Movimientos sociales y cambio de subjetividad política en Chile

In memoriam de Norbert Lechner que hizo un significativo aporte al desarrollo de las ciencias sociales latinoamericanas

            En los últimos años, durante el gobierno de ultraderecha de Sebastián Piñera (2010-2013) se han producido significativos cambios en la sociedad civil y en las subjetividades políticas. De una parte, se ha superado el “peso de la noche”, la resignación de los chilenos frente a la modernización neoliberal[1]. Se ha vivido “una primavera de Chile”, una potente emergencia de los movimientos sociales estudiantiles, ecológicos y regionales, acompañados de una agudización del conflicto mapuche y del mayor nivel de huelgas  del período postautoritario. Desde el 2011 ha habido cientos de manifestaciones estudiantiles con largas tomas de universidades y escuelas; movilizaciones y paralización de ciudades de regiones en rechazo del centralismo; grandes manifestaciones en defensa del ambiente; y cientos de acciones de los mapuches en recuperación y defensa de su territorio contra las grandes empresas madereras, acompañado de muchas huelgas en todos los sectores.

En respuesta al inmovilismo de la clase política y su incapacidad para responder a las demandas ciudadanas se ha profundizado la crisis de representación política que venía a lo menos desde fines de los noventa. Esta forma parte de una crisis generalizada del orden social  en sus distintos aspectos podría denominarse una “crisis de legitimidad del sistema institucional público y privado”[2]. En este artículo de carácter preliminar se analizan brevemente tres formas de subjetividad: la de los sectores conservadores frente al movimiento social, la de los voceros y dirigentes del movimiento estudiantil, y los cambios de la subjetividad social y política de los ciudadanos. Una conclusión provisional de este examen es que se ha producido una crisis de la institucionalidad diseñada por la dictadura y profundizada durante el período postautoritario. Se ha potenciado la profunda disonancia entre las elites de poder y la nación, mucho mayor a la que se producía entre la Italia del Norte y del Sur, descrita por Gramsci. Se podrían imaginar varios escenarios para los próximos años, pero la situación se definirá por las posturas que vayan asumiendo los distintos  sectores sociales y políticos, y el modo en que se desarrollen los conflictos.

La subjetividad política conservadora

“Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio”.

Eduardo Matte Pérez, Diario El Pueblo, 19 de marzo de 1892

            Las interpretaciones sobre los actuales movimientos sociales ha sido muy diversas. Las de los sectores conservadores se han manifestado en discursos diferentes que poseen un mismo sentido, que expresan una subjetividad muy estructurada cuyos principios ideológicos provienen del siglo XIX, de la República Oligárquica.

Al comienzo, el gobierno y sus partidarios acusaron a la oposición, especialmente al Partido Comunista de “organizar” las manifestaciones “contra el Presidente Piñera”. Pero, muy pronto constataron que la Concertación carecía de representantes en las dirigencias estudiantiles y sociales, y que los dirigentes comunistas eran minoría y su influencia limitada. Asimismo, no hubo tampoco un apoyo explícito de los partidos de la Concertación a los movimientos sociales y la presencia de sus políticos era rechazada en las manifestaciones. Sus dirigentes y “voceros” cuestionaban las políticas, especialmente la educativa, ambiental y regional de los gobiernos concertacionistas, y criticaban a toda la clase política. Entonces, debieron buscar otras “explicaciones”. El gobierno rechazó completamente la principal demanda del movimiento estudiantil: educación pública, gratuita y de calidad, pues esto implicaba terminar con el fracasado sistema de la municipalización y fortalecer la educación pública en todos sus niveles. Ha intentado convencer a la opinión pública que «el problema estudiantil» es un tema económico de los estudiantes como clientes y, consiguientemente, formuló y puso en prácticas algunas medidas económicas. Las dos principales fueron la de aumentar el presupuesto de educación, destinando la mayor parte de dicho aumento a subsidiar dos tercios de la alta tasa de interés de los créditos a los estudiantes universitarios de los bancos privados, y aumentando las becas. Paralelamente, se usó la policía militarizada para controlar y reprimir las manifestaciones, detener e incluso se llegó a torturar estudiantes. A la vez, realizó una intensiva campaña en los medios comunicativos, especialmente la televisión y la prensa, para desprestigiar el movimiento estudiantil y sus demandas. A nivel discursivo y en las imágenes se intentó identificar dichas movimientos y manifestaciones con los “encapuchados”, con el desorden y la destrucción[3]. Paralelamente Piñera, sus ministros e intelectuales, enunciaron discursos que buscaban naturalizarlos, minimizarlos y descalificarlos.

