Uruguay: Por qué no se investiga la dictadura y su corrupción

Los delitos económicos, de saqueo y corrupción cometidos por la dictadura nunca se han investigado a pesar de estar exceptuados de la ley de impunidad vigente.

¿Por qué nunca han prosperado las investigaciones sobre la corrupción de la Dictadura civil-militar en Uruguay? La relectura del libro de 1987 “País Vaciado, dictadura y negociados”, del economista Miguel Carrió, ayuda a comenzar a develar el misterio.

Esta falta de interés por los delitos económicos de la dictadura llama más la atención puesto que este tipo de delitos está expresamente excluídos de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, esto es, quedan fuera del escudo protector de la impunidad que ampara en cambio a otras violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

En su libro, el investigador señala que “La dictadura no solamente sirvió para llenar bolsillos militares, también los civiles que se adaptaron al modelo económico aplicado pudieron utilizarla en su beneficio”. El autor explica al respecto que “Hacia 1972 comienza a delinearse una nueva estrategia de política económica de liberalización y apertura externa, que se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo 1973-77 elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Bordaberry, que contaba con el Contador Ricardo Zerbino como director y con el Contador Alberto Bensión como subdirector.”

En 1985 el presidente Julio María Sanguinetti designaría a Zerbino como su ministro de Economía y Finanzas, y en 2000 el presidente Jorge Batlle haría lo propio con el contador Bensión…

Una de las más escandalosas componendas cívico militares de la dictadura fue la llamada “Operación Conserva”, un contrato firmado en 1982 entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y una empresa llamada Inversur Trading Company, consistente básicamente en la exportación a Argentina de carne vacuna uruguaya para la elaboración de Corned Beef en Argentina…

Los beneficiados con esta Operación Conserva fueron los frigoríficos, que cotizaron el ganado a 850 dólares la tonelada, cuando el precio internacional de la carne manufacturada era de tan sólo 700. Los frigoríficos argentinos intervinientes en la operación pertenecían a un grupo estrechamente vinculado con el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, el general Ramón Camps.

En 1985, el Ministerio de Ganadería realizó una investigación administrativa sobre este operativo, y concluyó, entre otras cosas, que el estado uruguayo perdió más de 12 millones de dólares en el negocio y que se violó la ley de contabilidad y administración financiera… A pesar de ello, el ministro de Sanguinetti, Pedro Bonino, ordenó el archivo de las investigaciones. El caso nunca llegó a la justicia…

Miguel Carrió dedica un capítulo entero a contar las andanzas del vicealmirante Márquez, y revela que la Armada uruguaya manejó durante años una cuenta secreta en el mismo banco en el que hacía sus depósitos Augusto Pinochet: el Riggs National Bank.

Según explicaban los mismos marinos, la Armada había abierto esa cuenta para ocultar sus ganancias al Ejército y la Fuerza Aérea, temerosa de que su dinero terminara no siendo administrado por ella… En 1985, el senador José Germán Araújo (FA) denunció estas maniobras ilícitas en el Parlamento, pero el asunto no pasó a mayores…

En 1981, al allanar el escritorio en Arezzo, Italia, del Gran Maestro de la Logia Masónica Propaganda Due (P2) Licio Gelli, quedaron al descubierto las conexiones entre dicha organización mafiosa y altas personalidades de la política, las finanzas y la diplomacia internacionales. Entre los implicados en la densa trama de sobornos y lavado de dinero figuraba el el banquero Mario Ortolani, quien estaba instalado en Uruguay desde 1970, y en 1981 era la eminencia gris del Banco Financiero Sudamericano (BAFISUD) desde su aparentemente modesto cargo de Sub Gerente General.

Junto a Ortolani, integraban el Consejo de Administración de BAFISUD representantes de los intereses vaticanos, personalidades uruguayas del ambiente financiero, y el propio Licio Gelli… Ortolani construyó un denso entramado de intereses industriales y comerciales en torno al banco con el objetivo de vaciarlo en perjuicio de sus ahorristas….

Una vez en la presidencia, el dictador Álvarez ordena la incautación de los documentos encontrados en la casa que Licio Gelli tenía en Montevideo. Entre ellos se encuentran tres carpetas rotuladas “Massera, Emilio Eduardo”, el hombre de la logia en Argentina… amigo y socio del vicealmirante Hugo Márquez…

La lista de delitos, corrupciones, sobornos y contubernios cometidos en tiempos de dictadura puede ser inabarcable. Los civiles y los militares que gobernaron el país a su antojo durante más de una década, lo tomaron con una deuda externa de 716 millones de dólares y lo devolvieron con una de 6.000 millones. Nadie investigó nunca en qué se usó ese dinero ni ninguno de los gobiernos posteriores (tampoco el actual) puso algún reparo para pagarlo. Nadie comparó nunca la situación patrimonial de los oficiales de las Fuerzas Armadas en 1973 con la de 1985. ¿Llegará algún día la hora en que al fin se sancione “con todo el peso de la ley y el desprecio, a los que lograron prebendas, beneficios personales o familiares, o llenaron sus bolsillos de oro” durante la dictadura? Nadie parece interesado en que así sea. Las pruebas, empero: están.

*Fuente: Grupo Nizkor 

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