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Respuesta al dogma conservador que afirma que los móviles nunca pueden ser un riesgo a la salud

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¿Quién carece de credibilidad?

No soy dado a hablar de mi persona en mis escritos, pero puesto que ABM afirma que no tengo la autoridad para escribir sobre este tema (que es un tema predominantemente de salud pública) he de  aclarar que además de ser politólogo (y economista), fui médico y también fui y continúo siendo experto en salud pública habiendo sido también profesor de salud pública de la Johns Hopkins School of Public Health (una de las escuelas de salud pública  más conocidas y de mayor prestigio en EEUU) por muchos años y que en su día (desde 1974 a 1978) fui elegido por los científicos miembros de la American Public Health Association (alrededor de 50.000) como su representante en el Executive Board de la Asociación.

Una de las áreas de mi trabajo ha sido precisamente el análisis de los determinantes económicos, políticos y sociales de la calidad de vida, bienestar y salud de las poblaciones. Y como parte de esta área de trabajo, he escrito en muchos artículos y libros (traducidos algunos a varios idiomas) sobre cómo los poderes económicos y financieros en la sociedad están influyendo en las instituciones políticas y científicas a fin de optimizar sus intereses, incluso a costa, en muchas ocasiones, de los intereses de la población. Mi artículo en Público es, en parte, un resumen del interesante estudio de cómo la poderosísima industria del móvil ha intentado influir a aquellas instituciones, escrito por Mark Hertsgaard y Mark Dowie y publicado en el conocido semanario estadounidense The Nation (How Big Wireless Made Us Think That Cell Phones Are Safe: A Special Investigation”, The Nation, 29.03.18). Tal tema encaja perfectamente en el área de conocimiento científico en la que he trabajado por muchos años. El ser politólogo y también economista me ha ayudado muchísimo a entender el problema que analizaban los dos autores de aquel artículo. Creo pues tener las credenciales para poder hablar del tema. He buscado, sin embargo, en la bibliografía científica y no he encontrado ningún artículo en una revista científica sobre salud pública (o cualquier otra relacionada con salud) que haya publicado ABM.

Según mi acusador ABM, a los críticos, como mi persona, hay que marginarlos y/o expulsarlos

Pero ABM va más allá que el insulto personal. Ha estado promoviendo una campaña en las redes sociales que intenta desacreditarme. Ha incluso acusado al diario Público de “violar las mínimas reglas de decencia periodística” al haber publicado mi artículo. En una versión extendida del artículo publicada en Naukas (03.06.2018) y titulado “Compromiso con la verdad” (ampliamente difundido en las redes), acusa a Público “de violar el primer compromiso ético de un periodista, que es el respeto a la verdad”permitiendo la publicación de un “panfleto alarmista” como el mío. En resumidas cuentas, según ABM mi artículo no debiera haber aparecido jamás en las páginas de un rotativo que “que quiera ser honesto” (utilizo sus términos). Tengo que admitir que, a pesar de mis muchos años de experiencia en estos temas, este tono me ha sorprendido por su grosería y hostilidad. Las fuerzas conservadoras defensoras de la “sabiduría dominante” en este país siempre han sido intolerantes con las voces críticas. Me ocurrió ya hace años en  1962 cuando tuve que exiliarme de España por ser una persona “prohibida”, y lamento ver ahora que tal mentalidad todavía perdura queriéndoseme expulsar de las páginas de los medios.

La necesidad de ser escéptico sobre las posturas defendidas y promovidas por la industria del móvil

ABM se define en su biografía como biólogo y divulgador científico difundiendo y promocionando la postura promovida por la industria del móvil. Niega categóricamente que haya ningún impacto negativo que pueda derivarse de la utilización de los móviles. Pero el punto que merece destacarse es que, en su crítica insultante a mi artículo, no se refiere a los trabajos científicos que se citan en el artículo de The Nation (y que yo resumo en el mío) que cuestionan su tesis. En realidad, el artículo que escribí no se centraba tanto en el posible impacto de los móviles en la salud (materia que ha sido debatida y documentada en la literatura científica y a la cual me referiré más adelante) sino sobre los intentos bastante exitosos de una de las industrias más poderosas existentes hoy en el mundo –la de los móviles- en su intento de negar que tal utilización pueda tener un posible impacto negativo.

La tesis del artículo de The Nation, y del mío, es que en temas tan importantes como el que estamos tratando es fundamental que los trabajos de investigación, sean epidemiológicos (o sean del área de conocimiento que sea) no estén influenciados por las empresas que tienen mucho que ganar o perder según el resultado de tales investigaciones. Y en el análisis de esta evidencia, el artículo en The Nation cita un estudio, replicado más tarde (en 2007) en la revista Environmental Health Perspectives, que mostró que “los trabajos científicos financiados en todo o en la parte por empresas el móvil (o por científicos próximos a tales empresas) concluían con mucho mayor frecuencia que las no financiadas o próximas a las empresas que no había ningún riesgo” en su utilización. ABM no toca ninguno de estos temas. Acepta acríticamente la posición de la industria y de los trabajos científicos que asume le avalan. Según él, la verdad (término que con cierta pomposidad ABM usa) es que no hay ningún peligro al utilizar los móviles.