Uno de  los columnistas del principal diario conservador El Mercurio, Eugenio Tironi, escribió que se trata de un “virus” que proviene del aumento del ingreso per cápita sobre los 15.000 dólares. “Las simetrías entre lo que está pasando en Chile con lo que sucedió en los Estados Unidos y Francia de los sesenta son sorprendentes. La primera y más obvia es lo que podríamos denominar el “virus 15M”: es que germina cuando un país supera el umbral de los 15 mil dólares per cápita, y los “valores posmateriales” empiezan a ser tan valorizados como los materiales. La generación que sale hoy a las calles de Chile no vivió la guerra de sus padres contra la escasez y el autoritarismo” (Tironi, 2011).

El ex ministro de educación Joaquín Lavín “calificaba el movimiento por la educación como una “tormenta perfecta” con ello aludió a la confluencia de actores (secundarios, universitarios, profesores y rectores) que, aún con diversas demandas, confluían en formar un frente común y se potenciaban entre sí” (Marco, 2011). El actual Ministro de Hacienda Felipe  Larraín acusó a los estudiantes de ”intransigentes”[4], y escribió que el movimiento estudiantil era una “turbulencia” que afectaba a la sociedad chilena que como un avión iba hacia el desarrollo. Piñera  interpretó como “una sensación térmica”  el pronunciado descenso de su popularidad, en gran medida, como consecuencia de la actitud del gobierno frente al movimiento estudiantil. Todas estas interpretaciones tratan de convertir, simbólicamente, los movimientos sociales en fenómenos de carácter efímero, médicos, climáticos,  producto de fuerzas ciegas de la naturaleza, carentes de significado, intentando desconocerlos como acciones sociales, intencionales que tiene un por qué y un para que (Stonier y Bode  1964)[5].

Esta “construcción de realidad” naturalista es de origen colonial. Los españoles llamaban “naturales” a los pueblos vernáculos, los consideraban parte de la fauna americana[6]. El filósofo conservador Osvaldo Lira sostiene que en la Conquista los españoles  aportaron «la forma», el principio activo espiritual según la filosofía tomista, y los nativos solo la materia pasiva. El historiador conservador Alberto Edwars afirma que “la soberanía popular es la dictadura del proletariado”. El ensayista Benjamín Subercaseaux creía que la tragedia de Chile es que una minoría blanca racional gobierna una mayoría asiática, compuesta por seres que son básicamente cuerpos.  Los grandes empresarios chilenos escriben que la mayoría del país son solo “capital humano”, por tanto cosas a disposición de la elite de poder. Por su parte, los concertacionistas diferencian entre la elite, formada por «la clase política» y los empresarios y la mayoría que es solo “la gente”. El actual Ministro del Interior dijo “los estudiantes no son dueños de Chile”. Carlos Larraín, presidente de uno de los partidos conservadores de gobierno, se refirió a los partidarios de una nueva constitución como “las hordas», de acuerdo a la ideología conservadora de la “rebelión de las masas”. Asimismo, repitió una frase usada por  la derecha española diciendo que «la calle no nos va a gobernar. Nosotros queremos registrar lo que dice la calle, pero nosotros queremos dirigir la opinión pública que es mucho más que la calle, afortunadamente» (Larraín C. 2013). Por su parte, Jorge Awad, Presidente de la Asociación de Bancos, dijo, con inocultable desprecio: “la calle no puede mandar”.

Otra de los procedimientos discursivos, característico del pensamiento conservador, es la identificación de los movimientos sociales con minorías disolventes, enemigos del orden y de la sociedad. Piñera se refirió varias veces a “las minorías que quieren destruir”. Dijo recientemente: “La verdad es que no es fácil construir un buen país, también se requiere de unidad nacional. Los países que destinan sus mejores esfuerzos a una lucha fraticida entre sus propios hijos no tienen destino» (Piñera 2013)[7]. Por su parte, Carlos Larraín revivió el discurso pinochetista de la seguridad nacional y convocó a sus adherentes a “la guerra” contra la subversión: «Seamos hombrecitos o mujerazas, como quieran ustedes ponerlo. No nos va a doblar la mano una manga de inútiles subversivos, que están instalados muchos de ellos, desgraciadamente, en un Parlamento, que no supimos ganar. Los enemigos están al frente y nos dan una guerra, tarde, mañana y noche» (Larraín C. 2011a)[8].

