Domingo, 10 Abril 2016

Mucho se ha hablado de las boletas que SQM utilizó para financiar de forma transversal a la clase política. Sin embargo, nada se dice de la razón de fondo por la cual el yerno de Pinochet entregó prebendas a políticos de todo el espectro: garantizar la continuidad de su negocio y que no hubiese un cuestionamiento público de cómo llegó a ostentar la propiedad de SQM y gran parte del litio chileno.
A fines de diciembre de 2015, la sociedad chilena Oro Blanco anunció el inicio del proceso de venta de toda su participación en la sociedad Pampa Calichera, la que posee gran peso dentro del esquema de control de SQM. Es así como Oro Blanco posee el 88,64% de Pampa Calichera, la que a su vez tiene el control del 21,66% de SQM.
Han sido diversas las empresas de capitales extranjeros interesadas en comprar SQM.Sobre todo, tras las declaraciones de la ministra de minería Aurora Williams, quien señalara en una entrevista a un medio canadiense que “Chile no bloqueará la venta de SQM a capitales foráneos”.
Aquí quiero hacer un punto. Tras la revelación del correo donde el gerente de SQM Patricio Contesse envió al entonces senador Pablo Longueira un artículo sobre el impuesto a la minería, que luego se incluyó de forma íntegra en la ley del Royalty Minero, el ex presidente Piñera y el ex ministro de Secretario General de Gobierno, Cristián Larroulet han salido a defender la ley de royalty como si las mineras hubieran hecho altruismo para la reconstrucción.
En este sentido la pregunta es ¿hasta cuando tenemos que mendigar nuestros propios recursos?
Existen razones de Estado suficientes, para plantear la expropiación de empresas estratégicas como SQM, las que durante más de dos décadas han hecho usufructo de nuestros recursos naturales y minerales, sin que haya existido una retribución real para los chilenos, ni menos una ley de Royalty que retribuya de manera justa la explotación de nuestros recursos minerales.
Si bien, la Presidenta Michelle Bachelet anunció una nueva “Política del Litio y la Gobernanza de los Salares”, donde se ratifica el carácter estratégico del mineral, haciendo que éste no sea concesionable a extranjeros, la venta de SQM a capitales foráneos contradice de manera flagrante la base principal de la política sugerida en el informe de la Comisión del Litio, el que establece que toda nueva explotación de este mineral sólo debe ser autorizado a través de una empresa del Estado o una empresa en que el Estado sea controlador.
SQM debe ser expropiada, así lo exige el interés nacional.
Hoy, Codelco está en condiciones de asumir el control de la explotación de este mineral, ya que posee todas las características, los recursos profesionales, el conocimiento y la experticia técnica para hacerse cargo de un proyecto de esta magnitud que beneficie al país.
No queremos que se repita lo que nos pasó con el cobre o el salitre, para ello hay que dar un salto real hacia la revolución del litio y comenzar a elaborar productos derivados a través de la industria nacional.
Actualmente el ion de litio se utiliza en toda la tecnología, desde teléfonos celulares hasta autos eléctricos, por lo que la demanda va a seguir creciendo. He ahí la necesidad de procesarlo y generar una industria nacional de productos de litio.
Hoy estamos un paso atrás en comparación con países hermanos como Bolivia, quien tras no lograr acuerdo con empresas extranjeras, invirtió 618 millones de dólares en impulsar la industria de litio en el Salar de Uyuni, considerada la mayor reserva mundial de ese material.
Este puede ser el reimpulso que necesita nuestra economía y la de la región, toda vez que junto a Bolivia y Argentina concentramos más del 80% del mineral del planeta.
La definición del futuro del litio es un debate que debe hacerse de cara a la ciudadanía.Hoy el proceso constituyente nos da la oportunidad histórica de plantear la recuperación por parte del Estado de empresas estratégicas para el país y terminar con el saqueo indiscriminado de nuestros recursos minerales.
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