Aylwin y las transnacionales mineras

La DC era dirigida en ese tiempo por Gabriel Valdés y lo acompañaban en esta conferencia de prensa, dos insignes dirigentes históricos del PDC, Radomiro Tomic y Renán Fuentealba, lo que explica la posición tan decidida de este partido por derogar la ley minera cuando llegaran al poder. Esta posición tan decidida de la DC fue una de las razones, por la que las mineras extranjeras no invirtieron en Chile durante los años ochenta, salvo La Escondida, a pesar de las garantías que les entregaba la ley minera de José Piñera.
Posteriormente ocurrió un hecho que cambió el curso de la historia. En noviembre de 1988 la DC realizó elecciones internas para designar el candidato presidencial, a la que postulaban 3 candidatos: Gabriel Valdés, Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle.
La noche de las elecciones se realizó una operación en que desaparecieron algunas urnas con votos y aparecieron otras urnas que no existían al momento de la votación. No es raro que en este montaje haya participado la CIA y/o las transnacionales mineras, lo que se sostiene en razón de lo que vino después. Patricio Alywin le ganó a Gabriel Valdés, a pesar que este último era el favorito porque había liderado el PDC desde la muerte, o asesinato, de Eduardo Frei Montalva.
Este episodio fue conocido en los medios de comunicación como el Carmengate: el local de la DC donde ocurrió toda esta escandalosa operación estaba en calle Carmen 8. De esta manera, Patricio Aylwin pasó a ser el candidato presidencial de la DC, de toda la Concertación y de las transnacionales mineras.
Antes de ser ungido oficialmente Presidente de la República, Aylwin ya había desechado completamente la política que había sustentado el PDC de derogar la ley minera y de propender al desarrollo nacional de la minería. El Premio Nacional de Literatura y experto en derecho minero don Armando Uribe, en su libro “Carta Abierta a Patricio Aylwin”, da cuenta de una reunión que como Izquierda Cristiana tuvieron él, Luis Maira y Juan Enrique Miquel, con el electo pero aún no asumido Presidente Aylwin.
Armando Uribe le preguntó al presidente electo, cuando se derogaría la ley minera. La respuesta del Sr. Aylwin fue llevarse la mano a la boca atravesando sus labios con el dedo índice, indicándole con ello, que sobre el tema de derogar la ley minera había que guardar silencio.
Pero el Presidente Aylwin no solo guardó silencio sobre la ley minera, sino que envió proyectos de ley para favorecer directamente la inversión extranjera en la minería, permitiendo que estas empresas se llevaran millones de toneladas de nuestro cobre, más el oro, la plata, el molibdeno, renio, etc., sin pagar impuestos en Chile.
Es así, como 29 días después de iniciado su presidencia, Aylwin envió su primera reforma tributaria, que devendría 3 meses después en la Ley 18.985, cuyos objetivos centrales eran aumentar “provisoriamente” el IVA de 16 a 18%, y el impuesto de primera categoría de 10 a 15%. Pero a la vez, esta reforma contemplaba modificaciones a la tributación minera, que pasaron como la letra chica de los contratos de seguro, porque no fueron discutidas ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, pero fueron aprobadas.
Estas modificaciones son las siguientes:
1) Se cambió la tributación minera, de Renta Presunta a Renta Efectiva.
En la renta presunta la ley presume la renta o utilidad en base a las ventas, independientemente de si hay utilidades o no. El impuesto variaba entre 4 y 20 por ciento de las ventas, en función del precio internacional del cobre. En la práctica, el impuesto de Renta Presunta operaba como un Royalty y ninguna minera podía escapar a su pago, desde el momento que vendía minerales.
En 1990, la Ley 18.985 determinó que las empresas que exportaran más de 36 mil toneladas de mineral al año (alrededor de 720 toneladas de cobre fino), ya no tributarían en renta presunta sino en renta efectiva, es decir que el impuesto se pagaría solo en caso de las empresas tengan o declaren utilidades.
La diferencia es fundamental. Con la renta presunta las mineras pagaban impuesto a la renta desde la primera tonelada que vendiesen, mientras que con la renta efectiva podían exportar millones de toneladas, sin pagar un peso de impuesto: bastaba que no declararan utilidades.
Por esta razón, hasta el año 2004, salvo La Escondida, todas las demás mineras no pagaron un solo peso de impuesto a la renta, y se llevaron alrededor de 30 millones de toneladas de cobre fino, más el oro, y el resto.
2) Se eximió de impuesto a la renta la venta de pertenencias mineras.
Antes de esta ley, las ventas de pertenencias mineras debían pagar impuesto  la renta. Con el objeto de incentivar a los chilenos a vender sus pertenencias mineras a las transnacionales, con la Ley 18.985 se les eximió de este impuesto. Así, por ejemplo, se constituyó el yacimiento Candelaria, con la compra de pertenencias a los mineros de Tierra Amarilla, y el yacimiento Pascua-Lama, en Alto el Carmen.
3) Se creó el costo de pertenencia.
La ley minera establece que el concesionario minero tiene derecho a adueñarse del mineral extraído, más no de las reservas, pues éstas pertenecen al Estado. Sin embargo, esta ley estableció que la disminución de las reservas, fruto de la explotación del yacimiento, era una pérdida de valor no para el dueño de las reservas, el Estado, sino para el concesionario minero. Esto permitió a las empresas mineras pudieran agregar un costo intangible a sus resultados, precisamente para que no tuvieran utilidades.