Podría decirse que el conflicto con los movimientos sociales exacerbó y explicitó los componentes más negativos de la subjetividad de la actual derecha chilena: (a) el patrimonialismo: la convicción de que el país, el Estado y la sociedad les pertenecen; esta es una perversa confusión entre la propiedad privada y lo público; (b) elitismo y el desprecio por la “gente”: las masas son ignorantes, sugestionables y deben ser “dirigidas” por la derecha; (c) la convicción de su superioridad, de su “excelencia”, que según ellos se manifiesta en su éxito económico y poder social[9]; (d) su dogmatismo: identifican su poder con la verdad como una de sus posesiones, y quienes piensen distintos están equivocados o son malintencionados; (e) la satanización del “enemigo”: si la derecha se siente representante de Dios en la tierra, “poseídos de la verdad”, sus opositores no pueden ser sino  seres perversos, anómalos y destructivos.

Considerando la estructura de este tipo de subjetividad, no parece adecuado interpretar estos discursos solo como expresión del uso estratégico del lenguaje. Es decir, como un conjunto de actos de habla que no buscan comunicarse con los receptores, ni  manifestar una forma de comprender o explicar este complejo proceso, sino producir un efecto en sus receptores: generar en ellos rechazo y temor a los movimientos sociales. Tal vez se podría decirse que son ideológicos en el doble sentido de la expresión. De un parte, poseen una pretensión de universalidad, ellos afirman, no importan si lo  creen o no,  que el actual orden socioeconómico y sus instituciones es favorable para todos. En consecuencia, descalificar y tratar de disolver los movimientos sociales se conviere en una necesidad de defensa de la libertad y la democracia. Dice el ex ministro Harald Bayer: “Si hubiese que clasificar la democracia chilena, los resultados han sido muy satisfactorios. Por cierto, los problemas no se han acabado y los desafíos en múltiples áreas son enormes, pero desconocer los avances no tiene sentido” (Bayer 2013). De otra parte, estos discursos serían ideológicos en el sentido de Mannheim, es decir su sentido residiría en expresar discursivamente los intereses de un grupo o sector (Mannheim 1936)[10].

La subjetividad crítica de los estudiantes

No vamos a descansar hasta acabar con el legado de la dictadura. El miedo a partir del cual se forjó y consolidó la transición, es el mismo miedo con que hoy el poder busca silenciarnos y mantener las cosas tal cual están. Nuestro movimiento pretende enfrentar los cimientos de la herencia pinochetista: por eso nos enfrentamos al lucro y a un Estado que niega nuestros derechos, tan reales como el miedo que también, paso a paso, comenzamos a enfrentar. De nosotros depende.

Gabriel Boric, ex Presidente de la FECH (Boric 2012)

Las entrevistas y escritos de los dirigentes estudiantiles, así como las pancartas que exhiben en las manifestaciones expresan nítidamente las características de la nueva subjetividad estudiantil. Los conservadores han repetido, recurrentemente, que ellos no son representativos de todos o la mayoría los estudiantes, en cambio el gobierno y sus partidos representarían a “la mayoría silenciosa” que solo quiere estudiar y no participar. Es un argumento falaz. En una sociedad compleja no hay discursos que representen a todos. Los dirigentes estudiantiles poseen la legitimidad de haber sido elegidos por la mayoría de los estudiantes que participan activamente en las elecciones y las manifestaciones. El concepto de mayoría puede entenderse de modo abstracto, meramente numérico o bien como construcción de sujeto social, como una mayoría activa socialmente que se constituye en las prácticas sociales asociativas. Asimismo, las encuestas de opinión pública muestran que el 80 % aprueba las demandas de los movimientos estudiantiles, por tanto el gobierno y la derecha solo expresa la opinión de una pequeña minoría.

El primer aspecto que presenta esta subjetividad crítica es la conciencia de su responsabilidad histórica, su proyecto y voluntad de constituirse como una generación de sujetos del cambio social, no solo del sistema educativo, sino de la sociedad, como lo muestra la cita de Boric. Conciben esta responsabilidad con carácter intergeneracional. “La demanda que se erige es una demanda social, que es para todos, no solamente para la actual generación sino que para la futura” dijo Camila Vallejos, que fue la dirigente más importante del movimiento estudiantil (Vallejos 2011).  En el lenguaje clásico de análisis de los cambios de subjetividad política y social de los movimientos sociales, constatamos el tránsito de una conciencia para los otros a una conciencia de sí y para sí (Lechner, 1970). “Se trata del momento que nos toca vivir y la posibilidad de avanzar en una dirección que hasta hace unos años era impensable. Es nuestra responsabilidad, como generación, acabar con la transición”, señala Gabriel Boric que fue uno de sus principales líderes (2012).

