Venezuela: ¡A conversar, señores!

Martes, 25 de junio de 2019

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Bueno es que  polos opuestos en el debate político dialoguen,  malo es que uno de ellos no presente más propuesta que  eliminar al otro. Hacia el conflictivo 2001 el plan era  el Gobierno de Transición. Escribí un artículo, “Barajitas repetidas”, equiparándolo a los promotores de álbumes, que nos obligaban a comprar sobres cerrados esperando que nos saliera la  ilocalizable Ave del Paraíso para sólo obtener el mil veces repetido Gorila Salvaje. En el sobrecito cerrado opositor venían el dictador patronal  Carmona Estanga y el sabotaje petrolero. Nadie los hubiera comprado: con razón trataron de imponerlos con la violencia.

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Las fuerzas opositoras sólo coinciden en ocultar para qué quieren el poder. No sueltan prenda porque nadie les compraría  el paquete completo. Para muestra, basta un botón. En 2003, tras fallar en su intento de   derrocar al Presidente electo,  revelan un  proyecto que sus medios privados casi se abstienen de divulgar. Sólo  Últimas Noticias difunde que su primera meta es abiertamente inconstitucional:  privatizar  PDVSA. La complementan la privatización de la Educación y de la Seguridad Social, ambas garantizadas a todos por la Carta Magna (Últimas Noticias, 6-1-03, p.8). La oposición también ratificaría la eliminación de las prestaciones laborales perpetrada por Rafael Caldera. Si esconde su programa, es porque éste no sube cerro ni brinca barranco.

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En junio de 2003 una comisión de la Coordinadora Democrática presidida por Diego Bautista Urbaneja publica su “Plan consenso País”. Tampoco lo divulgan,  y con razón: se parece al  anterior como una gota de agua a otra.  Con enredado lenguaje amenazan  privatizar la Salud mediante “opciones individuales de capitalización de pensiones o de salud, para quienes estén en condiciones de optar por ellas de un modo que los beneficie”. Traducimos: negociado de Fondos Aseguradores de Pensiones. También la privatización de la Educación Superior está con el “acuerdo de los sectores académicos, gremiales y estatales para modificar la estructura gerencial  y financiera de las universidades”. Sobre los hidrocarburos, “Asumen que la industria petrolera y petroquímica requiere de un plan de negocios que abarque el crudo y sus derivados, gas, petroquímica, orimulsión y carbón”. Y proponen que “el financiamiento además del público provenga de la inversión privada. Pdvsa buscará diseñar su integración aguas bajo en áreas específicas y buscar mercados nuevos”. Además, sugieren “que en la política de producción no se  mantenga el dogma la ecuación volumen versus precio” (Asunción Reyes: “Coordinadora priorizará reconciliación en eventual gobierno transitorio”, El Nacional, 8-6-03, A-6). De nuevo traducimos: vender la industria petrolera al capital privado y sobreproducir para bajar los precios de los hidrocarburos.
Parecerían cláusulas redactadas por la Agencia de Energía de Estados Unidos. De ser aplicadas hoy, caeríamos de más de 70  dólares por barril a los históricos 8 dólares de Caldera y Giusti. Perderíamos nuestra condición, certificada por la ONU, de país menos desigual de América Latina, para hundirnos hasta los niveles de quienes amenazan con invadirnos: Colombia, Brasil, Panamá y Chile, respectivamente cuarto, quinto, sexto y séptimo países más desiguales del mundo.

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Programas por los que nadie votaría sólo pueden ser impuestos por la fuerza bruta del ejército nacional, y ya que éste tampoco quiere, por la fuerza brutal de invasores extranjeros. En 2001 se dio a conocer el °Plan Balboa° ejercicio militar  para dividir en tres bloques a Venezuela con ataques desde Panamá y Colombia. Los opositores se abstienen de condenarlo, así como al centenar largo de paramilitares acuartelados en la Finca Daktari para un intento de magnicidio. En 2007  Julio Borges y Leopoldo López proponen en la española Fundación de Análisis Económico y Social (FAES) la instalación de bases militares de la OTAN en América Latina.

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¿Qué esperan dirigentes opositores venezolanos de  potencias extranjeras? O más bien ¿que esperan  potencias extranjeras de dirigentes opositores venezolanos? Nunca sale gratis intervención militar foránea. Como en Irak, el control de nuestros recursos naturales quedaría en manos de transnacionales. Como en Yugoslavia, Checoslovaquia o   Libia, fragmentaría  nuestro país en bloques ocupados por tropas extranjeras que, como las de Estados Unidos en Colombia, pretenderían ser inmunes ante leyes y tribunales locales. Quien  dude, consulte las declaraciones de Donald Trump¬: “Todas las opciones siguen abiertas”.

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Soñar no cuesta nada, y fantasear el descuartizamiento y el pillaje de un país, todavía menos. Pero, quién le pone el cascabel al gato? ¿Qué ha impedido que estos planes inalterables hayan triunfado? Lo mismo que ha inducido a no expresarlos desfachatadamente: les falta pueblo. Sobre todo,  pueblo en armas. Desde el 11 de abril hasta la payasada de Altamira, todas las tentativas de convocar al ejército como alfombra de un autoritarismo de derecha han desembocado en un incómodo ridículo, síntoma de que los brujos neoliberales no conocen sus hierbas. ¿Qué papel le reserva a las FANB una ocupación militar extranjera? Su posible liquidación: en los tres países bajo mayor injerencia estadounidense (Puerto Rico, Costa Rica, Panamá) no existe ejército. Como premio de consolación, servirían de auxiliares en tareas sucias a fuerzas de ocupación de mercenarios y paramilitares: se aplicaría la doctrina formulada desde 1992 por el Fondo Monetario Internacional, de reducir drásticamente la talla de las Fuerzas Armadas, o la del Documento de Santa Fe II, de rebajarlas a policía antidroga. Se explica entonces por qué todas las promesas,  los sobornos y los engaños de la primera potencia armamentista del mundo no han logrado atraer más que 354 desertores, actualmente robados y abandonados en Cúcuta por los mismos que los indujeron a romper filas. Por las malas no se puede: a conversar, señores.

Ilustración: Andrea Britto

*Fuente: Luis Britto