Hasta la última gota: La expansión de paltos seca dos comunidades más en Chile

*Esta es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y El Desconcierto.

No hay agua. Esas tres palabras son una sentencia, categórica y crítica, que resume bien la situación en Petorca. Una comuna ubicada a 220 kilómetros al norte de Santiago, capital de Chile, en la región de Valparaíso, donde el intendente solicitó hace unos días fuera declarada la emergencia agrícola por la falta del recurso.

La responsabilidad por la precaria situación hídrica, que tiene a los más de 9.000 habitantes de la comuna recibiendo agua mediante camiones cisterna, apunta al sector agrícola, puntualmente a las empresas productoras de paltos (aguacates). Un negocio que se expandió incluso cuando la escasez de agua era evidente y se sabía que esos cultivos le arrancaban hasta la última gota que quedaba al suelo.

Pero los habitantes de Petorca fueron las primeras víctimas de un problema que sigue vigente y que se ha expandido como un virus a dos comunas más: Salamanca en la región de Coquimbo, zona centro norte del país; y Las Cabras en la región de O’Higgins, en el centro sur de Chile. Dos localidades cuyos habitantes han sido testigos de la expansión de los cultivos de palta, incluso después de que las cuencas de los ríos fueran declaradas agotadas o “restringidas” por la disminución de sus caudales.

“La minera y los palteros nos han complicado bastante. Ellos podrían hacer hartas cosas para apoyar, compensar el tema del daño que le hacen a la agricultura, a la gente y todo. Pero no, no hacen eso”, cuenta Valentín Báez, un pequeño agricultor de Salamanca que clama por “un reparto justo del agua”.

Mientras tanto los pobladores de Salamanca y Las Cabras se hacen las mismas preguntas: ¿Por qué siguen creciendo las plantaciones de palta si no hay agua suficiente? ¿Por qué se ha permitido que estos cultivos se instalen incluso en las laderas de los cerros, en zonas de evidente escasez hídrica?

Las historias de Salamanca y Las Cabras retratan muy bien las consecuencias detrás de una expansión agrícola que no ha considerado una distribución equitativa del agua que alcance para los sembríos de palta, pero también para las cosechas de los pequeños agricultores, para el correcto funcionamiento de los ecosistemas, para cocinar, para lavar e incluso para beber.

 Salamanca

Hace nueve años que el tema de conversación de la mayoría de los habitantes de Salamanca, localidad situada a 301 kilómetros al noreste de Santiago, gira en torno al agua. El período de tiempo lo recuerdan muy bien porque fue en el 2010 que el valle del Choapa (nombrado así por el río homónimo que lo cruza) se convirtió en una “mina de oro verde”, como suelen llamar a las vastas extensiones de paltas en la zona. Estos cultivos empezaron de inmediato a consumir grandes cantidades de agua y la minera de cobre Los Pelambres solo sumó su demanda a este problema.

El primer gran cultivo de palta se instaló en el 2007, al alero del Grupo Penta: un holding empresarial con inversiones tan diversas como los seguros, las previsiones, el sector inmobiliario, educacional, agrícola y, según se reveló en los últimos años, también el financiamiento ilegal de campañas de políticos chilenos.

La empresa agrícola del Grupo Penta se llama Mercedario y aunque actualmente existen otras firmas palteras, es la más grande y representativa en la zona. En el año en que se instalaron, ninguna empresa, incluida Mercedario, podía obtener derechos de aprovechamiento sobre los 17.850 litros por segundo de agua del río Choapa.

En 1981, el gobierno dictatorial de Augusto Pinochet modificó el Código de Aguas, separando la tierra del agua como dos bienes distintos y “entregó al Estado la facultad de conceder derechos de aprovechamiento de aguas a privados de forma gratuita y a perpetuidad”, según explicó Rodrigo Mundaca, agrónomo y presidente del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA).

Pero un informe de 2004, elaborado por técnicos de la Dirección General de Aguas (DGA) —organismo del Estado a cargo de la administración del recurso hídrico—, declaró agotada la cuenca del río Choapa y de sus afluentes, por lo que era imposible que la DGA pudiera ceder grandes derechos de uso de este recurso.

Uno de los hombres que participó en la elaboración del informe de la DGA fue Luis Lohse, quien además es presidente, desde el 2002, de la Junta de Vigilancia del río Choapa, agrupación que tiene como objetivo velar por el correcto uso de las aguas del valle. En un café en la esquina de la plaza principal de Salamanca, Lohse rememora el proceso y sobre todo el pedido de acceso al agua de la empresa Mercedario.