El segundo aspecto es la convicción de que las reformas exigidas del sistema educativo requieren del cambio de las principales instituciones de la sociedad. Por tanto,  no  es un movimiento “gremial” o meramente  reivindicativo –como es frecuente en América Latina-, sino un movimiento estudiantil que se ha convertido en un gran movimiento ciudadano que se ve a sí mismo como un movimiento “concientizador”, diría Paulo Freire, que está convocando a la sociedad. “Esta no es una lucha gremial, por la defensa de algo corporativo o algo que no involucre directamente a los estudiantes, sino que la problemática que se ha planteado y la demanda que se erige es una demanda social, que es para todos, no solamente para la actual generación sino que para la futura, y eso ha generado simpatía y ha también despertado la conciencia de mucha gente, devolviendo la esperanza a quienes habían luchado anteriormente pero por temor no siguieron luchando, y creo que eso ha sido la principal riqueza de este movimiento: la transversalidad, el despertar de la conciencia, el atacar el problema medular y por sobre todo la consecuencia del movimiento; creo que no hemos transado, no por intransigencia sino por responsabilidad ante cuestiones que para nosotros son éticas y morales, que son lucha legítima. En ese aspecto creo que se ha generado el mayor respaldo social a este movimiento”, decía Camila Vallejos (2011).  

Esta forma de acción y subjetividad presenta como una de sus fortalezas la probidad, la decisión de no transar y, por tanto, su credibilidad ética.  Y esto es relevante en un país donde la confianza interpersonal es una de las más bajas del mundo, y en el cual casi todas las instituciones públicas y privadas tienen bajos niveles de confiabilidad (Cerc 2013)[11]. Esta postura se funda en su profundo sentimiento y convicción de que la situación presente es injusta e inaceptable y que deben luchar por superarla, convocando a la ciudadanía; esto otorga legitimidad y sentido a su acción social. La última manifestación el 2013 congregó más de 150.000 personas, “Creo que no hemos transado, no por intransigencia sino por responsabilidad ante cuestiones que para nosotros son éticas y morales, que son lucha legítima” (Vallejos 2011).

Otro de los aspectos de esa subjetividad es su orientación solidaria hacia los otros estudiantes y los futuros. Gloria Negrete, vocera de los estudiantes secundarios que estaban en huelga de hambre, en agosto del 2011, dijo en un foro: “A nosotros ya nos cagaron. Estamos luchando por nuestros hermanos chicos, por los hijos que podamos tener” (2011). Asimismo, debe destacarse el hecho de una parte importante de los estudiantes que participan estudian en las mejores universidades del país y provienen de sectores medios con mayor capital cultural. En contraste, alumnos de familias de menores ingresos, cuyo capital cultural e intelectual les ha impedido acceder a las mejores universidades y solo han podido inscribirse en universidades privadas de escaso nivel académico, tienen bajo nivel de participación en el movimiento. Esto ha sido destacado y cuestionado por los sectores conservadores que lo denominan «un movimiento de privilegiados”. Sin embargo, no existe una relación directa ni causal entre nivel socioeconómico y participación en los movimientos sociales; esta depende del tipo de movimiento, de las específicas condiciones sociales y políticas y de la existencia de activos centros de alumnos que estimulen dicha participación. Este tema fue abordado con lucidez por los dirigentes del movimiento. “Creo que una de las funciones que tuvimos los universitarios este año -en particular los de las mejores universidades de Chile- fue buscar que los estudiantes privilegiados tomaran conciencia de su situación, y les generara angustia, culpa y rabia. No es fácil para nadie aceptar que los privilegios de los que goza son a costa de la discriminación de otros. Y fue un signo alentador darme cuenta de que éramos cada vez más -de verdad muchos- quienes queríamos desprendernos de dichos privilegios, o al menos ponerlos en juego para vivir en un país más justo. Esto se manifestó en los cientos de miles que se sumaron a la causa estudiantil por una educación sin fines de lucro, gratuita y de calidad, que no sería a beneficio propio sino de las futuras generaciones” (Jakson 2012a).

En contraste, los estudiantes cuestionaron la soberbia de los personeros del gobierno. Dijo Camilo Ballestero, ex presidente de la Federación de estudiantes de la Usach que fuera uno de sus destacados dirigentes: «yo escucho a Chadwick y jamás ha dicho que se han equivocado en algo, tenemos un gobierno que al parecer lo ha hecho perfecto, pero la opinión de la gente es otra, y sin embargo llevamos seis meses de conflicto sin solución. Más que el gobierno esté dando opiniones de lo bien o lo mal que lo hemos hecho nosotros, esperaría una fuerte autocrítica, un poco de humildad» (Ballestero 2011).  

