El amargo proceso de cierre de los juicios por violaciones a los DD.HH.

Hacia finales de junio el juez Alejandro Solís dictó sentencia por el atentado que costó la vida al general Carlos Prats y a su esposa Sofía Cuthbert en 1974 en Palermo, Buenos Aires. Solís condenó a cadena perpetua al ex director de la DINA, Manuel Contreras y a penas menores a otros seis agentes. Un mes más tarde el mismo juez volvía a condenar a Contreras, esta vez por el militante comunista Miguel Andrés Heredia Vásquez, desaparecido durante la dictadura en el campo de concentración de Tejas Verdes. Contreras, ya en prisión por otros numerosos crímenes, recibió otros 15 años. Con penas menores le acompañaron cinco cómplices.

Junto a estas condenas, que cierran largas investigaciones, otras se abren y otras siguen su proceso. Durante la primera quincena de agosto el juez Claudio Pavez procesó a cinco altos oficiales en retiro por el secuestro y muerte del coronel del Ejército Gerardo Huber, quien conocía aspectos de la venta ilegal de armas a Croacia a inicio de la década de 1990. Como se recuerda, Huber estuvo desaparecido durante el verano de 1992, y su cadáver fue hallado flotando en un río.

Por aquellas mismas semanas el ministro Mario Carroza sometió a proceso a dos generales en retiro y un coronel en servicio activo por la desaparición de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1987. Aun cuando el juez otorgó la libertad bajo fianza a los oficiales, el proceso está en plena marcha.

En forma paralela y coincidente, nueve oficiales en retiro, entre ellos un general clave durante la dictadura, fueron procesados por el secuestro de ocho personas en el Palacio de La Moneda el mismo 11 de septiembre de 1973. Desde entonces, ellos forman parte de la larga lista de desaparecidos. Entre ellos está el ex director de la policía civil Eduardo "Coco" Paredes y el doctor Enrique París, amigo personal de Salvador Allende.

El 13 de agosto  fue extraditado desde España a Italia el ex fiscal de la dictadura Alfonso Podlech, detenido hacia finales de julio en Barajas por una orden de detención del juez italiano Giancarlo Capaldo. Podlech enfrentará los cargos en Italia por la desaparición del ex sacerdote ítalo-chileno Omar Venturelli.

Y hay más casos. Como  el hallazgo en Calama de restos humanos, que podrían corresponder a presos ejecutados en 1973 en el marco de la llamada "Caravana de la Muerte", dirigida por el general Sergio Arellano Stark, que entre octubre y noviembre de 1973 asesinó a 75 personas. Según se informó entonces, los restos podrían pertenecer al ex gerente general de la división Andina de la minera Codelco.

Otra información sobre violaciones a los derechos humanos que tuvo efectos colaterales fueron las afirmaciones de la jefa del equipo de expertos que investiga la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva ocurrida en la Clínica santa María de Santiago en 1982, en plena dictadura de Augusto Pinochet. La especialista aseguró que ella adhiere a la tesis de la familia Frei en cuanto el ex presidente fue asesinado. Aun cuando el juez que lleva esta causa desestimó estas versiones antes de contar con más antecedentes y pericias, cada día este proceso modela más la tesis de un asesinato político realizado por los agentes de la dictadura.

Este caso, que es una espina clavada en la Democracia Cristiana, tuvo fuertes repercusiones políticas días más tarde. Cuando la presidenta Michelle Bachelet propuso al ministro Alfredo Pfeiffer como nuevo integrante de la Corte Suprema, el senado, y pese a todos los cálculos del gobierno, votó en contra de esa nominación. El giro de los senadores en su decisión de voto ocurrió tras un discurso de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo de Frei Frei Montalva y también ex presidente de Chile, quien llamó a sus correligionarios a impugnar el nombre de Pffeifer. Los motivos: este juez tenía un largo currículum de apoyo a los represores y había rechazado todas las solicitudes de desafuero de Pinochet. Y en una entrevista, había esbozado una curiosa teoría: Pffeifer había puesto en duda el holocausto nazi.

Estos y otros antecedentes apuntarían hacia el fin de los procesos por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Augusto Pinochet. Una percepción, que no tiene su referente en los hechos. Lo que hay, afirman abogados y activistas defensores de los derechos humanos, es un proceso de cierre de causas, sin embargo dista mucho de abarcar el extenso universo de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de Pinochet.

El conocido abogado de Derechos Humanos Nelson Caucoto, miembro de Fasic (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas)  afirmó a Terra: “Desde hace dos años a esta fecha estamos asistiendo a una etapa en que se están dictando sentencias. Pero eso no significa que se esté resolviendo toda la temática de derechos humanos a través de estos fallos”.

El proceso revela sus falencias. Porque “estamos en un periodo de decaimiento de las causas de derechos humanos. A pesar de las sentencias, estamos en un periodo de decaimiento en que el tiempo empieza a jugar en contra de las causas -35 años es mucho tiempo- y el cansancio también se ha apoderado de los ministros que llevan estas causas en las cortes. Hace falta gatillar una nueva realidad judicial que permita airear este tema, levantarlo de nuevo como un tema protagónico para así avanzar  hacia el término, hacia la resolución, su cierre. Hoy estamos llegando a un cierre, pero es muy parcial”.

