La institución aseguró que revelar dichos antecedentes sobre Julio Leiva atenta contra la seguridad nacional.
El asunto escaló hasta la Corte Suprema, que debe zanjar la controversia.
La Armada se negó a entregar información sobre los viajes realizados por el comandante en jefe de la institución naval, almirante Julio Leiva, defendiendo la decisión en que entregar dichos antecedentes atenta contra la seguridad nacional.
Ante la Tercera Sala de la Corte Suprema se realizaron los alegatos por una solicitud de información que hizo un ciudadano ante el Consejo de la Transparencia, donde pedía conocer el detalle de los viajes realizados por Leiva y todos sus vicealmirantes, desde que asumió el puesto en junio de 2017 a febrero de 2018.
El Consejo estimó que es pertinente entregar sólo la fecha y el costo de los viajes -dividido por valor del pasaje y el viático-, más no el destino, pues aquello efectivamente podría afectar la seguridad nacional, pero la Armada no estuvo dispuesta a entregar ninguno de los antecedentes.
Posteriormente, la Corte de Apelaciones ratificó la decisión del Consejo para la Transparencia, tras lo cual la institución naval presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema oponiéndose a la decisión.
Rodrigo Quintana, abogado consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE), alegó ante el máximo tribunal en representación de la Armada, sosteniendo que entregando la fecha y los montos se puede deducir el destino.
«Hemos sostenido que con la información cuya difusión se pretende se afecta la seguridad de la Nación y el propio CDE ha señalado que dar a conocer sus destinos de los viajes del comandante en jefe de la Armada puede afectar la seguridad de la Nación, por lo tanto, no creemos que haya nada de ocultamiento«, explicó.
Quintana añadió que «de acuerdo con las normas reglamentarias que regulan la determinación de los montos de los viáticos se puede determinar con total precisión el lugar al que viaja el comandante en jefe».
Consejo para la Transparencia: «Parece poco mesurado»
En respuesta, el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, manifestó que son varias las oportunidades en que las Fuerzas Armadas, y la Armada en particular, se niegan a entregar información acusando seguridad nacional.
«Eso nos parece un uso demasiado amplio, demasiado extensivo de una causal que debiera ser interpretada en derecho estricto (…) obviamente parece poco mesurado el uso tan intensivo que se hace de esta causal de reserva«, expresó.
«Hay una confianza rota entre las FFAA y la sociedad»
Por su parte, el diputado y presidente de la Comisión de Defensa, Jorge Brito (RD), dijo entender que hay cierta información sensible, lo cual no quiere decir que no exista un control, por ejemplo, de los viajes, recordando la investigación por los pasajes y viáticos que se investigan en el Ejército.
«Es bien sabido de que hay una confianza legítima que se ha roto entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, y nosotros instamos a construirla en función de la verdad y del respeto irrestricto al buen uso de los recursos públicos, y la ministra Romy Rutherford, por ejemplo, en el caso del Ejército ha demostrado tener todo el entusiasmo y también las capacidades de llevar estrictamente una fiscalización y también sancionar», señaló.
El parlamentario del Frente Amplio añadió que para ellos «es importante que se establezca claro si esto ocurrió sólo dentro del Ejército o también se extendió a otras ramas de las Fuerzas Armadas».
La causa está en acuerdo en la Corte Suprema, pero aún no se conoce la decisión.
*Fuente: Radio Cooperativa
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