Otro aspecto significativo es su autonomía e independencia respecto a los principales partidos políticos y sus personeros. Esto resulta muy inquietante para los sectores políticos acostumbrados a negociaciones y a cooptar los dirigentes de los movimientos sociales. Esta desconfianza se debe, en importante medida, al vivo recuerdo de la negativa experiencia del movimiento secundario del 2006. El gobierno de Bachelet empleó diversos procedimientos para debilitar el movimiento (cooptación de dirigentes, infiltración, represión, acuerdos con la derecha, estrategias comunicativas, etc.)[12]. Paralelamente,  prometió considerar sus demandas, pero llegó  a un acuerdo con la derecha para cambiar la ley de educación vigente, la LOCE, herencia de la dictadura por una muy similar la LOGE. “Los estudiantes no podemos creer ni en Piñera, ni en la derecha, ni en Bachelet, ni en la Concertación. Sería atentar contra nuestra inteligencia, nuestra historia y nuestro sentido común. No es momento de grises, de pactar con la vieja política, hoy agotada, sorda y decadente”[13], señala Boric (2012 a).

La demanda principal de los estudiantes es “educación pública, gratuita y de calidad”, condiciones que no cumplen actualmente los establecimientos públicos. Esta ha sido un tema muy cuestionado por la derecha. Piñera respondió, falazmente, afirmado que no hay nada gratis. “Todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos, pero al fin y al cabo, nada es gratis en esta vida, alguien lo tiene que pagar. Si le damos educación gratuita al 10% más favorecido de nuestra sociedad, lo que estaríamos haciendo es que el total de la sociedad, incluyendo los más pobres, con sus impuestos estarían financiando la educación de los más afortunados, y por tanto quiero hacer un llamado a alejarnos de las consignas y entrar al fondo del problema”, dijo el mandatario (Piñera, 2011). Boric respondió: “Cuando los estudiantes decidimos que queremos gratuidad en educación, no estamos diciendo que no queramos pagar. La educación siempre tiene que pagarse. La pregunta es quiénes pagan y cómo lo hacen. Lo importante para nosotros es que la base del sistema educativo sea que todos, por el solo hecho de nacer en Chile, tenemos derecho a acceder a la mejor educación que como sociedad podamos darnos” (2012).

Piñera para justificar el sistema existente ha explicitado su concepción radicalmente economicista de la educación para la cual la educación es tanto un bien de consumo como de inversión. «Requerimos sin duda en esta sociedad moderna una mucho mayor interconexión entre el mundo de la educación y el mundo de la empresa, porque la educación cumple un doble propósito: Es un bien de consumo, significa conocer más, entender mejor, tener más cultura, poder aprovechar mejor los instrumentos y las oportunidades de la vida para la realización plena y personal de las personas. También la educación tiene un componente de inversión» (Piñera, 2011). Esa concepción de origen neoliberal es radicalmente rechazada por el movimiento estudiantil. En sus pancartas afirman que “la educación es un derecho”, y rechazan la educación mercantilizada y el lucro: “no a la educación de mercado” y “no al lucro en la educación”. «Entender la educación como un derecho es la única manera de lograr tres objetivos fundamentales para cualquier sociedad que aspire a liberarse del poder de los más ricos y tomar las riendas de su propio destino: formar ciudadanía, producir igualdad y generar un desarrollo más pleno”, señala Boric (2012).

El término del lucro es un objetivo realizable y necesario para el desarrollo del sistema educativo y de la educación pública. Esta es la única que puede cumplir, gradualmente, los objetivos de una educación republicana. El actual sistema de educación basado en el lucro substrae recursos necesarios para la educación pública, encarece innecesariamente la educación subvencionada y universitaria, tanto pública como privada, y conlleva un conjunto de  efectos negativos económicos y humanos que eran previsibles. La propuesta de los estudiantes no significa el fin de la educación privada, como dice la derecha, sino que esta cumpla su promesa de autofinanciarse; dejando de ser lo que es actualmente en Chile: una actividad económica con alto nivel de ganancias que provienen de diversas subvenciones públicas y de las familias.

La demanda de “educación pública, gratuita y de calidad” no es una utopía irrealizable, pues los mejores sistemas educativos del mundo: europeos, asiáticos y el cubano son sistemas de educación pública. En Chile sería financiable una educación pública, gratuita y de calidad, si se modificara el sistema impositivo o bien se recuperara la propiedad de las riquezas básicas, como ha propuesto el movimiento estudiantil. La gratuidad de la educación pública en todos sus niveles la legitimaría al mejorar su calidad y sería un importante elemento de cohesión social y, como lo han manifestado los dirigentes estudiantiles. Los apoderados y alumnos podrían optar entre una educación pública de calidad o la privada sin subsidios públicos de ningún tipo. Asimismo, no existe ningún país en el mundo donde la educación sea exclusivamente privada, y que sea humanista, de calidad, que otorgue nuevas oportunidades, y que disminuya progresivamente las desigualdades sociales (Vergara, 2011).

