Se agrava salud de mapuches tras dos meses en huelga de hambre

12 / 05 / 11
La vocera de los presos políticos mapuche, Natividad
Llanquileo, se refirió a la compleja situación que viven los comuneros
condenados a 20 y 25 años por el tribunal de Cañete, quienes están en huelga de
hambre hace dos meses, en la segunda movilización que realizan para exigir un
trato igualitario de la justicia chilena.

Los comuneros ya registran una baja de peso promedio que
supera los 22 kilos y un delicado estado de salud a raíz de los daños que
sufrieron en el movimiento del 2010. Ramón Llanquileo sufrió una
descompensación y fue trasladado al hospital de Angol. Hay que recordar que la Corte de Apelaciones de
Temuco falló a favor del director regional de Gendarmería, que le permite
trasladar a los 4 mapuche a centros hospitalarios.

Así lo confirmó su hermana la vocera, Natividad Llanquileo,
quien declaró que "lo trasladaron al hospital para realizarle exámenes, los
cuales no salieron muy bien ya que existe un monitoreo cada media hora. Se ve
muy debilitado, delgado y las cosas se complican para los tres detenidos. Quizá
mañana puedan sacarlo del hospital, no sabemos, porque el escenario se ve muy
complejo".

Lo mismo aconteció ayer miércoles con Jonathan Huillican,
quien debió ser trasladado al Hospital de Angol para estabilizar sus graves
descompensaciones. Sin embargo, Natividad advirtió que los comuneros están con
buen ánimo y que mantendrán la huelga "hasta las últimas consecuencias". Una
decisión que preocupa a familiares y amigos, más aún cuando el gobierno ha
señalado a través del subsecretario de Presidencia, Claudio Álvarado, que ya no
tiene nada más que hacer en este caso, que está en manos de los tribunales de
justicia.

En este sentido los comuneros piden que se revisen lo antes
posible los recursos que están en la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de
Concepción, donde llegó la querella por ley antiterrorista por los delitos del
juicio de Cañete, convirtiéndose en una nueva demanda civil por los mismos hechos
que podría generar una nueva condena.

Ante ello, la vocera mapuche declaró que "es posible que se
ratifique la sentencia en la
Corte de Apelaciones o que se dicte otra resolución en el
juicio oral, lo que implica nuevas condenas. Se podría recurrir a tribunales
internacionales, pero esto tomaría mucho tiempo, quizá terminemos llorando
sobre la leche derramada ante un problema que no se pudo solucionar antes, aún
cuando existen consecuencias que se podían prever y actuar antes de tiempo".
Esta acción judicial estaba en tabla, pero fue eliminada y no se han vuelto a
tener noticias sobre cuándo se discutirá.

Recurso de Nulidad
Mientras tanto en la capital, a contar de las 9 horas de hoy
jueves, en la Segunda
Sala de la
Corte Suprema, comenzarán los alegatos por el recurso de
nulidad que presentó la defensa de los cuatro huelguistas. Por los comuneros
alegará el jefe de estudios de la Defensoría Penal Pública del Biobío, Pelayo Vial,
mientras que por el Ministerio Público lo hará el fiscal a cargo de la acusación,
Andrés Cruz. Se estima que los alegatos se prolongarán por al menos tres días.

La
Segunda Sala estará integrada por los ministros Nibaldo
Segura, Rubén Ballesteros, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch y Carlos
Künsemüller. Entre los argumentos que presentará la defensa se cuentan las
graves vulneraciones de las garantías constitucionales de los condenados Héctor
Llaitul Carrillanca, Ramón Llanquileo Pilquiman, José Huenuche Reiman y
Jonathan Huillical Méndez. Pelayo Vial argumentará que los imputados no
tuvieron derecho a una defensa eficaz, tal como lo establece la Constitución, porque
la fiscalía usó testigos protegidos para obtener las condenas.

Según los defensores, en el juicio oral no fue posible
contrapreguntar adecuadamente a los seis "testigos sin rostro" que
presentó la fiscalía, debido a que desconocían su lugar de origen y los motivos
que los impulsaron a declarar. Sin embargo, de acuerdo a la defensa, estos
testigos protegidos fueron favorecidos con el desestimiento de la Fiscalía de Cañete de
seguir investigación en su contra por los mismos hechos delictuales por los que
se condenó a los comuneros.