“En 2004, Mercedario, que es la más grande plantación agrícola de aquí, pidió 1.240 litros por segundos aproximados en 28 cursos de agua. Nosotros nos opusimos y desde entonces hasta hoy en día no hemos otorgado ni autorizado ningún derecho de agua. Me acuerdo que conversé con un administrador de Mercedario y le dije que pidieran 100, 120 litros, pero no 1.240”, explica Lohse.

Ante la negativa de la  DGA y de la Junta de Vigilancia del río Choapa, los grandes agricultores buscaron otra salida: comprar los derechos de agua a aquellos campesinos que, en la década del ochenta, recibieron permisos de uso de acuerdo a las hectáreas correspondientes a sus propiedades.

Un funcionario que lleva 20 años trabajando en la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) de Coquimbo, perteneciente al Ministerio de Obras Públicas (MOP), cuya función es supervisar los trabajos relacionados al manejo y conducción del agua y que pidió mantener su nombre bajo reserva, explica así lo que ocurrió:

“Cuando se separó la tierra del agua como bien raíz, la minera y las grandes agrícolas empezaron a comprar el agua. Ya sin agua, o sin acciones de agua, la tierra [de los pequeños y medianos agricultores] se devaluaba. Eran los hijos o los herederos de los primeros dueños de la tierra y el agua los que habían empezado a vender estos bienes raíces por separado”, explicó.

Pero no todas las tierras se vendieron en ese momento; fue más bien un proceso paulatino que corrió paralelo al incremento del precio del agua.

Entre 2005 y 2006 el precio del litro de agua por segundo se vendía a 400 mil pesos (US$778); en 2010 costaba entre tres y cuatro millones de pesos (US$5.800 – US$7.735); hoy los precios van entre los siete millones (US$9.998) y los 12 millones de pesos (US$17.139).

El funcionario de la DGA precisa que esos son los precios que pagan hoy “la minera y los agricultores grandes”.

Mongabay Latam y El Desconcierto contactaron a Arturo Miquel, gerente general de Mercedario, para pedirle su versión sobre este problema, Pero Miquel señaló que por política de la empresa no emiten declaración alguna sobre este o algún otro tema.

La consecuencia inmediata de esta batalla por el agua es la reducción de los pequeños agricultores. Las grandes empresas fueron concentrando poco a poco el negocio agrícola, haciéndose de las acciones vinculadas al agua y dejando hectáreas sin derecho al recurso hídrico y, por consecuencia, imposibilitadas de cualquier tipo de trabajo agrícola.

Valentín Báez se dedica a la agricultura y la ganadería desde que tiene siete años y es uno de los tantos pobladores de Salamanca afectados por la escasez de agua. Cuenta que solía sembrar porotos, trigo, ají, tabaco, pero que ahora solo cosecha una hectárea y media de parras y pasto para sus animales.

“Eso es lo que tengo. Ahora este año va a ser un año demasiado crítico. Este año que pasó fue complicado, fue crítico, porque había muy poca agua, pasto muy poco en las praderas, y también poca agua para regar el pastito. Así que el ganado demasiado flaco está, se está muriendo. Aquí se ha muerto yo creo que ya casi el 50 % del ganado en el valle”, narra Valentín.

Cuando le preguntamos sobre las causas de la falta de agua, menciona a la mina y las plantaciones de palta.

“Ahora quieren salvarse ellos nomás, y los demás, sobre todo el agricultor pequeño les da lo mismo nomás”, sostiene y reconoce también que parte del problema comenzó cuando algunos campesinos de la zona empezaron a vender sus derechos para el aprovechamiento del agua.

“Hay gente que vendió sus derechos de agua, vendió las parcelas y claro, le hizo daño a los demás compañeros, los demás vecinos y todo porque se apropió esa gente…ellos quieren sacarle provecho lo máximo que se pueda, y a cualquier costo. Ese es el tema”, explica Valentín Baez.

Lo cierto es que después de declarada agotada la cuenca del Choapa, la superficie de cultivos de palta aumentó. Según el catastro frutícola nacional realizado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, en 2005 la provincia del Choapa contaba con 602 hectáreas de paltos. Para el 2015 el número había aumentado a 1.904. Además, en toda la región, la superficie sembrada con paltos en 2005 era de 3.931 hectáreas y en 2011 se duplicó alcanzando las 6.290 hectáreas.

La ingeniera agrónoma, doctora en ciencias de la agricultura y académica de la Universidad Católica de Chile, Pilar Gil, explica que el agua que usa el palto “no es tanto más que el cultivo de cítricos o del nogal”, por lo que más allá de la especie producida, el problema, asegura Gil, es la excesiva cantidad de hectáreas sembradas. En la provincia del Choapa, 10 años después de haber sido declarada agotada su cuenca, la superficie total cultivada, incluyendo todas las especies, se incrementó en 1.300 hectáreas.