Un sistema educativo completamente privatizado es una utopía mercantil imposible; y el intento de realizarla ha traído consecuencias  profundamente negativas para el sistema educativo, los estudiantes, las familias y la sociedad chilena[14]. Incluso Hayek, hace medio siglo, advertía de las consecuencias humanas y políticas de la “sobreoferta de profesionales” en muchas áreas (Hayek, 1960)[15]. Para encontrar nuevos caminos para resolver la profunda crisis del sistema educativo en todos sus niveles “no basta tampoco con el recurso de los consensos, porque en general sobrerrepresentan a las minorías. Lo que necesitamos con urgencia es un debate democrático sobre la educación que queremos, como comunidad política, que incluya sobre todo a la más amplia participación de los actores relevantes, esto es los estudiantes y los profesores, además de nuestros representantes políticos” (Ruiz, 2013: 159).

El conflicto entre los movimientos sociales y los sectores conservadores y propietarios, entre la subjetividad conservadora y la crítica, se basa en dos concepciones distintas no solo de la educación, sino de la democracia, la soberanía y la sociedad. Los primeros afirman un concepto elitista, de democracia limitada, es decir, está es un medio, un método para elegir los gobernantes. En el sistema político chileno los representantes elegidos están limitados no solo por la extrema rigidez de los quorum para cambiar la Constitución y las llamadas “leyes constitucionales”, sino también por el poder contralor del Tribunal Constitucional cuyos miembros son designados por la Corte Suprema, el Senado y el Presidente de la República. La Constitución de 1980, elaborada por juristas del régimen de Pinochet excluye la soberanía popular reemplazándola por la soberanía nacional que otorga el papel tutelar a organismos burocráticos y jerárquicos del Estado.

Los movimientos sociales están luchando por ampliar la democracia mediante la efectiva participación, para transformar una sociedad de clientes en una sociedad de ciudadanos y de derechos. Dice Boric: “O seguimos atados al legado de la Dictadura, con su democracia estrecha y nuestros derechos convertidos en bienes de consumo, o le ponemos fin a la transición e iniciamos una nueva etapa en la historia de Chile. Queremos nuevos tiempos, mejores, que tengan a las mayorías como protagonistas y ya no como meros espectadores. Donde la alegría nos llegue a todos” (Boric 2012).

Las transformaciones de la  subjetividad ciudadana

Los movimientos sociales desde el 2010 han contribuido de modo significativo  a transformar la subjetividad de los chilenos. Ha habido otros acontecimientos que también han influenciado: (a) las múltiples denuncias de abusos, cobros indebidos y fraudes de las empresas a sus clientes[16]; (b) decisiones arbitrarias de organismos públicos altamente onerosas destinadas a favorecer a empresas[17]; (c) numerosas denuncias de conflictos de intereses de ministros y directivos públicos[18]. Asimismo, el gobierno se hizo impopular por el alto nivel de represión contra los movimientos sociales, los errores de Piñera y su clara identificación con los empresarios.

Este complejo fenómeno de transformación de la subjetividad política solo puede ser comprendido en el contexto del período postautoritario. En 1998 se realizó una investigación del PNUD, Las paradojas de la modernización (PNUD 1998) que demostró la existencia de un profundo y generalizado malestar en la sociedad chilena respecto a la modernización neoligárquica[19]. Su sistema económico e institucional, así como el proceso político nacional generan profundas frustraciones por su carácter elitista, pues están diseñados para favorecer a una minoría de poder. Este sistema es administrado por una autodenominada “clase política”, asociada a los grupos económicos, que monopoliza las decisiones que aseguran que se mantenga la distribución del ingreso, que es uno de los más desiguales del mundo. Sin embargo, esta concentración del PBI es celebrado como si fuera un gran mérito. “El sistema de poder político es paralelo al del poder económico. En Chile, hace poco la prensa económica planteaba, orgullosamente, que las veinte empresas más grandes de Chile producen el 50% del Producto Bruto. El 50% de los gerentes de las grandes empresas chilenas estudió en sólo cinco escuelas, todas privadas y católicas. Las cifras publi­cadas de las utilidades de las grandes empresas, con bajísimas tasas de tributación efectiva, darían para financiar varias veces la reforma educativa y de la salud” (Waissbluh 2011: 36). A nivel político se produce similar concentración del poder. “El sistema constitucional  ha llevado a que un grupo de no más de 500 personas se reparta los cargos ejecutivos y parlamentarios, con cierta rotación sabática por el mundo empresarial, por los últimos 20 años. Residen casi todos en 5 de los 340 municipios de Chile, con un estándar de vida similar al de Ginebra, Suiza” (Ibíd. p. 37), escribe Mario Waissbluh, uno de los más importante especialistas en la educación chilena.

