Nuevo perdonazo penal del SII: sólo multas a OAS y Cencosud por pagos ligados a ME-O

El Servicio de Impuestos Internos (SII) innovó en la querella que presentó el pasado 17 de abril contra Cristian Warner, el ex jefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami (ME-O). En una nueva jugada que aleja a las empresas responsables del financiamiento irregular de la política de la persecución penal, el SII decidió cobrarles una multa y sólo querellarse contra quien recibió el dinero. Los nombres de los beneficiados son llamativos, y entre ellos resalta la agencia en Chile de la Constructora OAS, la multinacional brasilera que también le facilitó al candidato un jet privado para que lo utilizara libremente durante la presidencial de 2013.

OAS pagó al menos $59 millones a una de las sociedades ligadas a Warner: Cono Sur Research. Aunque existen otras investigaciones penales que involucran a esta empresa envuelta en la corrupción de la llamada “Operación Lava Jato” en Brasil, la decisión del SII evita que la Fiscalía la persiga por delitos tributarios vinculados a estos pagos.

En septiembre de 2015 el organismo ya se había querellado contra Warner por los dineros recibidos ilegalmente desde SQM Salar. Esta vez lo hizo por los $282 millones que diversas empresas entregaron a Cono Sur Research y a Cepe S.A. Por eso OAS no fue la única beneficiada con la decisión de Impuestos Internos. En la misma situación quedaron todas las empresas que le pagaron a las sociedades de Warner a través de facturas falsas, según determinó el propio SII luego de concluir su proceso de recopilación de antecedentes.

Las otras empresas a las que sólo se les aplicará una multa son Cencosud, Agrícola OGS e Inmobiliaria El Peñón (de la familia Ossandón Larraín) y SW Consulting, propiedad de Rodrigo Danús, quien ha participado en las aventuras electorales de ME-O. Esta última empresa pagó una factura por $5 millones a Cepe en septiembre de 2013.

El SII detectó que entre enero de 2013 y agosto de 2014 otra empresa ligada a Warner, Cono Sur Research, emitió 16 facturas falsas a Constructora OAS, Cencosud Retail y Agrícola OGS “por servicios que nunca realizó”. El organismo público argumenta que la falsedad de los documentos “pudo establecerse atendido a que ni la sociedad emisora ni los contribuyentes receptores de estos documentos tributarios aportaron documentación suficiente que acreditara la efectiva realización de los servicios consignados en las facturas objetadas” (revise aquí la querella del SII).

En la querella no se especifica a cuánto ascenderán las multas cobradas a estas empresas. Tampoco lo dice respecto de cinco personas que presentaron boletas falsas a las sociedades de Warner, quienes prestaron servicios para la última campaña presidencial de ME-O, o bien para su partido político, el PRO, o para su organización asociada, Fundación Progresa.

La querella contra Warner se presentó la misma semana en que se hizo pública la decisión del SII de bloquear la investigación penal contra otras once empresas, entre las que destacan cinco que pertenecen al Grupo Angelini: Empresas Copec, Inversiones Siemel, Abastible, Forestal Arauco y Celulosa Arauco.(Ver reportaje de CIPER: “Las señales del SII y la Corte Suprema para bloquear las investigaciones de platas políticas”).

EL SALVAVIDAS PARA OAS

Entre las empresas “amnistiadas” penalmente por Impuestos Internos destaca la agencia en Chile de la constructora brasilera OAS, que ha estado al centro de las diligencias de la llamada “Operación Lava Jato”, donde se investiga una compleja red de corrupción que tiene como protagonista a la estatal Petrobras. En Brasil, el Ministerio Público Federal de Curitiba acusa a OAS de desembolsar cerca de US$8,6 millones en sobornos para beneficiarse con contratos de Petrobras.

De la mano de OAS y otras constructoras, los tentáculos de la “Operación Lava Jato” han traspasado las fronteras de Brasil, instalándose en Perú, Argentina, Uruguay y Chile, países en los que la empresa también está siendo investigada por fraudes en licitaciones y presuntos ilícitos en el financiamiento de la política.

En la querella del SII por delito tributario contra Cristian Warner, se le impugna a OAS la recepción de dos facturas (N° 12 y N° 15) por un total de $59 millones, emitidas el 14 de enero y el 1 de febrero de 2013 por Cono Sur Research (de la que Warner es representante legal), lo que le permitió a la constructora disminuir artificialmente “el impuesto a la renta que en derecho les correspondía enterar en arcas fiscales”.