Asimismo, Vial expondrá que uno de los testigos protegidos,
el Nº 26, mintió deliberadamente en su declaración, a la fiscalía y la PDI, con el fin de no ser
imputado en el atentado contra el fiscal Elgueta. El defensor expondrá en su
alegato que este testigo incluso reconoció su mentira en el juicio. Por su
parte, la fiscalía argumentará que el juicio se basó en una investigación
"objetiva, responsable y seria" y resaltará que "el veredicto reconoce que los
hechos indagados tienen características terroristas", aunque no se aplicó la Ley Antiterrorista
en las condenas.

A la audiencia asistirán autoridades nacionales e
internacionales ligadas a la defensa de los derechos humanos, como el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para este tema, Amerigo Incalcaterra; la
directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes; además de
parlamentarios como el senador Alejandro Navarro (MAS). Esta mañana, además, el
vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier, se reunió con el titular de la Corte Suprema Milton
Juica, para plantearle su preocupación por el llamado "Juicio de Cañete" y la
señal negativa que se da a la comunidad internacional desde Chile al aplicar la
mencionada normativa.

Según el legislador el país se verá afectado al dar muestras
de que acá hay terrorismo, en circunstancias que "el país está libre de ese
mal". "Además el uso de estas herramientas contra los mapuche deja a Chile como
un país en el que se discrimina a las minorías y se violan los derechos
humanos", dijo.

Duras condenas
Cabe recordar que el 22 de febrero pasado, el Tribunal Oral
Penal de Cañete declaró culpables a Llaitul y los otros tres miembros de la Coordinadora Arauco
Malleco (CAM) por el delito de homicidio calificado frustrado en la persona del
fiscal Mario Elgueta, además de un robo con intimidación. Otros 13 mapuches
fueron absueltos. El 22 de marzo, el tribunal leyó la sentencia definitiva y
condenó a Llalitul a un total de 25 años de cárcel, mientras que Llanquileo,
Huenuche y Huillical recibieron de 20 años de cárcel cada uno por los mismos
delitos.

Desde el 15 de marzo, los cuatro se encuentran en huelga de
hambre líquida en la cárcel de Angol en demanda de la nulidad del juicio. En su
opinión, para condenarlos se usaron las herramientas que contempla la Ley Antiterrorista,
entre ellas los testigos protegidos. El año pasado, estos cuatro comuneros,
junto con otros 30 presos mapuches, realizaron una huelga de hambre de 82 días
en protesta contra la aplicación de la Ley Antiterrorista
en sus juicios. El gobierno se comprometió a retirar las querellas presentadas
bajo esa norma, pero la
Fiscalía del Biobío insistió en aplicar la polémica ley.

En esta línea la vocera de los comuneros movilizados hizo un
llamado a la población chilena a apoyar esta causa para destrabar la situación
y buscar una solución política y efectiva a un conflicto que lleva años
activándose una y otra vez y que aún el Estado chileno ha podido solucionar.
Este llamado encontró eco en la organización humanitaria Amnistía
Internacional, que a través de su nueva directora local, Ana Piquer, manifestó
su preocupación por la "penalización" de la protesta social y la
huelga de los comuneros mapuche en Chile.

"Nos preocupa esta penalización de la protesta social,
que es la señal que se da con la aplicación de la ley antiterrorista en algunos
casos", afirmó Piquer en una entrevista. La actuación de las fuerzas de
seguridad en territorio mapuche, asi como en marchas y actos de protesta
pública ha sido cuestionada últimamente en diversas ocasiones por agrupaciones
de derechos humanos, organizaciones sociales y los propios tribunales de
justicia. Según Piquer, "en Chile existe la sensación de que los derechos
humanos son un tema del pasado, pero no algo relevante hoy en día".

Uno de los principales blancos de AI fue la aplicación de la
ley antiterrorista. "En términos generales es razonable que el Estado
quiera tener una legislación específica para hacer frente al terrorismo",
admitió Piquer. Pero esa legislación "contiene algunos aspectos que hemos
criticado", como que "no se aplique a casos que efectivamente constituyan
terrorismo de acuerdo a estándares internacionales". Otra crítica es el
recurso de la fiscalía a los llamados "testigos protegidos", que a
juicio de Piquer "debería ser una situación sumamente extrema, cuando
efectivamente existiese un riesgo para la seguridad del testigo, y aún así no
debería impedir que la defensa pudiera interrogarle o solicitar su
inhabilitación".

*Fuente: Azkintuwe