Este malestar se ha potenciado y explicitado desde el 2011 con el movimiento estudiantil. «Las protestas están mostrando que las bondades del éxito económico no son suficientes para satisfacer las demandas. Los chilenos de alguna manera han desistido de presionar no confiando en que ellos pueden ir más rápido que el promedio del país, como nos dice el índice de confianza en el consumidor, donde ese país es una excepción en la región. Qué duda cabe que «el mercado» está en el banquillo de los acusados como uno de los entes que asignadores de recursos que está cumpliendo su tarea no satisfactoriamente» señala Marta Lagos, que dirige el Latinobarómetro (2012).

Financial Times, recientemente, se refirió a  “la  economía de laissez faire oligárquico de la dictadura atormentadora que apenas fue cambiada por sus sucesores electos” (2013). Este orden corporativo, como le llamaría Dewey, está orientado y tutelado por los grupos económicos y es incapaz de persuadir y articular los dominados (Dewey 1930, p. 85) [20]. “El problema es que el gobierno, en lugar de aceptar que se vuelva a discutir el modelo, hasta hoy no ha hecho más que refugiarse en sus con­vicciones ideológicas de los 80 y responder con firmeza que el modelo mismo se podrá repintar y refaccionar, pero que su esencia de mercado, lucro y competen­cia permanecería inalterada” (Waissbluh 2011: 38).

Por todo esto el orden social presenta un déficit hegemónico permanente, y debe emplear un nivel permanente de coerción para conservar el estatus quo. Este comprende el uso directo de la violencia policial sobre los movimientos sociales, mapuche, sindicatos y otros, y medios coercitivos de control social como el uso intensivo del alto endeudamiento, de la amenaza del desempleo, del marketing agresivo de la publicidad y de la propaganda (Deleuze 2003)[21]. Puede decirse que este sistema institucional público y privado muestra una creciente “crisis de legitimidad”[22].

El referido informe del PNUD, de 1998, mostró hace 15 años, un profundo malestar de los ciudadanos frente a la modernización neoliberal y el orden social y político neoligárquico que se había instaurado. Ya se manifestaba la debilidad del sistema político en la decreciente participación de los jóvenes en los registros electorales, desde el 14,8 % en 1988 a 11, 7 en 1997, así como el aumento de la abstención y los votos nulos que sumaba más del 27 % de los ciudadanos inscritos (PNUD 1998, p. 52). Esta abstención ha continuado creciendo llegando casi al 60 % en la última elección presidencial, la cual es excepcional en la historia política chilena y la más baja desde 1988[23]. La opinión respecto a los políticos ya era también negativa: el 74,9 % pensaba que los “parlamentarios sólo se preocupan en elecciones”; y el 65 % opinaba que “en Chile los partidos políticos sólo persiguen sus intereses” (Ibíd p.137).

Desde entonces, diversos estudios de opinión pública han mostrado la continuidad y profundización de estas tendencias. Según el penúltimo Latinobarómetro, de fines del 2011, justamente cuando se vivió la fase álgida de los movimientos sociales, se muestra un rechazo mayoritario del sistema económico que comprende, según diversos estudios, a dos tercios de la población o más. Segundo,  hay una baja aprobación y un creciente rechazo por los partidos políticos y el parlamento. Tercero; solo el  22% de los chilenos, está de acuerdo a la afirmación de que se gobierna por el bien del pueblo (Latinobarómetro 2011, p. 35), y solo el 6% piensa que la distribución del ingreso es justa (Ibíd, p. 34).

Los Informes del PUND a través de estos años, muestran que se ha producido un mejoramiento de algunos aspectos significativos de la calidad de vida de la población. En las últimas décadas han mejorado los indicadores sociales de nivel de escolaridad, acceso al agua potable, expectativas de vida, alfabetización y otros. Sin embargo, en otros aspectos no incluidos en estos indicadores se constata decrecimiento y deterioro de la calidad de vida: (a) en las ciudades chilenas, especialmente Santiago, ha aumentado la contaminación auditiva y atmosférica que está entre las mayores de América Latina; (b) la creciente contaminación del ambiente: ríos, napas subterráneas, playas y costas; (c) la falta de seguridad personal por el notable aumento por la delincuencia en todas sus formas; (d) los graves déficits de atención de salud pública de urgencia, enfermedades crónicas, operaciones, etc.; (e) el pésimo sistema previsional privado y obligatorio, dada su cobertura insuficiente y bajísimas pensiones, lo que obliga al Estado a subvencionarlo para mejorar su cobertura y alcanzar mínimos niveles de pensiones; sin embargo, genera  altísima rentabilidad para las empresas previsionales por sus cobros de administración para el usuario; (f) la mala calidad de la locomoción colectiva subvencionada por el Estado, por sus altos precios y la lentitud del servicio que consume horas de descanso y sueño;  (g) los bajos sueldos que no tienen relación con los ingresos per cápita y que obligan a la mayoría de la población a un alto nivel de endeudamiento con  intereses usurarios, fijado por los oligopolios bancarios y  multitiendas; (h) el deterioro de la función judicial, que ha convertido este sistema judicial en el más desprestigiado de América Latina, con  aceptación de solo 32 % (Latinbarómetro 2011), y la confianza en los jueces llega solo al 13% (Cerc 2013); (i) los déficit y mala calidad de los productos ofrecidos por el comercio; (j) la mala atención y abuso de poder de las instituciones públicas y privadas, según una encuesta la mitad de las personas dicen haber sufrido «abusos de poder”; (k) la disminución del tiempo libre y del descanso por el exceso de horas de trabajo, que llega a las 54 horas semanales; (l) el alto nivel de estrés, enfermedades psicosomáticas y depresión (Latinobarómetro 2011).

