Ley de Pesca: Del descrédito parlamentario a la desobediencia civil

Chile, como país oceánico se ubica en el Pacífico suroriental, una de las cinco áreas marinas más productivas y con mayor biodiversidad del planeta. Sus 3,6 millones de kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales superan cinco veces su superficie terrestre. En sus 4.200 kms. de costa expuesta y 30.000 kms. de costa protegida -especialmente en los archipiélagos y fiordos de Chiloé y en las regiones de Aysén y Magallanes-, se asientan 436 caletas que albergan a 81.000 pescadores artesanales y sus familias, las que conviven con 57.000 trabajadores de la flota industrial y plantas procesadoras.

La pesca extractiva, junto a las actividades de acuicultura, generan producciones que superan los 3.000 millones de dólares anuales. Estas se destinan casi en un 90% a satisfacer las demandas del mercado internacional. Chile es el séptimo país en volumen de desembarque de recursos hidrobiológicos, principalmente peces, moluscos, crustáceos y algas. A su vez, es uno de los principales elaboradores de harina de pescado y el segundo productor mundial de salmones y truchas cultivadas.

Sin embargo, esta gran riqueza marina nunca ha estado al servicio de los intereses y necesidades de la sociedad chilena y sus comunidades costeras, debido al modelo extractivista-exportador de tipo “minero”, impuesto en los últimos cincuenta años por el cartel de la pesca al amparo de la dictadura militar y los sucesivos gobiernos civiles bajo la lógica negociadora binominal. Ejemplo de ello es que Chile es uno de los países cuya población tiene uno de los menores consumos de pescado por habitante: 7 kgs. al año. Esto lo sitúa bajo el consumo promedio mundial, 17 kgs. por habitante al año.

Cinco décadas de saqueo industrial han llevado al colapso y la sobreexplotación al 68% de las principales pesquerías nacionales administradas bajo el sistema de cuotas individuales transferibles. Ejemplo de esta dramática situación lo constituye el jurel (Trachurus murphiyii), principal pesquería nacional, cuya captura ha caído desde los 4,5 millones de toneladas en 1995, a 252 mil toneladas en 2012. A ello se unen los altos niveles de concentración económica, exclusión social y creciente transnacionalización que presenta el sector pesquero y de acuicultura.

En diciembre de 2011 el gobierno de Sebastián Piñera, a través de su ministro de Economía, Pablo Longueira, ingresó a trámite legislativo el proyecto para modificar la actual Ley de Pesca y Acuicultura que regula el sistema de cuotas individuales transferibles de pesca (CIT), acordado transitoriamente por 10 años entre el gobierno de Ricardo Lagos y los grandes empresarios pesqueros, el cual caduca el 31 de diciembre del 2012.

Esta ley tramitada en tiempo récord, le ha quitado al Estado la propiedad sobre los recursos marinos. En su reemplazo reconoce excluyentes “derechos históricos” y privilegios monopólicos al empresariado pesquero industrial, entregándole licencias de pesca de 20 años renovables por igual periodo, las cuales podrán ser vendidas, compradas, arrendadas, hipotecadas y heredadas, al pasar a engrosar el patrimonio de las siete familias que conforman el cartel de la pesca en Chile.

Los cuatro conglomerados industriales beneficiados son: Orizon, Blumar, Camanchaca Pesca Sur S.A. y Food Corp, propiedad de las familias Angelini, Lecaros, Sarquis, Yaconi-Santa Cruz, Stenjel, Izquierdo y Mogster (Noruega). A ellas hay que agregar las transnacionales Nipon Suissan Kaisha (Japón) en alianza con la familia Del Río, y PescaNova (España), que dominan las pesquerías demersales en las regiones del centro y extremo sur del país.

La Ley Longueira constituye una expropiación de bienes públicos, con lo cual se privatiza uno de los últimos sectores de la economía. Resulta paradojal que sean los hijos políticos de Pinochet, juramentados en Chacarillas en 1977 -Longueira, Larroulet, Chadwick, Melero y Larraín-, quienes han impulsado en el Parlamento, amparados por el binominalismo y el apoyo casi en bloque del Partido Demócrata Cristiano, este proyecto, cuyas bases se encuentran en la fallida ley de privatización pesquera que elaboró en 1989 el almirante José Toribio Merino. También Longueira y la UDI contaron con el apoyo de sectores del PS, como los senadores Fulvio Rossi y Juan Pablo Letelier.

La nueva Ley de Pesca entrega al cartel de la pesca el goce exclusivo de la renta de 740 millones de dólares anuales que generan las pesquerías chilenas. Según valores presentados por la Subsecretaría de Pesca, el Estado, a través de la ley 19.713, ha entregado de manera gratuita durante los últimos 12 años rentas por más de 8.900 millones de dólares a la industria, sin que exista un mecanismo transparente de asignación, ni una justa recaudación para el Estado por la utilización de recursos que son bienes comunes.

La Ley Longueira busca profundizar el enfoque extractivista-exportador, fortalecer los procesos de concentración económica y de articulación entre el sector pesquero y de acuicultura con bancos y corredoras de Bolsa, eliminar el papel del Estado en la propiedad de los peces y los procesos de uso y acceso a los recursos marinos, transfiriendo dicho rol a los mercados secundarios de compra, venta y arriendo de cuotas individuales de pesca y de concesiones de acuicultura. Con ello se dará inicio a la fase especulativa en la pesca chilena, donde tendrán más valor los papeles de cuotas de pesca en las corredoras de Bolsa y bancos, que la existencia física del recurso pez en el agua.

La inusual tramitación en tiempo récord que ha tenido el proyecto de Longueira adolece de serios vicios de forma y fondo. Entre ellos destacan la participación en la discusión y votación de senadores-accionistas de las empresas pesqueras y el no haber realizado la consulta obligatoria previa a los pueblos originarios (mapuche, lafkenche, huilliche, rapanui y kaweskar). Con ello, el gobierno y el Parlamento han violado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual fue ratificado por el Estado, siendo por lo tanto ley de la República a partir de 2009, por lo cual la Ley Longueira se vuelve impugnable.

Ante la aprobación de la Ley Longueira impuesta en el Parlamento, a los ciudadanos de a pie y a los pescadores artesanales y pueblos originarios sólo nos queda la movilización social y pasar a una nueva etapa: la desobediencia civil pacífica ante la promulgación de leyes injustas, impuestas por senadores con conflictos de intereses y un Parlamento y clase política cuestionados en su legitimidad por, a lo menos, un 61% de la ciudadanía. Las últimas movilizaciones en rechazo a la Ley Longueira han encontrado unidos a la Fech, Confech, Aces, Federación Nacional de Sindicatos Bancarios, Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), organizaciones de los pueblos mapuche-lafkenche y Alianza Ciudadana para la Defensa del Mar, entre otras expresiones del sentir ciudadano. La Identidad Lafkenche y el recién electo alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, han señalado que para los mapuche-lafkenches, la Ley Longueira no tiene validez, lo cual se suma al llamado a la desobediencia civil de la Condepp, la cual agrupa a 50 mil pescadores. La Ley Longueira se está transformando en el ícono de la resistencia popular y ciudadana contra lo peor del sistema político chileno.

JUAN CARLOS CARDENAS N.
Médico veterinario
Director ejecutivo Centro Ecoceanos

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 772, 7 de diciembre, 2012

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*Fuente: Rebelión