Las facturas mencionadas por Impuestos Internos fueron entregadas a OAS por Cono Sur a meses de que la constructora pusiera a disposición de ME-O, entonces candidato presidencial del PRO, un jet privado con el que realizó varias giras nacionales durante su campaña, tal como reveló La Tercera.

Pese a que OAS acompañó como respaldo ante el SII dos contratos por servicios de asesoría profesional suscritos por la constructora y Cono Sur Research, Warner no logró acreditar la entrega de esos servicios. Luego de solicitar ante el SII en dos oportunidades prórroga del plazo que tenía para entregar el respaldo documental y contable de esos trabajos, a fines de diciembre de 2016 el ex jefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami reconoció ante funcionarios del servicio que esos antecedentes no se encontraban en su poder. La razón: “se extraviaron”, según la propia declaración de Warner.

La querella del SII contra Cristian Warner aporta un antecedente hasta ahora desconocido: la existencia de otras tres facturas pagadas por OAS a Cono Sur Research en 2012 por servicios que tampoco han sido acreditados. De acuerdo a la revisión que hizo Impuestos Internos de la contabilidad de OAS Chile, existen además otras tres facturas (N° 8, N°10 y N°11) emitidas por la empresa de Warner por servicios que no se pudieron verificar. “Como no se tuvieron a la vista las facturas propiamente tales, ni la contabilidad del año tributario 2013 de la sociedad Cono Sur Research SpA, debido a que Cristian Warner Villagrán alegó el extravío de documentos, no se pudo verificar la efectividad de los servicios que se señalan en esos documentos tributarios”, se explica en la querella.

En el escrito judicial contra Warner no se especifican las fechas de emisión de esas facturas, ni tampoco los montos que cada una involucra, aunque sí se solicita al Ministerio Público que pida su entrega voluntaria o la autorización para incautarlas.

Respecto de OAS, Warner no sólo tiene abierto un flanco tributario. El 28 de octubre de 2016, el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra ME-O, el propio Warner y el socio de Cono Sur, Sergio Novoa, acusándolos de haber rendido ante el Servicio Electoral (Servel) $170 millones con el fin de obtener el reembolso del organismo por servicios que no se habrían prestado. El candidato del PRO aseguró en su momento que esos dineros eran parte de los gastos ejecutados por Cono Sur Research para contratar los servicios del publicista brasilero Duda Mendonça durante su campaña. Desde el PRO también se levantó la tesis de que parte de esos dineros habían sido utilizados para pagar el arriendo del jet privado que ME-O utilizó durante su campaña, aunque esa versión se derrumbó más tarde cuando un alto ejecutivo brasilero de OAS reconoció que la constructora le había facilitado el avión en el contexto de una donación.

A la estrecha relación de la cuestionada constructora OAS con Marco Enríquez y Cristian Warner, se suman una serie de antecedentes que han puesto el foco en los vínculos que también forjó con otras personalidades ligadas a la política en Chile. Uno de ellos es el geógrafo Giorgio Martelli, recaudador de dineros de la precampaña de Michelle Bachelet.

Tal como reveló CIPER, Martelli aparece mencionado en repetidas oportunidades en una serie de mensajes de texto (WhatsApp) intercambiados por altos ejecutivos de la constructora brasilera –entre ellos su presidente, Leo Pinheiro, condenado a 16 años de prisión en 2015 por delitos de corrupción en el marco de la “Operación Lava Jato”– como uno de sus contactos en Chile. Martelli, incluso visitaría obras de OAS en Río de Janeiro a fines de 2014 (ver reportaje de CIPER).

Luego, La Tercera daría a conocer dos pagos de OAS a una empresa de Martelli por cerca de $60 millones, por la supuesta confección de un mapa y una guía de Chiloé, justamente donde OAS ganó a fines de 2013 una licitación por $360 mil millones para construir un puente que unirá a esa isla con el continente.

En los mensajes de texto revelados por CIPER y poco antes de las elecciones presidenciales de 2013, los directivos de la constructora reconocían que si Michelle Bachelet y Marco Enríquez-Ominami pasaban a segunda vuelta, OAS quedaría en “una situación difícil”.

