¿Queremos Abolir la Pena de Muerte?

Hace unos días informaba el diario de la Cámara* que una de sus comisiones había finalmente aprobado los protocolos para abolir definitivamente la pena de muerte (la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos).  Con estos dos instrumentos internacionales se proseguirá la campaña para abolirla.

En Chile no se la ha abolido completamente. Por aberrante que parezca, las fuerzas armadas todavía pueden aplicarla. En el Código de Justicia Militar se encuentra toda una serie de faltas que pueden ser sancionadas con pena de muerte, particularmente en estado de guerra.

Salpicadas por el código se encuentran delitos que pueden ser sancionados de ese modo, desde el amotinamiento hasta la traición y espionaje, pasando por el secuestro con homicidio, rebelión, etc.

Naturalmente, sería una aberración sin sentido tolerar que las fuerzas armadas siguieran conservando estos privilegios. Los protocolos aprobados por la comisión impedirían la suspensión del derecho garantizado incluso en casos de situaciones excepcionales, como guerra o conmoción interna, aun si han sido proclamadas oficialmente.

Pero los delitos o faltas susceptibles de ser castigados con pena de muerte en el código militar no forman parte de estos protocolos. El Ejecutivo ha decidido formular una reserva para "delitos perpetrados en tiempo de guerra". En el protocolo mismo no se admite ninguna reserva, "con excepción de una que prevea la aplicación de la pena de muerte en tiempos de guerra".

El segundo protocolo es el de la Convención Americana de Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en 1990 y suscrito por el estado chileno en 2001. El protocolo prohíbe la aplicación de la pena de muerte dentro del territorio de los países signatarios, " incluidos aquellos casos excepcionales en que todavía está vigente y respecto de los cuales será necesario formular una reserva".

Pero ¿estamos los chilenos de acuerdo con que se derogue la pena de muerte? No recuerdo que la ciudadanía haya sido consultada. Y la aprobación de estos protocolos se produce en momentos en que muchos ciudadanos exigen su reposición. Se han cometido y cometen crímenes horrendos para los que es difícil imaginar otra pena que la muerte.

Pensemos en los militares y civiles que durante el gobierno militar secuestraron, torturaron, robaron, asesinaron e hicieron desaparecer a tantos ciudadanos inocentes. ¿Hay otra pena posible para ellos?

Esta es una pregunta en gran parte retórica, porque pese a la gravedad de esos delitos, los torcidos jueces de nuestros tribunales de justicia han optado por actuar de alcahuetas de esos criminales, encubriendo sus delitos y dictando penas que constituyen una verdadera burla de la ciudadanía.

Sin ir más lejos, ayer la Segunda Sala de la Corte Suprema rebajó la condena del criminal que asesinó al Padre Joan Alsina Hurtos, de cinco a tres años y un día, y goza ahora de libertad vigilada. Por un crimen tan horrendo e injustificado, esta rata ni siquiera ha pasado un día en la cárcel (en La Nación) ¿Se llama justicia a esto? Sin embargo, pocos pueden imaginar para este criminal, y otros similares, otra pena que la muerte.

También ayer, las hienas que asesinaron al periodista Jaime Aldoney fueron condenadas a apenas cuatro años de presidio, y gozan igualmente de libertad vigilada (en La Nación).

Estos peligrosos criminales se pasean hoy libremente por las calles del país. No sería extraño que fuesen estos mismos los que conspiran para asesinar a la jueza Eliana Quezada, que investiga el homicidio del Padre Woodward, y a la que han llamado amenazándola de muerte (en La Nación).

Pero no son solamente los jueces quienes protegen a esos criminales.
El propio presidente Lagos era (es) partidario de cerrar ese capítulo de nuestra historia, echando a la calle o permitiendo que sigan en la calle los salvajes y sádicos criminales que, bajo apariencia humana y protegidos por el uniforme militar, actuaron con tanto injustificado odio contra sus propios compatriotas. Lagos llegó incluso a otorgar indulto a la hiena que degolló al padre del diputado Tucapel Jiménez.

