El riesgo de excluir del diálogo a las organizaciones que iniciaron el 18/O

“Diálogo” es la palabra más escuchada en los últimos días en la televisión. Comenzó a usarla incluso el gobierno, luego de no contener la movilización social con los militares en las calles. Se habla también de un “Nuevo Pacto Social”, y de la necesidad de deliberar, de reflexionar colectivamente para avanzar hacia la paz social y el nuevo Chile. El ánimo colaborativo del Tercer Sector (asociaciones y fundaciones solidarias[1]) y el protagonismo de la élite social progresista y socialdemócrata que ha promovido el diálogo y ha ocupado la tribuna en los medios de comunicación, también han sido claves en el cambio del discurso del gobierno. Sin embargo, son liderazgos que emergen desde el sesgado diagnóstico de que no existirían interlocutores en el movimiento.

Frente a un ciclo de protesta complejo que se inicia con un llamando a evadir el pago del metro, derivando luego en sabotajes, ataques incendiarios, saqueos y en la posterior masificación y diversificación de los manifestantes, se impuso mediáticamente la idea de que no existirían voceros o representantes. En este escenario, la élite sociocultural y los directores de fundaciones y ONG’s han asumido el deber y el derecho de representar a la ciudadanía y posicionarse como interlocutores.

El rol de estos actores es crucial en la canalización del conflicto, no obstante, no son ellos los principales representantes de la movilización. Sí existen representantes naturalmente implicados en el conflicto, pero parece que nos negamos a reconocerlo. ¿Cómo es posible olvidar tan rápidamente que este movimiento es en su origen y estructura, un movimiento liderado por jóvenes, principalmente estudiantes de liceos, que posteriormente logró sumar nuevos actores? ¿Cómo es posible que las voceras de las dos principales organizaciones secundarias que encabezaron la evasión en el transporte público hayan sido invisibilizadas política y mediáticamente desde el viernes 18 de octubre? Valentina Miranda, vocera de CONES, fue detenida violentamente en un allanamiento durante el estado de emergencia. Mientras tanto, Ayelén Salgado, la vocera de la ACES, la principal organización convocante de la evasión, parece alcanzar importante eco entre los estudiantes movilizados, pero no entre los sectores que convocan ahora al diálogo. Ella misma, un día antes del “estallido social”, era elocuente sobre el rol de los secundarios en la nueva política chilena:

“Históricamente nosotros hacemos el análisis de que hemos tenido un rol dinamizador de las demás luchas. Si bien no nos afecta directamente, protestar con evasión es un acto necesario ante la crisis económica que afecta a nuestras familias y a las demás personas que, en su mayoría, ganan con suerte el sueldo mínimo y, por miedo a protestar, nosotros lo vamos a hacer con ello y así demostramos la indignación colectiva que existe frente a este tema”.

Sin duda, el diálogo para reconstruir nuestra comunidad política debe ser entre todos y todas, un diálogo profundo y a largo plazo. No obstante, el diálogo para resolver la conflictividad y la violencia, solo será resultado de una nueva relación -e interlocución- con los actores socialmente más excluidos y también más comprometidos e involucrados con la movilización.

La conflictividad no se supera solo negociando con los directores de ONG’s, sino principalmente con quienes tienen mayor capacidad disruptiva, quienes están dispuestos a asumir los mayores costos de la represión, quienes realmente desafían el statu quo con expectativas de cambio estructural. Son quienes no tienen hoy confianza ni paciencia frente a la institucionalidad y la autoridad vigentes. No suelen tocar cacerolas en las calles, ni dirigir proyectos de cooperación internacional. El compromiso y la solidaridad del Tercer Sector son fundamentales para construir el nuevo Chile, pero no suficientes para disminuir la conflictividad. Tampoco las organizaciones de estudiantes secundarios monopolizan la capacidad disruptiva del movimiento, y probablemente no son directamente quienes despliegan los atentados incendiarios, pero sí son la única plataforma organizativa que tiene la posibilidad de tender puentes de diálogo entre quienes trabajan por y desde la institucionalidad con quienes luchan radicalmente contra la institucionalidad vigente.

Como describí con mayor detalle en mi reciente artículo “¿Los militares podrán desmovilizar la invasión alienígena?”, esta movilización no se trata de una pataleta de niños mal criados, como sostiene el profesor Carlos Peña, sino de la consolidación de un nuevo actor político, forjado desde las limitaciones de nuestra democracia, como un intrépido activista y experto en la política de la calle, las asambleas y las tomas.

