Pueblo Mapuche: Impactos sobre la niñez y sus derechos

Publicado el 6 enero, 2014|
La desigualdad territorial y la exclusión social tienen una particular expresión en el detrimento en los derechos de la niñez mapuche. Comentarios al respecto formularon algunos de los expositores y asistentes al coloquio.

Ana María Oyarce consultora CEPAL, co-autora del informe: “Tal como mostramos en el estudio, si hay alguien a quien afecta de manera desproporcionada e inaceptable, -a la luz de los convenios internacionales que ha suscrito este país, como son los Convenios 169 o la Convención de los Derechos del Niño-, es a los niños mapuche. Esta situación tiene dos dimensiones: una dimensión es la pobreza y la falta de acceso a los bienes y servicios del Estado, que es una forma de violencia estructural; la otra es la situación de la violencia institucional que ocurre cuando se criminaliza la movilización de sus padres en su lucha por los territorios.  Como la familia mapuche es la base de la estructura social de las comunidades, ellos (los niños/as) reciben toda esta violencia policial, ya sea como balas, balines, golpes, maltrato verbal… y eso claramente es una situación muy extrema.”

Nancy Yáñez, abogada de Observatorio Ciudadano:  “Yo, de lo que puedo dar testimonio es de las acciones presentadas por la comunidad de Temucuicui ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por los niños que han sido víctimas de abusos policiales durante los procesos de allanamiento. Ninguno de estos allanamientos ha tenido las condiciones mínimas de un debido proceso, pero además, han ejercido uso abusivo de la fuerza en contra de personas en condición de vulnerabilidad, como es el caso de los niños. La responsabilidad en la protección de los derechos fundamentales es del Estado. Esto, porque lo que legitima al Estado es ser precisamente garante del bien común y de los derechos esenciales de las personas y de los pueblos. Es eso lo que no se está cumpliendo.”

José Victoriano Polo Queipul, werken de Tokiwe, Victoria: “Los niños se ven afectados directamente en las comunidades. Este es un tema territorial, no sólo ocurre en Temucuicui, ocurre en todas las localidades que componen nuestro territorio. Muchos niños han sido alcanzados por perdigones y, como consecuencia, su vida ya no es la de un niño común. Su vida cambia. Yo he visto como los niños ya no juegan a los juegos comunes, sino que juegan al enfrentamiento entre las fuerzas represivas y el pueblo mapuche. Creo que ése es un daño que se le está causando a los niños, un daño psicológico.”

Ana Llao, Consejera Nacional Mapuche CONADI: “Quienes estamos obligados en primer lugar a resguardar los derechos de los niños y niñas somos los padres y abuelos, la comunidad. Sin embargo, el que tiene que entregar la garantía y las herramientas es el Estado de Chile, cosa que estos últimos tiempos no ha estado haciendo. Más bien es todo lo contrario: en vez de garantizar una buena educación, una buena salud, un buen vivir, hoy día están criminalizando. La semana pasada estuvieron presentando recursos de amparo cinco niños de siete años que fueron baleados el 1 de noviembre. ¿Quién puede pensar que esos niños pueden ir a hacerle una emboscada a Carabineros?  Entonces se vulneran todos los derechos.”

Mijael Carbone, werken de Temucuicui: “La infancia mapuche tiene una conexión con la tierra. Cuando tú pierdes el territorio pierdes lo que tú eres, esa conexión con la tierra y, por ende, con tu identidad.  La pérdida de territorio ha traído conflicto en la zona, por el hecho de que las comunidades quieren recuperarlo. Se producen allanamientos que afectan a la niñez mediante la violencia física y psicológica… La protección de esos derechos es responsabilidad del Estado de Chile y de sus instituciones, pero son ellos los que nos reprimen y los que ponen en riesgo la integridad de los niños y violan los derechos fundamentales de los niños. Por lo tanto, no encontramos quienes sino nosotros mismos, al interior de las comunidades, quienes tenemos que hacernos responsables de proteger a los niños.”

Pablo Marimán, historiador: “Cuando se ha reprimido a la población, vía allanamientos por ejemplo, no se ha discriminado. El concepto que tienen los sujetos que van a allanar una comunidad es que pueden entrar y salir de la comunidad y los predios porque no entienden que el camino público es el límite: ahí está el Estado y para adentro está lo que, entre comillas, es propiedad de la comunidad. Entonces, cuando estos tipos entran agresivamente pasan a llevar otros conceptos también respecto de lo que es el patrimonio y la espacialidad mapuche. Me doy toda esta vuelta para explicar que un niño que observa cómo se violenta su espacio, su cotidiano, como se agrede a sus padres, es lo más nefasto que puede haber para la formación de un sujeto en la perspectiva de sus derechos. A ese sujeto se le están negando constantemente sus derechos.”

Carlos Muñoz, Red de ONGs de Infancia y Juventud: “Desde 2009 hemos realizado un proceso para visibilizar la problemática de violencia institucional que viven los niños y niñas mapuche en las comunidades en conflicto por la recuperación de los territorios ancestrales. También junto con la Fundación ANIDE hicimos toda la incidencia para que se modificara la Ley Antiterrorista, cosa que sucedió el 2010, con un cambio el 2011, y pese a lo cual aun así se sigue aplicando. (…)Cuando hay allanamientos o violencia excesiva hacia una comunidad, es contra todos sus miembros, incluyendo a los niños y niñas. Los y las mapuche desde muy pequeños  están siendo víctimas de violencia del Estado, por ejemplo, interrogatorios en el trayecto hacia sus escuelas; procedimientos bastante irregulares en las mismas escuelas donde estudian; imputaciones de delitos, encarcelamientos. La responsabilidad de lo que ocurre es del Estado en su conjunto. Es decir, hay responsabilidades del poder judicial frente a la aplicación de una normativa que se supone que tiene un cierto espíritu y que, por lo tanto, no la están respetando. También del Ministerio Público, como ente autónomo, porque invoca procedimientos de normas que no pueden aplicarse según el espíritu de las reformas que se hicieron a personas menores de 18 años. Del Ejecutivo, que responde con criminalización y con violencia policial. También del legislativo, porque hay muchas cosas que requieren de cambios legislativos. Por lo tanto, la responsabilidad es estatal. Es completa, porque ninguno de los actores pone de su parte para resolver un problema que es de fondo,  que es del Estado de Chile con un pueblo completo.”

*Fuente: Pichikeche