Un acto aberrante el cometido por el Mandarín, que la ciudadanía rechazó rotundamente en su momento.

Pero ciertamente la ciudadanía viene pidiendo la reposición de la pena de muerte para otros delitos cuya comisión en el pasado sí implicaba ese castigo definitivo. Los asesinatos cometidos por motivos económicos (los delincuentes que asesinan a sus víctimas, por ejemplo), los que violan y matan a niños, los homicidios con premeditación y alevosía, para nombrar algunos crímenes aberrantes.

Hoy, los delincuentes asesinan impunemente a quien se les ponga por delante. Y existe la percepción en la ciudadanía de que en realidad los jueces, tal como ocurre en el caso de los militares culpables de violaciones a los derechos humanos, encubren y protegen a los criminales.

En los últimos casos se han presenciado numerosos casos de asesinos dejados inopinadamente en libertad y otros que han recibido penas ridículas, provocando la intervención de las autoridades judiciales.

De hecho, los jueces interpretan muy a su manera incluso la pena de presidio perpetuo. En realidad la reclusión perpetua es más bien una figura retórica, porque significa comúnmente cuarenta años de presidio, los que con buena conducta se reducen a veinte y a veces hasta menos. Esto igualmente es simplemente burlarse de la ciudadanía.

A veces en un tribunal se cruzan ladrones de gallinas condenados a cinco o más años en camino a la cárcel, con salvajes criminales condenados a tres y en camino a la libertad, como acaba de ocurrir en estos días.

Estas situaciones son completamente inaceptables y dañan gravemente la convivencia y estabilidad social del país. La ciudadanía se siente abandonada y burlada.

¿Por qué aplican los jueces criterios tan blandos en casos de militares culpables de los terribles crímenes que conocemos? ¿Tienen una suerte de pacto con ellos, a espaldas de la ciudadanía? ¿Han sido amenazados y no se atreven a hablar? ¿O son en realidad cómplices?

¿Por qué aplican penas tan leves y beneficios carcelarios tan abundantes para notorios y peligrosos criminales?

Para empeorar las cosas, los políticos acaban de dictar una nueva ley que introduce el principio de la desigualdad ante la ley, amenazando con pena de presidio perpetuo a quienes maten a un fiscal ('No somos iguales ante la ley'). 

Nadie quiere jugar a Dios y decidir sobre la muerte de otros individuos que suponemos, algunos, tienen el mismo origen que nosotros (es decir, que son humanos y deben su vida finalmente a Dios). Al mismo tiempo, se debe imponer justicia y proteger a la sociedad.

Debemos combinar este imperativo de justicia con nuestros convicciones éticas y metafísicas más profundas.

En Italia existe todavía una ley que penaliza a algunos delincuentes con calabozo a pan y agua o una pena similar de tiempos remotos. Pero nadie la sufre. Los italianos mantuvieran esa pena, que es simplemente la cárcel de todos los días, por razones de orden simbólico, para señalar la gravedad con que se consideran esos delitos.

Yo creo que la pena de muerte debe ser repuesta, no para significar ejecución efectiva, sino para señalar la gravedad con que la sociedad considera algunos delitos de sangre y significando, de hecho, automáticamente, presidio perpetuo efectivo. Con esto lo que quiero decir, es que esas personas condenadas a muerte deben efectivamente salir de prisión con traje de palo. Estos condenados deberían igualmente ser privados de todo beneficio carcelario.

Felizmente, en los nuevos protocolos se establece justamente que al derogar la pena de muerte, se aplicará la pena de "presidio perpetuo real para aquellos delitos en los cuales se contemplaba la pena capital".

Suena bien. Ahora falta ver qué dirán los jueces.

[diario de la cámara]

[mérici]