Esta inconstitucional, ilegítima y vergonzosa disposición, aún sigue vigente en el art. 30 de la Ley de la Renta, así como las de los dos puntos anteriores.
Estos cambios a la tributación minera no estaban en el programa presidencial de Aylwin, ni en el programa de ningún partido de la Concertación, y nunca fueron debatidos en ningún lugar, sin embargo fueron aprobados, sin que fueran debatidos en el Congreso Nacional.
Es un verdadero misterio como estas tan importantes modificaciones fueron aprobadas sin discusión alguna en el Parlamento. Fue una operación secreta de las mineras extranjeras, no ajenas al triunfo de Aylwin en el Carmengate.
Gracias a estos cambios tributarios llegaron, masivamente, las transnacionales mineras a Chile. Tenían la seguridad de llevarse todo el cobre que quisieran sin pagar impuestos.
Así, las mineras extranjeras, esencialmente Mantos Blancos y La Disputada, que en 1989 producían apenas 190 mil toneladas de cobre, diez años después, en 1999, produjeron 2,9 millones de toneladas, 15 veces más que al terminar Pinochet.
Esto generó a una sobre oferta colosal en el mercado mundial del cobre, lo que hizo bajar su precio de US$ 1,5 la libra en 1989, a solo US$ 0,63 la libra en 1999.
Con esta terrible caída del precio del cobre, a causa de la sobre producción mundial generada desde Chile, los excedentes que Codelco aportaba al país, pasaron de US$ 2.300 millones en 1989, a solo US$ 269 millones en 1999, una catastrófica caída de 9 veces de los ingresos que el Fisco recibía del cobre. Esto quiere decir, que la política implementada en la gran minería, no solo permitió que las mineras extranjeras no pagaran impuestos, sino que además destruyó los ingresos que el Estado percibía del cobre, que dejó de ser el sueldo de Chile.
Esta lamentable política, se la debemos los chilenos al Sr. Patricio Aylwiny, y a quienes le hicieron rey: los partidos políticos reunidos en la Concertación.
Pero eso no es todo. El gobierno de Aylwin promulgó otras leyes para continuar con la desnacionalización de la gran minería del cobre y su entrega a las transnacionales extranjeras.
En mayo de 1992, la Ley 19.137 permite el traspaso a las trasnacionales mineras de los yacimientos de Codelco que no se encontraban en explotación. Con esto, Aylwin se sitúa a la derecha de la propia dictadura militar, que en 1976, con el DL 1.167 había prohibido constitucionalmente la venta de concesiones mineras de Codelco. Por esta última razón, la Ley 19.137 es abiertamente inconstitucional, pero como se aprobó en un gran abrazo entre la derecha y la Concertación, nadie recurrió al Tribunal Constitucional.
En lo concreto, esta ley permite que Codelco se asocie con empresas transnacionales traspasándoles sus pertenencias mineras. De esta manera, en 1994 se vendió El Abra en US$ 330 millones, pero posteriormente, en el gobierno Frei Ruiz Tagle, se traspasaron gratuitamente más de 300 mil hectáreas de pertenencias mineras de Codelco, a diferentes transnacionales mineras. Todo gracias a la Ley 19.137 de Aylwin.
En 1993, la Ley 19.207 modifica el DL 600, estableciendo una rebaja en la tasa de impuesto de la invariabilidad tributaria de 49,5% a 42%, lo que estaba dirigido a favorecer principalmente a las mineras extranjeras.
En diciembre de 1993, la Ley 19.270 establece la exención de impuestos a los pagos por asesorías técnicas, publicidad, asesorías legales, análisis de mercado, investigación científica y tecnológica y otros, realizadas por empresas o consultoras internacionales, lo que discriminaba a las consultoras nacionales a las cuales no se aplicó esta exención.
Esta ley perseguía que las mineras extranjeras pudieran justificar aumentos “costos” en el extranjero, para no declarar utilidades y no pagar impuesto a la renta en Chile. Muy patriótica medida.
Como se dijo, con Gabriel Valdés a la cabeza, la Democracia Cristiana postulaba derogar la ley minera y desarrollar la minería nacional. Por eso en noviembre de 1988, las fuerzas oscuras que actuaron en el Carmengate, sacaron a Gabriel Valdés de la carrera presidencial. Patricio Aylwin se convirtió en el Presidente de Chile, y así pudiera entregarle, entre gallos y medianoche (Ley 18.985) nuestro cobre a las transnacionales extranjeras.
Ese es el gran legado de la Presidencia de Patricio Aylwin, que anula cualquier otra cosa que haya hecho de bien en su mandato.
Un grupo de diputados de la Democracia Cristiana han presentado un proyecto de ley  para erigirle un monumento a  Patricio Aylwin en la Plaza de la Constitución, junto a los Presidentes Allende y Frei Montalva. Eso es un disparate, una insensatez.
¿Cómo es posible que el Presidente que entregó el cobre a las mineras extranjeras, con tan terrible daño al país, pueda tener un monumento en la misma plaza donde se le rinde homenaje al Presidente Frei Montalva, que chilenizó la gran minería, y al Presidente Allende, que la nacionalizó.
Sería una afrenta a la dignidad de dichos Presidentes.
Si los diputados de la DC desean erigir un monumento al Presidente Aylwin, que se lo soliciten a las mineras extranjeras, y lo erijan en pleno desierto del norte, en agradecimiento por haberle entregado nuestras riquezas mineras.
El autor, Julián Alcayaga O., es economista y abogado
.