Informe de Chile ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Declaración Pública

En Ginebra entre los días 4 al 15 de mayo de este año, Chile presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el Informe Nacional, cuyos contenidos fueron elaborados según enuncian en el aspecto metodológico con la participación de la sociedad civil, académicos y un foro virtual en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Nos causa extrañeza que a lo menos  a esta organización en particular no se le haya preguntado su opinión en aspectos tan relevantes como la anulación de los efectos del decreto ley de amnistía, la creación de una institucionalidad en DDHH, la ratificación de Convenciones y Tratados Internacionales, los sistemas reparatorios y tantos otros que nos afectan como país y como familiares.

La opción del Ejecutivo, está clara, un Informe falaz, cuyas verdades a medias esconden la real falta de voluntad política para resolver demandas de las víctimas que se arrastran por años.

El primer Gobierno de la Concertación, instaló un paradigma que ha permanecido en el tiempo “Justicia en la medida de lo posible” y lo posible ha sido muy poco, lo prueban las sentencias judiciales que aplican prescripciones y medias prescripciones, lo que significa que los violadores de los derechos humanos son beneficiados sin pagar con cárcel delitos de lesa humanidad.

Otra verdad a medias, son las cifras en dólares que dice el Estado chileno haber gastado en reparaciones a las víctimas, obviando referirse al rol del Consejo de Defensa del Estado que sistemáticamente ha negado el acceso a las víctimas y sus familiares a una justa indemnización.

Siguiendo en esta lógica de las verdades a medias, nada dice el Estado chileno de sus insuficientes estrategias para cumplir con el mandato emanado por la Corte Interamericana de Justicia en lo relativo a la ilegalidad del decreto ley de amnistía 2.191 tal como le fue ordenado en la sentencia del caso Almonacid.

Argumentar que carece de mayorías parlamentarias para la aprobación de determinados proyectos, no tiene un correlato con los esfuerzos desplegados para otros proyectos que demandan mayorías, frente a los cuales el lobby, los acuerdos, las transacciones logran sacarlos adelante.

Cuando un gobierno hace aprobar una  ley de SECRETO y moratoria de nombres de perpetradores por 50 años, estamos hablando de un estado que se hace cómplice, cuando  se concensúan leyes con quienes apoyaron ideológicamente a la dictadura, estamos hablando de un estado cómplice, cuando no hay voluntad política para adoptar mecanismos tendientes a un efectivo NUNCA MÁS, estamos hablando de un estado cómplice.

Las verdades a medias de este Informe no solo tergiversan la realidad en que vivimos los familiares de las víctimas de la dictadura, se hacen también extensivas a la realidad del pueblo mapuche, de las mujeres, de las minorías sexuales, de los trabajadores, de los adultos mayores, en definitiva de todos los que habitamos el territorio nacional, desprotegidos en salud, en vivienda, en educación.

Por tanto, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos no comparte ni en la forma ni el fondo un Informe maquillado, antojadizo y por sobre todo, mentiroso, que pretende mostrar a la comunidad internacional un Chile que no existe.

Santiago 07 de mayo del 2009.

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
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