Jurista Mireille Fanon, Observadora internacional, acusa a juez Díaz de Cañete de prevaricación

Sobre el tribunal que enjuicia por ley antiterrorista a 17
comuneros mapuche ligados a recuperaciones de tierras en la zona del lago Lleu
Lleu, se fijan no sólo los ojos de mapuche y partidarios chilenos de su causa,
sino también los de la solidaridad global. 
Jorge Díaz se llama el juez que preside el tribunal oral de tres
miembros que enjuicia en Cañete (a unos 637 km al sur de Santiago), a estos luchadores
sociales. Andrés Cruz encabeza allí a los fiscales del ministerio público. El
magistrado Carlos Muñoz redactará la sentencia y la jueza Paola Schisiano
integra también el tribunal que está llevando adelante el juicio oral más largo
de nuestra historia.  Se cree concluye en
estos días el proceso iniciado el 8 de noviembre de 2010. Es posible que la
sentencia salga en febrero, mes que en Chile parece sinónimo de  inactividad política y social. Pero la
decisión de los jueces no sólo tendrá repercusión local y nacional.

Mireille Fanon-Mendès-France, miembro de la Fundación Frantz
Fanon, de la
Asociación Internacional de Juristas Demócratas, y
observadora internacional designada por el Colectivo de Apoyo al Pueblo Mapuche
en Francia (www.collectif.mapuche.over-blog.com) y por France
Libertés-Fundación Danièle Mitterrand (www.france-libertes.org) asistió a la
primera fase de este juicio. En  un
informe publicado en Rebelión[1] sostuvo que el juez ha incurrido en "abuso de
poder judicial discrecional…con muestras de flagrante parcialidad
interrumpiendo los interrogatorios, deslegitimando las preguntas de la defensa,
dificultando el derecho a la defensa y el trabajo de los abogados. El juez y
los fiscales cometieron intencionadamente el delito de soborno de un testigo ya
que obtuvieron declaraciones falsas (testigo 25 y 26) utilizando ofertas
(testigo 26). Este acto supone, ni más ni menos, corrupción…y tanto el juez
como los fiscales cometieron el delito de prevaricación al faltar, por mala fe,
a los deberes de su empleo". Mireille Fanon es Jurista de Derecho Internacional
Público, especialista del conflicto de Medio Oriente, y militante de la causa
palestina.  También es miembro de la Asociación Memoria-Verdad-Justicia
sobre los asesinatos políticos en Francia y contra la Impunidad. La
profesional es hija de Frantz Fanon, renombrado luchador y pensador, autor de
"Los condenados de la tierra".

Territorio en disputa
Hace casi una década, el Estado chileno comenzó a utilizar
la ley antiterrorista para hacer frente a las reivindicaciones del pueblo
mapuche. La enorme inversión de tiempo y recursos que realiza el Estado  en este juicio se enmarca en un intento de
escarmiento a luchas que se desarrollan en una zona estratégica para el modelo
económico vigente, por la inversión de empresas forestales, mineras y
turísticas. Esa inversión se ha realizado arrasando el territorio ancestral
mapuche y generando grave daño ambiental, expresado en escasez de agua, pérdida
de biodiversidad y contaminación de suelos y afectación de la salud de las
familias de los comuneros, entre otros problemas, lo que ha gatillado la
reacción de las comunidades afectadas y sus organizaciones.

Los 17 comuneros encausados son luchadores sociales del
pueblo mapuche que reivindican su territorio ancestral y han permanecido en
"prisión preventiva" por un año y ocho meses. Cinco de estos presos  fueron procesados por la justicia civil y
militar al mismo tiempo por un mismo hecho ocurrido en octubre del año 2009,
cuando el fiscal Elgueta y una brutal comitiva policial allanaron  la comunidad de Choque en el lago Lleu Lleu.
Héctor Llaitul, enfrenta posibles penas de 103 años por la justicia civil y 25
por la militar. Ramón Llanquileo podría ser condenado a 65 años por el tribunal
civil y a 11 años por la militar. Para José Huenuche, Luis Menares y Jonathan
Huillical,  la fiscalía civil y militar
pide 52 y 11 años de condena respectivamente.

Absolución y
desinformación
Sin embargo, paralelo a este juicio,  el tercer Tribunal Militar de Valdivia
absolvió de esos cargos de maltrato de obra a carabineros de servicio y daños a
vehículos policiales a los 5 procesados aquí citados. La justicia militar
concluyó que la utilización de testigos protegidos y las insuficientes pruebas
aportadas en el supuesto "ataque a la comitiva del fiscal Mario Elgueta en
Tirúa", no permiten condenar a estos presos políticos mapuche.

La mayoría de la opinión pública chilena, informada sólo por
los medios tradicionales sólo se enteró de la existencia de estos comuneros
cuando cumplían 81 días de huelga de hambre junto a otros presos políticos
mapuche, rompiendo con la fuerza de su movimiento la censura mediática. Pero lo
normal es que estos presos sean invisibles; las cárceles están muy lejos de
Santiago. El gobierno de Sebastián Piñera retiró las querellas por ley
antiterrorista como parte de los acuerdos refrendados con la presencia del
actual arzobispo de Santiago, monseñor Ezzatti, que actuó como mediador. Sin
embargo la prensa no se ha mostrado sorprendida porque el juicio se haya llevado
adelante sin recalificación de delitos.

