la “marcha del millón” del 25 de octubre en Plaza Italia -hoy llamada Plaza de la Dignidad-, la actividad de las cuentas de redes sociales analizadas en Chile presentan un “notable descenso” y las principales narrativas en ese periodo fueron #PiñeraRenuncia, #EstoPasaEnChile, #QueSeVayanLosMilicos y #ChileViolatesHumanRights.

Toda esta información es parte de un análisis de la situación social en Chile que elaboró el gobierno. Se trata del mismo documento que el jueves pasado La Moneda entregó al Ministerio Público, en medio de una reactivada disputa con la fiscalía. Esta serie de actividades en las redes es parte de las supuestas pruebas que el gobierno considera para establecer la “influencia de extranjeros” en la agitación social. El documento destaca -entre otros- que el 31% de los autores de estos mensajes está localizado fuera de Chile.

“Se entregó información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnologías de big data, con tecnologías de la información”, afirmó ese día el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, luego de reunirse -pocos minutos antes- a solas con el fiscal nacional, Jorge Abbott, una vez terminó el Consejo Nacional de Seguridad Pública Interior. A esas alturas, en La Moneda se vivían momentos de tensión debido a que la máxima autoridad del Ministerio Público no titubeó en desmentir y calificar de “falsos” los dichos de la vocera del gobierno, Karla Rubilar, retrucando que el Ejecutivo no había hecho entrega de información de inteligencia que hablara sobre la participación de grupos organizados tras los ataques en el Metro y que, tampoco, en las investigaciones que se tramitan en el país ha aparecido evidencia de organizaciones a esa escala. Tampoco extranjeros.

La cita fue a puertas cerradas. Una vez concluida, el propio fiscal nacional bajó el tono de la polémica y detalló que había recibido de manos del Blumel “información de fuentes abiertas” y se apuró en aclarar: “No información de inteligencia”. Esto último, porque para que el Ministerio Público pueda ocupar en sus causas penales esos antecedentes, estos deben ser liberados bajo los mecanismos de la ley de inteligencia.

Un día después de la reunión en La Moneda, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gustavo Jordán, acudió hasta el despacho de Abbott para concretar la promesa de Blumel, quien le había señalado que le entregarían esa información “a la brevedad”. En no más de 15 minutos, el reciente nombrado jefe de la inteligencia gubernamental, dejó un informe, pero sin realizar el acto de liberación que exige la ley para que esos datos puedan ser incorporados a las causas penales en tramitación. Abbott podía leerla, pero tiene prohibido siquiera referirse a esa información.

Pocos días después del estallido, en el gobierno comenzó a rondar la idea de grupos organizados e influencia de dirigentes de gobiernos extranjeros en la crisis social chilena. De hecho, el propio Mandatario ha aludido a ello en entrevistas. Se comenta que dichas hipótesis han sido alzadas por el ministro de Defensa, Alberto Espina, quien hace un mes, y mediante un llamado telefónico a Abbott, le aseguró que entregarían información de inteligencia al respecto. Otros lo justifican en un informe de inteligencia de la PDI. Con todo, ninguna de estas informaciones, que vienen contenidas en un informe de la ANI, podría ser utilizada por el Ministerio Público, ya que está protegida por ley.

Métricas e influencias

El documento entregado por el gobierno a la fiscalía el jueves contiene un análisis big data al comportamiento de casi cinco millones de autores únicos que han generado 60 millones de comentarios -entre el 18 de octubre, el día en que el gobierno invocó la Ley de Seguridad del Estado, y el 21 de noviembre- en referencia a la crisis social y política que hoy cumple 64 días. El texto establece que el 19,3% de los comentarios indagados por el gobierno está localizado fuera de Chile, lo que bajó -dicen- luego de “la marcha del millón”. Se identifican cinco grupos o comunidades de opinión e influencia, dos de ellas formadas por autores internacionales. Se distinguen quienes están a favor de las movilizaciones y que critican al gobierno. En ellos se destacan el canal de televisión ruso “Actualidad RT” y la venezolana TeleSur, quienes comienzan a impactar en las conversaciones de redes sociales desde el 19 de octubre en adelante. A estos se suman -según este análisis- figuras del kirchnerismo y peronismo que desde Argentina cuestionan el modelo económico chileno por generar desigualdad. Entre las personalidades mencionan al cantante español Ismael Serrano y el actor argentino-español Juan Diego Botto. Les atribuyen compartir, además, videos sobre la violencia de Carabineros y el Ejército acompañados de datos de heridos y muertos. Entre las fotografías adjuntas aparece una imagen de un video del artista Residente y textos en inglés bajo el hashtag #ChileViolatesHumanRights.

Un segundo grupo de estudio fueron las cuentas internacionales que no apoyan las movilizaciones. Aunque se hace la salvedad de que estas no logran la magnitud y el alcance de las que son críticas con el gobierno de Sebastián Piñera. Ahí se detectan usuarios de Venezuela, Argentina, México y España. Son autores que cuestionan a los partidos de izquierda chilena por no condenar la violencia, apoyan el actuar y medidas impulsadas por el Presidente Piñera y apuntan a datos que demuestran que la desigualdad en Chile ha disminuido en los últimos 20 años. Son cuentas que aluden a la supuesta “injerencia en disturbios” de integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, además de “personas con credenciales diplomáticas”. Entre los autores de este grupo -destaca el análisis entregado a la fiscalía- están los periodistas Jorge Lanata (Argentina) y Madelyn Palmar (Venezuela), la exdiputada venezolana María Corina Machado y la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich.

Un tercer grupo de la big data del gobierno son los jóvenes. Es el grupo más elevado, según el análisis, y que anima la movilización, provocando más de cuatro millones de retuits entre el 18 y el 25 de octubre. Antes del estallido registraban bajas referencias a asuntos políticos y sociales. “Son aficionados al K-Pop”, es una de las características que destaca el documento y tienen pocos seguidores (menos de cinco mil). En su narrativa analizada, está el darles a estas movilizaciones un carácter histórico y enfocan sus cuestionamientos al gobierno en la cifra de muertos, violaciones a los derechos humanos, protestan contra los medios por su “silencio” y por el bloqueo de sus cuentas. Están “altamente influenciados” -dice el documento- por medios digitales y webside como “Piensa Prensa” y ChileOkulto”. Este grupo es quien -según el estudio- “ridiculiza” y trata con tono irónico el que detrás de este estallido social esté Nicolás Maduro. En este grupo se destaca como los más influyentes a la cantante chilena Mon Laferte y a la joven comediante Paola Molina.

También se describe un cuarto grupo que tiene un alto impacto por su cantidad de seguidores y mencionan la desigualdades como el motor de las movilizaciones. Los principales articuladores, según esta investigación, del discurso contra Piñera. Cuentan con seis millones de comentarios y 83,2% de retuits. Dentro de estas personalidades, comentan quienes conocen el estudio, están los seleccionados nacionales Claudio Bravo y Gary Medel, políticos del Partido Comunista y el Frente Amplio (Pamela Jiles, Camila Vallejo, Karol Cariola y Beatriz Sánchez) e incluye cuentas de tuiter de periodistas de radio y televisión con alta influencia en redes sociales. También destaca la presencia de un “activista”: la cuenta “Vagabundo Ilustrado”.