El historiador Gabriel Salazar sostiene que la crisis actual es mucho más amplia que la de representación política, pues abarca la mayor parte de las instituciones del Estado. “Hay una profunda crisis de representación política, proceso que se viene dando de forma creciente yo diría desde más o menos los finales del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y ha venido acrecentándose, porque en términos puramente estadísticos la confiabilidad y credibilidad que tiene la ciudadanía en las instituciones políticas y en los políticos ha venido cayendo en picada con mucha fuerza ya a partir del 2005, con el término del gobierno de Ricardo Lagos y el inicio del gobierno de Bachelet. El Congreso Nacional, por ejemplo, en todas las encuestas que se han hecho a partir del 2005 apenas tiene un 15,16% de confiabilidad y credibilidad ante a la ciudadanía. Entonces el Congreso tiene una representatividad promedio del 17%, que es un porcentaje muy bajo. El poder judicial tiene menos, 11 ó 12 %; los partidos políticos 8 ó 9% y los políticos 4% ó 5%. Estamos hablando de que no sólo los políticos, sino las instituciones del Estado y el Estado mismo están pasando por una crisis de pérdida de confiabilidad y credibilidad por parte de la ciudadanía. Entonces es una crisis de representación, pero suficientemente profunda para pensar al mismo tiempo que hay otras crisis también dentro del sistema que son tal vez más profundas aún, porque si uno deja de creer en algo no es sólo por un aspecto externo, sino por cuestiones más de fondo” (Salazar 2011).

Quizá podría cuestionarse el amplio uso que hemos hecho de las encuestas para mostrar los cambios de la subjetividad política y social en Chile. Existe una amplia bibliografía que explicita las limitaciones de este tipo de información, especialmente cuando se trata de encuestas electorales. Sin embargo, hay un cierto acuerdo que si las encuestas cumplen con las condiciones necesarias de rigurosidad proporcionan valiosa información, sobre todo si se busca detectar tendencias de largo plazo y si sus resultados son contrastados o complementados con información cualitativa proveniente de otras fuentes: análisis de textos, entrevistas, grupos de opinión, etc. En la investigación que estamos diseñando incorporaremos estas metodologías complementarias.

Finalmente, podemos decir que los movimientos sociales “han cambiado el país” en el sentido en que han contribuido de modo significativo a  explicitar y potenciar el conflicto no solo entre la concepción republicana y neoliberal de la educación, sino entre dos concepciones de democracia y del orden de la sociedad. Una de carácter radicalmente elitista, basada en el consenso de las elites de poder económicas y política, “la democracia de los acuerdos”, reproductora del orden socioeconómico heredado de la dictadura, excluyente y basada en “la privatización del poder”, frente a una concepción de democracia participativa, basada en la soberanía popular, que busca realizar un nuevo pacto social, que transforme este orden neoligárquico en una sociedad de derechos.

Las elites de poder han rechazado absolutamente la creación de una asamblea constituyente que sería la vía jurídica-política, razonable y legítima para dirimir el conflicto. Escribe Agustín Squella, destacado profesor de derecho: “Los asuntos políticos fueron presentados como antagónicos de los problemas de la gente, y a nadie pareció importarle que para reformar la Constitución se siguieran necesitando 2/3 de los parlamentarios en ejercicio y 4/7 para hacerlo con leyes orgánicas y que los así llamados problemas de la gente pasan por cambios constitucionales y legales. Se ha estirado demasiado la cuerda, y si bien nadie quiere que se corte, el Gobierno y nuestra clase política, ahora súbita y nada sinceramente movilizados para cambiar el binominal solo por temor a la amenaza de una asamblea constituyente, siguen comportándose de manera reactiva y sin ver más allá de sus narices (perdón, de sus intereses)” (Squella 2013).

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