LOS $170 MILLONES DE LOS OSSANDÓN

El 21 de marzo pasado la Fiscalía formalizó por tercera vez a los miembros del clan Ossandón Larraín. Se trata de una investigación que se extiende desde 2011, luego de que Manuel Ossandón Larraín se querellara en contra de su hermano Bernardo, acusándolo de realizar triangulaciones con la fortuna familiar que lo habrían perjudicado y que habrían implicado una millonaria evasión tributaria. Una de las aristas involucra sociedades de la familia en los paraísos fiscales de Panamá y de las Islas Vírgenes Británicas (Real State Golden y Fundación Educacional BLV) a la que le habrían traspasado dineros de la fortuna familiar sin pagar los impuestos correspondientes.

En diciembre de 2014 el SII se querelló contra los Ossandón Larraín por una defraudación tributaria que llegó a los $198 mil millones, según informó Emol. Antes, entre 2012 y 2013 el Servicio había emitido liquidaciones de impuestos pendientes por US$400 millones. La familia que heredó su fortuna de Bernardo Larraín Vial, dueño de 1.500 hectáreas en La Dehesa, protagoniza el que ha sido catalogado como el mayor fraude tributario en la historia de Chile.

A pesar de estos antecedentes y de que la familia tiene una investigación judicial pendiente, el SII decidió evitar la persecución penal por los pagos que realizaron a la sociedad del asesor de ME-O. La rama de los Ossandón Larraín, a través de Agrícola OGF, entregó $40 millones a Cono Sur Research, que emitió una factura en agosto de 2014.

Bernardo Ossandón también declaró en representación de Inmobiliaria El Peñón, aunque el representante legal es su primo Ignacio Ossandón Irarrázabal (hermano del senador Manuel José Ossandón). En agosto de 2014, esa empresa realizó otro pago por $130 millones a Cepe.

Fue el mismo Bernardo Ossandón Larraín quien se refirió a este pago ante el SII: “No existe una asesoría, lo que se canceló fueron un trabajo profesional vinculado con una campaña publicitaria para hacer presente en la opinión pública una serie de situaciones reprochables en la Isla de Chiloé, en ese sentido, yo no tuve ningún contacto con la gente de Cepe”.

Esa versión es la misma que Bernardo Ossandón entregó en octubre de 2016 a funcionarios de la PDI. A ellos les relató que el periodista Juan Pablo Moreno (ex asesor del Consejo Para la Transparencia, sobrino de Jaime Guzmán) le dijo que unos amigos suyos querían levantar una campaña comunicacional en contra de la tala de bosque nativo que la empresa Agrícola Brinzal realizaba en la Isla de Chiloé: “Hablé con Juan Pablo Moreno y le dije que me enviará la factura para proceder a pagar la campaña, documento que recibí en el mes de agosto 2014. Por lo que recuerdo me la enviaron a mi oficina en el mes de agosto (…) Al respecto quiero precisar que cuando recibí la factura de la empresa Cepe S.A. no tenía conocimiento de quienes eran los dueños y tampoco el rol de Cristian Warner en los medios públicos o privados”, indicó, según información difundida por La Tercera.

La única información entregada por la Inmobiliaria El Peñón y Agrícola OGF al SII para justificar los $170 millones que traspasaron en agosto de 2014 a las sociedades de Warner fue un CD que contenía una asesoría en relación al manejo del bosque nativo. Como esa materia está alejada de los giros de Cono Sur y de Cepe, y Cristian Warner no entregó ningún informe que respaldara los pagos, el SII consideró que se trató de facturas falsas.

Al igual que con el resto de personas jurídicas involucradas en pagos a las empresas de Warner, el SII decidió no perseguir penalmente a la Agrícola OGF ni a Inmobiliaria El Peñón.

LA DESCONOCIDA RECTIFICACIÓN DE CENCOSUD

No es primera vez que el holding Cencosud figura ligado al financiamiento ilegal de la política. Ya en agosto de 2015 apareció el primer testimonio judicial que apuntó a la empresa de Horst Paulmann. Ana Carolina Palacios –parte de la red de boleteros que ayudaron a financiar a Pablo Longueira–, señaló ante los fiscales que en 2010 su cuñada “Titi” Valdivielso le pidió emitir una boleta falsa a Cencosud por $8 millones.

En el caso del principal asesor de ME-O (Cristian Warner), los aportes fueron más abultados: $48 millones pagados entre enero de 2013 y enero de 2014 a la sociedad Cono Sur Research. Fueron 13 facturas pagadas durante el año de la última incursión electoral del líder del PRO. La primera fue la más grande, por $24 millones. Luego los pagos se redujeron a $2 millones mensuales. Esas 13 facturas fueron rectificadas por Cencosud.