En paralelo, la disminución de las lluvias producto del cambio climático ha llevado a la zona a una situación de crisis hídrica permanente que, entre los años 2010 y 2015, mostró su peor cara con una sequía severa que llevó a la zona a ser declarada en situación de emergencia. Recientemente, en julio pasado, el Ministerio de Agricultura volvió a declarar a la región de Coquimbo en emergencia agrícola por las mismas razones.

La escasez del recurso obligó a la Junta de Vigilancia, además, a reducir los porcentajes de uso de agua entre quienes tienen derechos: “Ahora que hay escasez de agua, estamos trabajando al 25% del río”, explica el funcionario de la DOH, es decir, que “si tuviera derecho a 10 litros por segundo de agua, recibiría solo 2,5 litros por segundo”.

Milena Baez, ambientalista y pequeña agricultora, cuenta que tienen pequeñas tierras que pueden regar cada 10 días, con turnos establecidos por la noche. Sabe que la Junta de Vigilancia restringió el aprovechamiento del agua al 25% y “ese porcentaje no cubre la producción de predios sembrados, nos deja al mínimo”, confiesa.

Valentín Baez recuerda a sus 60 años que el valle del Choapa era extremadamente rico en agua y que el río alcanzaba para atender la demanda de todos los pequeños agricultores de la zona. Pero ese paraíso fue desapareciendo poco a poco con el avance de las plantaciones de palta y la venta de los derechos de agua.

“Ahora ha bajado harto, mucho. Entonces, ese es el problema que tenemos acá. He tenido que reducir mis plantaciones, mi ganado. Ahora, prácticamente me quedan unos poquitos animales. Y no solo yo: la demás gente también”, precisa.

El caso de Salamanca no es aislado. Más al sur, en la región de O’Higgins, la comuna de las Cabras también ha visto crecer las plantaciones de paltas mientras el agua es cada vez más escasa.

Las Cabras

Esta comuna, que se abastece de la cuenca del río Rapel, tradicionalmente ha contado con la disponibilidad de agua suficiente para abastecer tanto la demanda agrícola, como la de otras actividades económicas además del consumo humano. Durante los últimos años, sin embargo, el aumento en la demanda de agua ha disminuido la disponibilidad del recurso a tal punto que actualmente gran parte de la región se encuentra clasificada, según la DGA, como zona de restricción para la extracción de aguas subterráneas. Un ‘status’ adquirido “cuando existe el riesgo de grave disminución de un determinado acuífero con el consiguiente perjuicio de terceros”, indica la ley del Código de Aguas.

La situación actual en la región ha hecho que organizaciones científicas como la Agencia del Gobierno Federal para la Investigación Científica en Australia (CSIRO) adviertan que “si no se hace una gestión del recurso hídrico de manera anticipada, es probable que en el futuro cercano éste tienda a escasear, lo que conllevará a una escalada de conflictos sociales, al deterioro ambiental de los ecosistemas y a ineficiencias económicas significativas”.

Es en este contexto que, en noviembre de 2018, el lugar que tradicionalmente era ocupado por un frondoso bosque nativo, compuesto en algunos sectores por árboles de más de 100 años, según cuentan los lugareños, fue tumbado para plantar paltos.

El empresario agrícola a cargo de la operación es Nicolás del Río Silva, propietario de la Agrícola Tralcán SpA, miembro de la familia dueña de la conocida empresa de retail Falabella, en copropiedad con la familia Solari.

Preocupados no solo por la desaparición del bosque, sino por miles de litros de agua que requerirían esos paltos, en una zona declarada área de restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas, los vecinos buscaron a la diputada de la zona, Alejandra Sepúlveda, para tratar de frenar la tala.

Acompañados por ella llegaron hasta la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la institución pública encargada de administrar la política forestal chilena y las áreas naturales protegidas, para solicitar que revisen y fiscalicen lo que Nicolás del Río estaba haciendo. Desde la Corporación explicaron que ello implicaba una revisión del plan de uso de suelo, es decir, que hubiera un correcto traspaso de un uso forestal a uno agrícola.

Para este tipo de modificaciones legales, el dueño de los terrenos debe hacer una solicitud del cambio de uso de suelo en el Servicio de Impuestos Internos (SII), el servicio público que tiene a su cargo la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos de Chile. Desde la institución tributaria revisan si las condiciones son aptas para una modificación y, una vez que da el visto bueno al cambio de tributos, los documentos se presentan a la Conaf quien finalmente aprueba el plan de manejo para el nuevo uso del suelo. Ambos trámites, sin embargo, no son vinculantes, es decir, que la CONAF puede oponerse a la solicitud aunque el SII la apruebe.