Este nuevo actor es la columna vertebral de esta movilización y quien concentra -y hereda en las últimas décadas- una cultura movimentista altamente disruptiva. Su perfil ideológico no es del todo descifrable, pero parece ser grosso modo anticapitalista y antipatriarcal, con un eclecticismo que resiste a los cánones de la izquierda marxista tradicional e incluso del Frente Amplio.

Desde sus repertorios de protesta y sus discursos, parecen herederos del internacional movimiento antiglobalización y del anarquismo antisistémico, pero también de las luchas insurreccionales populares de los ochenta e incluso simpatizantes de la causa mapuche. Su horizontalidad organizativa supone, ciertamente, un grado de heterogeneidad ideológica interna que amerita profundos estudios y nuevas categorías analíticas. Con todo, sí se distinguen –sobre todo desde su nivel de disrupción y radicalidad- del resto de los actores en escena y ya no podemos hacer como si no existieran. Son un nuevo actor concreto y la raíz política de esta movilización.

No es un actor homogéneo, ni centralizado, y por lo tanto, es difícil de neutralizar con la lógica tradicional de la represión policial/militar. No necesitan organizarse, ya están organizados, y la experiencia y la tecnología les benefician. No son necesariamente las organizaciones formales de secundarios, pero sí forman parte de su entorno. No hay que confundirles –aun cuando en casos puntuales pueden imbricarse- con quienes se les sumaron posteriormente: los que cacerolean en las esquinas y plazas (muchos de los que se acudieron multitudinariamente el viernes a Plaza Italia) y los oportunistas que saquean supermercados. Desestimar como parte de la solución a este nuevo actor político, tildándolos de vándalos o terroristas, mientras despliegan repertorios de violencia política, específicamente, contra la propiedad pública y las grandes cadenas comerciales, supone dos grandes riesgos.

El primer riesgo consiste en aislarlos políticamente y policialmente, como si fuesen pocos y domesticables o cooptables. Esto podría darle, en la práctica, sustento a la instauración de una cultura de la violencia política en nuestras ciudades, en los barrios, liceos y universidades. Pasaríamos de nuestra actual democracia parchada cotidianamente con bombas lacrimógenas a una parchada con carros bombas para aplacar el fuego. Por ejemplo, no sería de extrañar una mayor difusión de la conflictividad desde los liceos emblemáticos a otros liceos, mientras se insiste en enfrentar la violencia política simplemente con expulsiones y represión policial (Ley Aula Segura).

El segundo riesgo, que va de la mano del anterior, es la tentación paternalista de instalar a las ONG’s y a la élite sociocultural progresista como “la voz de los sin voz”. La voces del Tercer Sector son ricas y legítimas, pero propias. El riesgo, concretamente, radica en la alta probabilidad de diseñar así un nuevo modelo de desarrollo y político administrativo a la medida de los integrados, sin respuestas reales al descontento de los excluidos y las nuevas generaciones.

No continuemos despreciando, desde nuestro adultocentrismo y elitismo intelectual, a las nuevas juventudes como “inútiles subversivos”, ni caricaturizando sus demandas y sus nuevas maneras de hacer política. Han roto sus puentes con la política institucional, pero no con la política con mayúscula.

Superemos la perplejidad que tuvimos ante la Revolución Pingüina del 2006, pues hoy estos “alienígenas” -como los escribió la Primera Dama- han sido capaces de movilizar a un país completo, y nos guste o no sus formas, le están dando el ritmo y la dinámica a nuestros debates y a nuestra convivencia. Sus organizaciones o asambleas, no serán suficientes para reconstruir nuestra democracia, pero sin ellos y ellas tampoco podremos. No avancemos, ni dialoguemos sin considerar, al menos, a las organizaciones formales de secundarios (y también de universidades e institutos). Con ellos y ellas, el diálogo sería otro: seguramente un diálogo menos elitista y menos gatopardista, pero también un diálogo más reparador y con historicidad: haciéndonos cargo de los diálogos fallidos, del proceso constituyente y de las promesas no cumplidas. Necesitamos construir así -aunque sea más complejo y desafiante- un diálogo político horizontal y descentralizado, desde el real reconocimiento del otro, que derive en una institucionalidad y una convivencia más justas y, en definitiva, en una paz sustentada en la calidad y la legitimidad del vínculo social, y nunca más en el mero uso de la fuerza.