El gerente general de Cencosud, Jaime Soler Bottinelli, declaró ante el SII que los pagos se rectificaron porque no hallaron respaldo que los justificaran: “Según las facturas entiendo que existió un contrato que hablaba de asesorías de evolución del retail en Chile, en la sociedad no encontramos contraprestaciones de ese contrato y por ende procedimos a rectificar. Quiero reiterar que personalmente no tengo la certeza de que no existieron esas prestaciones, pero al no encontrar respaldos que acrediten dichos servicios en Cencosud decidimos con el fiscal (interno de la empresa) Carlos Mechetti y el presidente de la compañía don Horst Paulmann rectificar frente al Servicio”.

Al igual que con el resto de transferencias cuestionadas, Cristian Warner no entregó al SII ningún informe que justificara estos pagos, aduciendo que se le habían perdido. Respecto a Cencosud, Impuestos Internos decidió aplicar sólo una sanción pecuniaria y no perseguir su responsabilidad penal.

Un reportaje de The Clinic de agosto de 2015 menciona que Paulmann habría reconocido ante el directorio de la firma aportes legales a la política, pero no ilegales. La posterior rectificación que la empresa realizó ante el SII, luego de que no encontrara informes que respaldaran los pagos al asesor de ME-O, pone en duda su postura oficial. En ese reportaje también se señala que el empresario era un financista habitual de la UDI, pero los nuevos datos puestos sobre la mesa por la investigación sobre las platas políticas sugieren que sus aportes se extendieron más allá de las finanzas del gremialismo.

Cencosud es una de las principales operadoras del mercado del retail. Propiedad del empresario alemán Horst Paulmann (nacionalizado chileno por iniciativa del ex presidente Ricardo Lagos), controla marcas como Paris, Johnson, Jumbo, Easy y Santa Isabel. Además es  dueña de los centros comerciales Costanera Center, Alto Las Condes, Florida Center, Portal La Dehesa, Portal La Reina y otros cinco shopping a lo largo de Chile.

BOLETEROS PROGRESISTAS

La querella del SII incluye 15 boletas falsas pagadas por Cono Sur Research a Caroll Cuellar Godoy, Andrés Navarrete Varas, Luis Navarrete Hernández, Liliana Espinoza Álvarez y María Aguirre Mendoza por un total de $12,7 millones. Todas las boletas fueron emitidas por estas personas entre 2013 y 2014. En los cinco casos el SII optó por aplicar una sanción pecuniaria.

Durante el proceso de recopilación de antecedentes respecto de estos pagos Cristian Warner solicitó prórroga del plazo para que pudiera acreditar la efectividad de los trabajos realizados, pero finalmente el 23 de diciembre de 2016 señaló ante funcionarios del SII que “en relación a los antecedentes contables y sus respaldos solicitados por este departamento relativos a los contribuyentes Cono Sur Research y Cepe, dichos documentos no se encuentran en mi poder atendido a que se extraviaron”.

Todos estos contribuyentes fueron citados a declarar ante el SII o ante el Ministerio Público. Mientras Cuellar Godoy guardó silencio, Navarrete Varas le dijo a los fiscales que había prestado servicios para la campaña presidencial de ME-O. Navarrete Hernández no presentó documentos de respaldo por “motivos laborales y de viaje”.

Liliana Espinoza Álvarez dijo al Ministerio Público que trabajaba para el contador Carlos Muñoz Valle, y que su labor consistía en llevar la contabilidad de empresas de Warner y también del PRO y de la Fundación Progresa, pero que sus honorarios los pagaba Warner Producciones y Conosur. La hija de Liliana Espinoza, María Aguirre Espinoza, también figura con boletas, pero el contador Muñoz Valle reconoció ante los fiscales que ella no prestó ningún servicio, que los pagos fueron para él, pero que se utilizó esta fórmula para “equilibrar la carga tributaria”. Muñoz Valle, quien también fue administrador electoral de ME-O, es desde marzo de 2016 el jefe de la División de Presupuesto y Finanzas de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

La segunda sociedad de Warner involucrada, Cepe S.A., aparece pagando cuatro boletas falsas a Andrés Navarrete Varas y a una sociedad de la que él es representante legal: Trébol Producciones Publicitarias. Los documentos fueron emitidos entre 2014 y 2015 por un total de $3,2 millones “por servicios que jamás se realizaron”. Respecto de Navarrete Varas y de Trébol Producciones, el SII también optó por aplicarles una sanción pecuniaria y no perseguir su responsabilidad penal.

*Fuente: Ciper Chile