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29 Abr 2026

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El caso de la RCTV venezolana

por Alejandro Teitelbaum (Argenpress)

19 años atrás 3 min lectura

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Los “defensores de la libertad de prensa” lloran lágrimas de cocodrilo porque el gobierno de Venezuela no le renueva la concesión de transmisión por señal abierta a la empresa de televisión RCTV, concesión que llega a su término el 27 de mayo.

El Estado venezolano, como todos los Estados del mundo, se reserva para si el uso y concesión del espectro radioeléctrico del país, de conformidad con las normas internacionales vigentes en el marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). No así la propiedad de las empresas de servicio televisivo, que pueden ser de carácter privado. Las plantas y los equipos de RCTV siguen siendo propiedad de sus dueños.

De modo que el Estado venezolano, al no renovar la concesión, sólo le impide a la televisora la transmisión por señal abierta, mas no ordena el cierre de la televisora como tal. RCTV no está impedida de proseguir con su transmisión por medios cerrados a nivel nacional (cable o satélite).

Lo cierto es que el Estado venezolano ha dado muestras de una extrema tolerancia con los dueños y dirigentes de dicha emisora y de otros medios privados de comunicación que deberían estar en la cárcel por incitación al derrocamiento del Gobierno nacional.

En la página 5 del diario francés “Le Monde” de fecha 16 de abril de 2002, comentando el golpe de Estado en Venezuela de abril 2002, se publicó el siguiente comentario: …’después de la victoria de Hugo Chávez en diciembre de 1998, el derrumbe de los partidos tradicionales condujo rápidamente a los medios de comunicación a ocupar el vacío y a encarnar una oposición cada vez más virulenta’.

Esos medios de comunicación privados incitaron abiertamente al golpe de Estado y se abstuvieron de informar cuando la situación comenzó a tornarse favorable al retorno de Chávez al Gobierno. El canal de TV Globovisión, el 13 de abril de 2002 a mediodía justificaba esta autocensura, según se informa en el mismo artículo del diario “Le Monde”, como ‘la decisión de no dar informaciones que podrían perturbar la armonía de la sociedad venezolana‘.

Es notorio el paralelo con una parte de la prensa chilena que contribuyó activamente al derrocamiento del Presidente Salvador Allende en 1973, particularmente el diario “El Mercurio”, generosamente subvencionado en ese entonces por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.

En el Informe Church del Senado norteamericano del año 1975: ‘Acción encubierta (de Estados Unidos) en Chile 1963-1973′, se dice lo siguiente:

‘Con mucho, el mayor -y probablemente el más significativo apoyo a una organización periodística- fue el dinero proporcionado a “El Mercurio”, el principal diario de Santiago sometido a la presión gubernamental durante el régimen de Allende. (….). En 1971, la estación (la CIA) estimó que “El Mercurio” no sobreviviría a la presión del gobierno de Allende, incluyendo la intervención en el mercado del papel de imprenta y el retiro de los avisos del gobierno. El Comité 40 autorizó setecientos mil dólares para “El Mercurio” el 9 de septiembre de 1971 y agregó otros 965 mil dólares a esa autorización el 11 de abril de 1972. Una evaluación hecha por la CIA concluyó que “El Mercurio” y otros medios apoyados por la Agencia habían desempeñado un importante papel en la configuración del escenario adecuado para el golpe militar del 11 de septiembre de 1973’.

(Covert action in Chile 1963 1973: Staff Report of the Select Committee to Study Governmental Operations with respect to Intelligence Activities, United States Senate, 18 de diciembre 1975 (Church Committee). Citado en: Jac Forton, L’impunité au Chili, Editions du CETIM, Genéve, 1993. Una parte del informe Church está también disponible en internet: http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/encubierta.html).
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