El Ministerio Público hizo oídos sordos a ello y los 3
fiscales inquisidores -acompañados por el abogado de una de las forestales
querellantes- continuaron empeñados en lograr las lapidarias condenas
solicitadas, sin parangón en democracia. Como se persistió en la aplicación de
la ley antiterrorista, los 36 testigos sin rostro no han podido ser
contrainterrogados por la defensa, y en cambio los testigos de la defensa (que
comenzaron a declarar en la última semana de enero) son acosados por tres
fiscales y el juez, e incluso el primero fue fotografiado e intimidado antes de
entrar al recinto.

Los observadores
Un conjunto de observadores internacionales asiste a
distintas fases del prolongado juicio. Al inicio estuvieron Marcia Esparza
(Nueva York) y) Genevieve de Beauffort (Bélgica), junto a Ernesto Moreau,
Santiago Cavieres y Graciela Alvarez,

de la Asociación Interamericana de Juristas;  Roberto Garretón por el Instituto de DDHH de
Chile, Pilar Macías abogada penalista del Ministerio de Relaciones Exteriores
de España, Claudio Venturelli (Ginebra, Comisión Etica Contra la Tortura); Néstor Vega y
Mikaël Burbat (Francia). En la fase de cierre se incorporaron representantes
del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) y la Asociación de
Abogados/as de Derecho Indígena (AADI). En esta nota relevaremos el informe de
Mireille Fanon quien luego de asistir al inicio del juicio y presenciar las
declaraciones de los testigos protegidos, hizo un reporte de la situación que
circula en estos momentos en Europa y medios progresistas de todo el mundo.
Ella no duda en calificar la primera comparecencia de un testigo como una
"parodia de justicia y una auténtica mascarada".

Surrealismo de los
testigos
Respecto del testigo sin rostro individualizado como  23, Mireille Fanon afirma que las pruebas que
aporta son tan vagas que podrían concernir a cualquier acusado. "El juez,
consciente de su imprecisión, acude en su ayuda, sustituido por el fiscal que
dicta sus respuestas al testigo interrogándolo de tal manera que solo tiene que
aprender la parte de la pregunta que comprende la respuesta esperada por la
acusación", afirma Fanon. Agrega que durante el contra interrogatorio la
defensa se interesa por la declaración que debería estar firmada por el
testigo. "Sigue un intercambio surrealista en el que el juez acaba por precisar
que, por desgracia, ¡la declaración simplemente se ha debido de borrar! El
testigo acaba por reconocer que no sabe leer ni escribir." Denuncia que la
parte acusadora deslegitima todas las 
preguntas de los abogados defensores con el pretexto de que podría
permitir la identificación del testigo y pondría en peligro su vida.

Sobre los dichos del testigo 25, relata que   el testigo confiesa que no ha reconocido a
nadie (tiene un problema de vista y de oído) aunque durante su declaración
previa había dicho lo contrario. Confiesa que tiene problemas para aclararse
las ideas cuando bebe, y había bebido cuando tuvieron lugar los hechos y
concluye el testigo diciendo que nunca leyó ni vio su declaración fechada un
año atrás y firmada con una cruz. Sobre el testigo 26, que participó en los
mismos actos por los que son juzgados los acusados, la defensa sostiene que su
declaración le permitió estar libre, pero el testigo ahora confiesa no conocer
a las personas que inculpó anteriormente.

Prevaricación del
juez
Los hechos resumidos hacen concluir a la jurista francesa
que se configuran tres momentos de "denegación de derecho y del imperio de la
ley que incumben a todas las personas que obran por la justicia. Se trata de
una obstrucción flagrante al derecho a la defensa  organizada por el fiscal. Al actuar así el
juez no respetó el derecho a la defensa y, por consiguiente, a un juicio justo
y equitativo".

Ella considera que la prevaricación del juez se debe a
que  el objetivo esencial es amordazar a
la defensa y definitivamente hacer pasar a los militantes mapuche por
terroristas a los que se debe aplicar una ley excepcional, y recuerda que estos
métodos de soborno de testigos y de prevaricación se han utilizado en muchos
procesos políticos tanto en Estados Unidos (proceso de Mumia Abu Jamal) como
por el Estado de Israel. 

Concluye Fanon su informe afirmando que "en definitiva, esta
lucha contra el terrorismo… tiene el objetivo de obstruir, de limitar, de
impedir, incluso de eliminar el ejercicio de derechos fundamentales y más
precisamente de criminalizar todo tipo de actividad, incluidas las que tiene
por base la motivación política. Con esta lucha contra el llamado terrorismo,
el derecho nacional o internacional aparece claramente con la función no de
cambiar los regímenes jurídicos o de mejorarlos, sino de utilizarlos, cada vez
más, como un instrumento de represión político-ideológica y de puesta en tela
de juicio de los derechos políticos y civiles. Es ante  esto que se encuentran los mapuche que llevan
a cabo una lucha ejemplar para recuperar sus tierras de las que han sido
expoliados".

Impunidad de los
fiscales
Por su parte, los familiares de los presos enjuiciados
solicitaron en declaración pública dada a conocer el 19 de enero  "la renuncia inmediata de los Fiscales del
Ministerio Público por la coerción que han ejercido en contra de los testigos,
durante el desarrollo del Juicio Oral (como consta en los audios), y la
exposición de grabaciones de la vida privada de familiares de los presos
políticos mapuche, incluyendo a menores de edad.  Asimismo exigieron supervisar la actuación de
estos fiscales, y en especial la vinculación del Fiscal Andrés Cruz con un
hecho de tortura a un  "testigo secreto"  menor de edad.

Nota:
[1] "El caso de los Mapuche, Una cuestión de derecho en
Chile." Mireille Fanon, traducido por Beatriz Morales B, publicado en
www.rebelion.org

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