Pero tras evaluar cómo había sido el procedimiento en el caso de la tala del bosque en Las Cabras, Erica Cornejo, secretaria de la junta de vecinos, pensó en buscar otra salida.

Comunitarios en el bosque destruido en Quilicura, comuna de Las Cabras. Foto: Pamela Olate.

“En la Conaf nos dijeron que lo único que [los vecinos] podíamos hacer era reclamar a nivel parlamentario porque una autorización por el cambio de uso de suelo, entregada por el SII, los autorizaba a ellos [como Conaf] a darle [a Nicolás del Río] el permiso para el plan de manejo”, precisa.

Según el abogado de la Agrícola Tralcán, Nicolás Muñoz, “los funcionarios de Conaf visitaron dos veces el terreno antes de aprobar el Plan de Manejo”, por lo que concluye que no se basaron en la decisión del SII, sino que “vieron el terreno y juzgaron, técnicamente, que se podía realizar el proyecto”.

Sin embargo, serias dudas existen respecto a la veracidad de los datos expuestos en el plan de manejo. La diputada Sepúlveda cuenta que en un momento la Conaf no quiso mostrarles dicho plan.

“Se excusaban con que se demoraban más de una hora en imprimirlo, hasta que finalmente tuvimos acceso a él, pero con prohibición de copiarlo. Lo vimos y la calidad era horrible, muy precario; además, no estaban caracterizadas las especies de árboles, ni la densidad, ni nada que correspondiera a la realidad. Era muy rudimentario. Decía [el plan] que eran espinos y uno que otro boldo, y es absolutamente al revés: eran puros boldos y espinos no se ven”, explica la diputada. Este árbol, endémico de Sudamérica, específicamente el centro de Chile, Argentina y las regiones sur andinas de Perú, es de muy lento crecimiento y tarda varias decenas de años para alcanzar un tamaño adulto.

La historia de Las Cabras hizo surgir preguntas ineludibles: ¿cuántas hectáreas habrá permitido deforestar la Conaf amparada en las autorizaciones de cambio de uso de suelo entregadas por el SII?, ¿cuántas zonas de cultivo se habrán creado de ese modo en lugares donde cada vez hay menos agua o donde el recurso derechamente ha sido declarado agotado?

Buscando la respuesta se conformó, en marzo de este año, en la Cámara de Diputados, la comisión investigadora de “actos de Conaf, SII y otros órganos, en relación con procedimientos de autorización de planes de manejo forestal en regiones en los últimos 10 años”.

Por el momento, la comisión investigadora solicitó a la Conaf información sobre los cambios de uso de suelo que pasaron por su gestión en los últimos 10 años en la zona centro y sur del país. Sin embargo, hasta ahora, la Corporación Nacional Forestal no ha entregado la totalidad de la información requerida, asegura la diputada Sepúlveda.

Consultada la Conaf sobre la situación en Las Cabras, hasta la publicación de este reportaje el organismo no dio respuesta alguna.

Diego Soto Rodríguez, ingeniero civil hidráulico, sanitario y ambiental de la Universidad de Chile, resume el problema señalando que “no existe ley de ordenamiento territorial que establezca cuánto plantar”, mientras que la ingeniera agrónoma Pilar Gil agrega que “se pide mucha más agua de la que las cuencas pueden otorgar”.

El déficit, detalla la agrónoma, es porque “el agua no solo se consume en agricultura: hay consumo doméstico, minero y de la gran industria”.  Sin embargo, Soto enfatiza que no se puede negar que  “de toda el agua que se consume en Chile, el 77% es para irrigación del agronegocio y el 5% es para consumo humano”.

El subdirector de la DGA, Juan José Crocco, asegura que se está trabajando con la Comisión Nacional de Riego para “mejorar los criterios que se aplican a la hora de aprobar o gestionar proyectos, ya que no queremos que haya una sobreexplotación de los recursos hídricos”. Además, adelanta que están dando forma a un plan de desarrollo para cuencas priorizadas, entre las que está el río Choapa, “para [que] se pueda conocer con certeza la disponibilidad y usos actuales del agua, establecer el balance hídrico y sus proyecciones a 10 años para desarrollar una gestión que asegure la sustentabilidad del recurso”.

Reformas que urgen si se quiere evitar replicar la crisis de Petorca donde, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), los responsables han sido no solo la persistente sequía y la sobreexplotación del recurso hídrico, sino también “la insuficiencia del marco regulatorio vigente y la ineficacia de las acciones adoptadas por las autoridades”.

*Fuente: ElDesconcierto