La Audiencia Nacional guarda un informe del ex fiscal de Columbia, Ernest Lawrence Barcella, quien denunció las actuaciones de la temible DINA para “cazar enemigos” de la dictadura chilena en Europa. Uno de los agentes involucrados, Michael Townley, vive hoy bajo protección especial en algún lugar de EEUU.
BILBAO.- Las dictaduras latinoamericanas no tuvieron demasiados amigos a este lado del Océano Atlántico. A fuerza de torturar, violar y lanzar gente viva al mar, sus crímenes se volvieron inocultables. Sin embargo, hubo un país que abrió sus puertas a regímenes tan siniestros como el de Augusto Pinochet o Jorge Rafael Videla. Cuando alguno de ellos pretendía exportar el horror contra los exiliados que habían huido a Europa, la España de la transición no tuvo ningún inconveniente en “dejarles hacer”. En otras palabras, estaban como en casa.
Según ha podido confirmar Público, la Audiencia Nacional guarda pruebas muy valiosas de aquellos años. Así lo atestiguan los documentos generados durante el proceso -inconcluso- que llevó adelante el exjuez Baltasar Garzón contra los militares argentinos a finales de los años noventa. En aquel contexto, el magistrado recibió la declaración del ex fiscal del distrito de Columbia (EEUU), Ernest Lawrence Barcella –ya fallecido-, quien en su momento investigó el asesinato del ex ministro de Asuntos Exteriores chileno, Orlando Letelier, ocurrido el 21 de septiembre de 1976 en Washington D.C. En aquel atentado también murió su secretaria, Ronni Karpen Moffitt.
A lo largo de sus averiguaciones, Barcella había recabado distintas informaciones que señalaban directamente a Madrid. “La DINA (siglas bajo la que actuaba la sangrienta Policía Secreta de Pinochet) realizó algunas operaciones en España”, afirmó de manera categórica. “Sus investigaciones demostraron que agentes de la DINA venían con frecuencia a España, sobre todo a Madrid, con la intención de localizar a exiliados chilenos que estaban viviendo en España o estaban en España de viaje (sic)”, puede leerse en otro párrafo.
En su informe, el exfiscal citó concretamente el caso de Michael Townley, un mercenario estadounidense que trabajó para ese temido cuerpo de seguridad chileno. En su currículum figuran varios asesinatos, incluyendo el de Letelier en EEUU. De hecho, una de sus especialidades eran las operaciones en el extranjero: el 30 de septiembre de 1974, se encargó de activar el explosivo que acabó con la vida del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, quienes habían huido a Buenos Aires en busca de refugio. Además, participó en el fallido atentado contra el ex ministro chileno Bernardo Leighton en Roma, donde contaba con el apoyo de fascistas locales.
El agente también es señalado como uno de los responsables del asesinato del diplomático español Carmelo Luis Soria, quien fue secuestrado en Santiago de Chile en julio de 1976. Sin embargo, Townley vive hoy plácidamente en algún lugar de EEUU, bajo un programa especial de protección de testigos. En 2014, la Audiencia Nacional pidió al gobierno de Barack Obama que fuera extraditado a España para ser juzgado por el caso de Soria. No hubo suerte.
Un asesino en Barajas
Según consta en los documentos, este mercenario fue enviado a España en diciembre de 1976 por el entonces jefe de la DINA, Manuel Contreras, y su número dos, Pedro Espinoza, “para cazar enemigos de la junta chilena”. Junto a él viajó otro hombre que no pudo ser identificado. El objetivo de ambos –según determinó el exfiscal Barcella- era “intentar matar” al ex secretario general del Partido Socialista de Chile, Carlos Altamirano, a quien “estuvieron siguiendo pero finalmente no consiguieron matarlo”.
Altamirano relató este caso al historiador Gabriel Salazar, autor de un libro sobre sus memorias. “A esta ciudad (en alusión a Madrid) fui invitado a un acto político e iba saliendo del aeropuerto de Barajas por uno de esos larguísimos corredores, cuando siento que, de repente, alguien me llama por detrás: ¡Carlos!…. Extrañado, me volví bruscamente y al hacerlo, choqué con alguien que venía muy cerca detrás de mí. Era un tipo más corpulento y más alto que yo. Al atropellarlo, se le cayó el maletín que traía en su mano. No sé por qué razón, pero me quedé mirando el maletín, como que lo encontré muy pesado”, contó Altamirano. Según pudo comprobar unos meses después, el hombre con el que se había cruzado era nada más y nada menos que Michael Townley.
Terror sin límites
En el documento elaborado por Barcella también aparece el nombre de Pinochet. En noviembre de 1975, el dictador chileno había aprovechado su asistencia al funeral de su amigo Francisco Franco para mantener un encuentro con el ultraderechista italiano Stefano Delle Chiae, quien unos meses más tarde participaría en el asesinato de dos militantes carlistas en el monte navarro de Montejurra. Del mismo modo, Delle Chiae actuó como un fiel colaborador del régimen pinochetista en Italia, donde tenía la misión de “intentar localizar a exiliados chilenos que estaban o viviendo” en ese país.
Según las investigaciones del ex fiscal de Columbia, la DINA “también entabló relaciones con otras organizaciones terroristas y delictivas que operaban en Francia” e incluso “realizaron operaciones conjuntamente”. Asimismo, la Policía Secreta hizo seguimientos y fotografió “determinados lugares” en el Reino Unido. De hecho, Barcella asegura que Pinochet “estaba molesto con los británicos por las críticas que hacían en contra de su gobierno y de las condiciones en las cárceles chilenas”. Por ello, el dictador “ordenó a la DINA que recabara información sobre el funcionamiento de las cárceles en Irlanda del Norte controladas por los británicos con el fin de utilizar esta información en contra de Gran Bretaña”. En cambio, España era un lugar agradable para sus agentes.
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