De todas las causas que hoy se están investigando, con unas 300 personas procesadas, éstas no alcanzan a cubrir ni el 50 por ciento del total de víctimas. Es posible que el proceso avance hacia su cierre, pero, dice Caucoto, “en un contexto muy parcial, en que las víctimas no han alcanzado justicia. Nos alegramos de esas sentencias que ponen término a un juicio. Es una manera adecuada de poner término. Porque al haber sentencia significa que no operó ninguna ley de amnistía, sino que terminó el proceso en la vía del derecho, de los tribunales, que es la vía más civilizada para resolver estos conflictos”.

“Chile apostó bien a esta vía –continúa el abogado- pero hoy está muy adormecido en el sentido que todas las víctimas tienen el derecho que se haga un juicio. Que por lo menos tengan el derecho a tener un juicio. Porque hay causas que están cerradas desde tiempos de la dictadura. El mínimo derecho de hacer una investigación”.

Juana Aguilera, miembro de la Comisión Etica contra la Tortura (agrupación formada por religiosos, políticos, abogados y dirigentes sociales, entre otras figuras) comentó a Terra que es efectivamente un proceso de cierre de juicios, en el que se repiten nombres. Pero Juana va más allá. Se trata de un proceso encaminado, que no busca reactivar otras causas, sino comenzar a finalizar las investigaciones. Y para Juana el gobierno y la figura de Michelle Bachelet no puede ser mejor para ello: “Bachelet, por su condición, por su pasado de ex presa, torturada, por el exilio. Es una familia que vivió muchas de las formas de represión. Por lo tanto, ella aparece con autoridad moral para sellar todo lo que puede haber de cierre. De hecho, ella durante su campaña planteó abrir la comisión Valech (de prisión política y tortura), lo que hasta el momento no se ha hecho. Se mantiene en silencio el nombre de los torturadores durante 50 años”.

“Cuando se establece la comisión Valech –continúa Juana- se abren los casos de prisión política y tortura. Se dan a conocer unos 35 mil casos, de los cuales 28 mil son calificados. Según diversas organizaciones, como la Vicaría de la Solidaridad, la estimación de personas que pasaron por esta condición es del orden de 400 mil a 500 mil personas. Es decir, una de cada diez declaró. Lo que nosotros pedíamos es una comisión que investigara la tortura”.

Estos antecedentes han permitido el juicio en Italia al ex fiscal Podlech. “Son los sobrevivientes que estuvieron en las manos de esa persona” los que han impulsado esta causa, dice. Pero también matiza: “Sin embargo, todo parece avanzar hacia un cierre prematuro”.

Las causas que se están cerrando corresponden a detenidos desaparecidos y ejecutados. Los casos de tortura son los menos. Aun cuando durante los últimos años se avanzó en resolver violaciones a los derechos humanos, ha habido una desprotección respecto a la tortura. De uno u otro modo, se consideró un delito menor. Eso explica también que el último acto de reparación del Estado fue sobre la tortura.

“Hay que abrir un nuevo estadio en las investigaciones”, comenta Nelson Caucoto. “Hay que enfrentar todo lo que está inconcluso, hay que hacerlo con mucha mística, claro está, pero también necesitamos un nuevo instrumental”.

“Lo que me preocupa es más que una o dos causas. Son todas. El cierre de la justicia ordinaria va a dejar fuera una serie de causas y se deben restituir los jueces con dedicación exclusiva. Ese es el sistema que debe haber para canalizar todas las otras causas. Hay que dar un salto. Hacer el anuncio que esto se terminará, que sea en esta generación. No dejar que se diluya”, dice el abogado de Fasic.

Este es el fin. Construir la historia, crear la memoria, aunque sea con retazos de la historia. Pero hay también otras y nuevas preocupaciones que surgen desde el mismo presente. “Si mantenemos la impunidad de los actos de tortura de la dictadura, estamos avalando la tortura hoy en día”, afirma Juana Aguilera. Si se acepta, si se olvida, se permite el delito. Y eso es lo que la Comisión Etica observa hoy.

Hace una semana la Comisión presentó al gobierno de Bachelet un informe sobre los “alarmantes casos de tortura que se han presentado durante su mandato, algunos de los cuales han terminado con la vida de las personas afectadas”. Sólo durante las movilizaciones estudiantiles, dice el texto, han sido arrestados más de mil jóvenes.

Al colocar el tema de la tortura en la agenda pública nuevamente, dice Juana,  “se ha sacado una gran tranca a una puerta cerrada. Lo que nosotros estamos diciendo es que en Chile todavía se tortura”. Los motivos del regreso de tal práctica, parece decir Juana, habría que hurgarlos en el pasado.

– Artículo publicado en Terra Magazine. Reproducido en piensaChile con autorización de su autor.