En Ciencia no hay dogmas o verdades. Solo hay evidencias

En ciencia, sin embargo, no hay dogmas ni verdades. Lo que sí existe es evidencia, que él sistemáticamente ignora. El único caso que cita es un artículo publicado en el boletín de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 2003 “Qué son los campos electromagnéticos” en el que la única evidencia que presenta en  apoyo a su “verdad” es un trabajo de investigación realizado en 1996, en el que se concluía que “sus resultados no confirman que la exposición a campos electromagnéticos de baja intensidad produzca ninguna consecuencia para la salud”. Añadía tal artículo (escrito hace 20 años describiendo un estudio científico de hace 25 años), sin embargo, que “los conocimientos sobre los efectos biológicos presentan algunas lagunas que requieren más investigación”, observación que ABM no cita. Repito que este artículo fue escrito en 2003, basado en un estudio de 1996. Desde entonces, algunas lagunas se han ido descubriendo a base de nuevos estudios citados en The Nation y en mi artículo que ABM ignora. En un estudio posterior, patrocinado por la OMS, y publicado en el International Journal of Epidemiology vol. 39, 2010 pp. 675-694, se indica que “aun cuando no había evidencia de un incremento de un tumor de localización cerebral (glioma) entre las utilizadores de móviles, sí que lo había, sin embargo entre los que los utilizaban con gran frecuencia…”. Ello llevó a dicho estudio a concluir que “como consecuencia de este hallazgo, los posibles efectos de largo y elevado uso de los móviles debieran continuar haciéndose”.

Ello fue causa, por cierto, de que un estudio masivo de tal impacto se hiciera entre ratones, exponiéndoles a tales radiaciones, con distintas frecuencias y distintas intensidades. Y en este estudio, publicado en 2016 en la revista científica Scientific American (“Major Cell Phone Radiations Study Reignites Cancer Questions”, May 27, 2016, Dina Fine Maron) sí que se mostró de manera clara que había una relación entre intensidad y frecuencia de tales radiaciones y la aparición del glioma. Ni qué decir tiene que el hecho que se pueda producir en animales no significa que se dé también en seres humanos. Pero la realidad es que ya tenemos evidencia de que sí  puede haber en la utilización de los móviles un riesgo para la salud.

La responsabilidad del científico

Hay que acentuar que para los profesionales que trabajan en salud pública, hay siempre que tener en cuenta que la “ausencia de evidencias concluyentes de que una tecnología nueva pueda tener efectos negativos en la salud no significa que haya ausencia de riesgo”, como bien dijo la Dra. Annie Sasco, ex directora de Epidemiología para la prevención del cáncer, del Instituto Nacional de Salud e Investigación del Estado francés. De ahí, basándose en la evidencia existente, aunque no sea definitiva, varias autoridades sanitarias como la francesa han tomado las medidas necesarias para proteger a las poblaciones vulnerables como infantes. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha  alertado también del posible peligro de la radiación de los distintos grados de los campos electromagnéticos pidiendo a los Estados que tomen medidas. Y en EEUU, varias asociaciones médicas profesionales como la American Pediatric Association han pedido que se tomen también medidas (que expliqué en mi artículo anterior) para proteger a infantes de tales radiaciones. Hoy hay evidencia de que en ciertas condiciones y en ciertas poblaciones puede haber un riesgo que las personas debieran conocer y que las industrias del móvil y los Estados debieran actuar para prevenirlo. Esto no se está haciendo en España, donde continúa dominando “la sabiduría convencional” conservadora en defensa del statu quo que intenta dejar todo tal como está, instrumentalizando la ciencia para alcanzar el objetivo de optimizar los intereses de la industria del móvil. Es probable que ABM ni siquiera sea consciente de ello, pero su idealización de cómo se produce el conocimiento científico le hace muy vulnerable a promover tesis y posturas que están al servicio de empresas que anteponen sus intereses al bien común.

Quisiera terminar estas notas aclarando que no estoy en contra de los móviles ni de los instrumentos que los sustentan. Pero sí que estoy en contra de que se oculten y/o ignoren sus posibles efectos nocivos para la salud y que no se tomen medidas que reduzcan y/o eliminen tales riesgos por parte de las autoridades públicas ni otras para informar a la población. La evidencia científica está mostrando de una manera creciente que hay riesgos en su utilización que deben reducirse o eliminarse. Y el Estado español, repito, no lo está haciendo.

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