Nueva Constitución: el gato cuidando la carnicería

9 de enero de 2014
En una reveladora columna de opinión (El Mercurio, 21 de diciembre, 2013), el senador Ignacio Walker ha planteado tres afirmaciones que valdría la pena debatir. La primera dice relación con la cuestión constitucional. Sostiene que para tener una nueva Constitución se requieren sólo tres cambios: eliminar el sistema binominal, suprimir las leyes orgánicas constitucionales y terminar con el control preventivo del Tribunal Constitucional. Aquello sería el cerrojo que mantendría el poder de veto de la minoría. Abierto ese cerrojo, tendríamos una nueva Constitución.

Pero, ¿es efectiva aquella afirmación? Me temo que no. Y por una razón muy simple. Existe un importante cuerpo de materias que hoy son objeto de debate público y que no podría ser materia de cambio debido a que para su reforma se necesitaría de 3/5 y, en otros casos, de 2/3 del Congreso. Lo que el senador Walker propone es una reforma y no una nueva Constitución. Para materializarse una nueva Constitución se necesitaría de una revisión total de las reglas del juego que hoy nos rigen, postura sostenida por el constitucionalista y asesor de Bachelet, Francisco Zúñiga.

El concepto “nueva Constitución” tiende a ser difuso cuando hablamos de procesos políticos como el chileno, que han definido su derrotero político a partir de la gradual transformación de las instituciones. El criterio más exigente es cuando un cuerpo representativo de la sociedad (una asamblea) delibera y propone un nuevo texto a la ciudadanía, que lo ratifica mediante un plebiscito. Dicho cuerpo luego se autodisuelve para generar un nuevo ciclo político libre de conflictos de interés del ciclo anterior. En este sentido, la nueva Constitución no se define tan sólo por el contenido de las reformas establecidas, sino que también por el mecanismo que la impulsa, es decir, quiénes participan de su definición.

La experiencia práctica de las reformas constitucionales que hemos observado desde que Chile es república muestra, con particular nitidez, que el interés individual tiende a predominar por sobre el general. Si aceptamos que los actores políticos actúan la mayor parte del tiempo por interés más que por generosidad, tomaremos las prevenciones para definir las reglas del juego de la mejor forma posible.

La segunda afirmación del senador Walker es que la misión de establecer una nueva Constitución “recae en los hombros de la élite política chilena”. Seguramente guiado por una importante cuota de pragmatismo, el senador ve que el único camino posible de transformación constitucional es la vía del Congreso Nacional y de ahí que señale la responsabilidad que les toca cumplir. Ahora bien, ¿está predeterminada aquella vía? Si la norma es expresión de un acuerdo político (porque eso es lo que es), ¿no podría aquella élite política imaginar mecanismos de decisión y participación social para otorgarle mayor legitimidad a este cambio? ¿O estamos condenados como sociedad a que sólo en algunos hombros (los de la élite) recaiga el poder de definir las reglas del juego, y la sociedad participar exclusivamente a partir de plebiscitos?

Los líderes son capaces de crear realidades y hechos políticos. Perfectamente se podrían imaginar mecanismos innovadores de participación y decisión que involucren ya no sólo a los hombros de aquella élite, sino que a un conjunto de fuerzas sociales que podrían contribuir a pensar un nuevo pacto constitucional. ¿Por qué no gatillar un debate nacional sobre la Constitución que queremos? ¿Por qué no invitar a las fuerzas conservadoras, liberales y progresistas a sumarse a este debate? ¿Por qué no incorporar a los pueblos indígenas (que no tienen representación en aquella élite mencionada por el senador Walker)? Perfectamente se podría promover un debate ordenado, racional, pluralista y abierto sobre la Constitución que queremos.

La tercera, y quizás más controversial afirmación, es cuando señala que “resolver la llamada cuestión constitucional de manera inteligente es una exigencia patriótica” que recae en aquella mencionada élite. Lo controversial de ella es asumir que nuestros políticos actúan por patriotismo y no por intereses. Pensar que los actores políticos renunciarán a sus intereses particulares a favor del interés general pareciera ser un acto, por decir lo menos, ingenuo.

La experiencia práctica de las reformas constitucionales que hemos observado desde que Chile es república muestra, con particular nitidez, que el interés individual tiende a predominar por sobre el general. Si aceptamos que los actores políticos actúan la mayor parte del tiempo por interés más que por generosidad, tomaremos las prevenciones para definir las reglas del juego de la mejor forma posible. De otro modo, la reforma al binominal beneficiará a quienes están redefiniendo precisamente hoy los distritos, los nuevos quórums beneficiarán a quienes se transformarán en minoría, y así sucesivamente.

El gran problema de la “vía institucional”, al gatillar reformas desde el Congreso Nacional, es que los legisladores serán jueces y parte de la reforma. Y tenemos fundadas razones para sospechar que el gato que cuidará la carnicería no se comportará precisamente como un patriota.

– El autor, Claudio Fuentes, es Director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, ICSO Universidad Diego Portales.
http://www.icso.cl

*Fuente: El Mostrador