Acusación ante CDIH: La destrucción al patrimonio biocultural en México es consentida y promovida por el Estado mexicano

Expuso sociedad civil ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos
la destrucción al patrimonio biocultural en México consentida y
promovida por el Estado mexicano

• Se refirieron a los impactos que los megadesarrollos y autorización de transgénicos han ocasionado a pueblos indígenas y equiparables.

• Pidieron visita del Relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y del Comisionado responsable en México para conocer de primera mano los impactos en las comunidades por la falta de consulta y participación que se da en algunos de los proyectos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió una audiencia en su sede en Washington D.C. este 30 de octubre de 2014 a organizaciones sociales, académicos y representantes de comunidades indígenas para hablar sobre la destrucción que se está llevando a cabo en el país del patrimonio biocultural de México debido a la autorización de diversos megaproyectos, así como por la ausencia de legislación y política pública culturalmente adecuada para los pueblos indígenas y comunidades equiparables.

Catorce organizaciones de la sociedad civil, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCSS) y los pueblos maya, nahua de la Sierra Norte y la tribu Yaqui, solicitaron a la CIDH audiencia temática para exponer un patrón sistemático de violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos.

En la audiencia se expuso que en México el 70% del territorio tiene potencial minero, el 35% del territorio nacional ha sido concesionado entre los años 2000 y 2010 por un total de más de 29 mil concesiones mineras otorgadas por el Estado mexicano. Alrededor del 17% de estas concesiones ‐5,087 títulos‐ se encuentran dentro de alguno de los territorios indígenas. En algunos casos, las concesiones ocupan todo el territorio ancestral como es el caso de kiliwas, kikapoo, cucapás, pimas y guarijios. En la Sierra Norte de Puebla, el gobierno ha expedido 103 concesiones mineras, correspondientes a 912 mil 281 hectáreas, espacio que representa el 18% de ese territorio. Dichas concesiones se traslapan con los territorios ancestrales de los pueblos nahuas y totonaco. Otro de los temas vinculados al patrimonio biocultural expuestos ante la CIDH son las autorizaciones para la siembra de organismos genéticamente modificados (OGM) en México y la amenaza que esto representa para el maíz, alimento ancestral y fundamental de la cultura y sobrevivencia de los y las mexicanos.

“Debido a la política del Estado en parte del país, se ha sustituido el maíz indígena por el mejorado e híbrido, principalmente en áreas de riego y de temporal con buenas condiciones de lluvias anuales. El 92% proviene de pocas empresas transnacionales, que no tienen la obligación de certificar de dónde obtuvieron su germoplasma y tiene la protección de obtentores en la ley de semillas de 2007”.
Así mismo, en la Península de Yucatán han sido autorizados, sin consulta previa libre e informada al pueblo maya –tal como lo contempla el Convenio 169 de la OIT–, varios permisos para siembra de soya genéticamente modificada, entre los que destaca un permiso para siembra comercial de 253 mil hectáreas. Ante esta arbitrariedad comunidades y organizaciones mayas de los estados de Campeche y Yucatán interpusieron tres amparos, en cuyas sentencias el Poder Judicial reconoce la arbitrariedad, falla a favor del pueblo maya y deja sin efecto este permiso. Actualmente, dos de estos tres juicios están a cargo de tribunales colegiados y uno de ellos ha sido atraído, dada su relevancia, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe mencionar que, aún con las sentencias que prohíben estos cultivos y en claro desacato a la restricción judicial, este año se sembró soya transgénica en el estado de Campeche.

Las peticiones hechas a la CIDH incluyen realizar un trabajo masivo de difusión en su Informe Regional sobre el Derecho a la Consulta; solicitar información al Estado mexicano respecto de los mecanismos de consulta vigentes en casos de proyectos de supuesto interés público y los mecanismos para evaluar la sostenibilidad ambiental de los proyectos y su impacto sobre el patrimonio biocultural, sobre todo en el contexto de la reforma energética; que la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas realice una visita en conjunto con el Comisionado responsable en México, a fin de que recuerden al Estado mexicano sus obligaciones internacionales, específicamente relacionados con el derecho a la consulta, a la participación y a la información, al derecho de acceso a la justicia, así como a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

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