Derechos Humanos y participación

Pensar los Derechos Humanos en Chile hoy implica hacer un rastreo de los últimos hechos acontecidos – y su situación actual- pero también requiere poder mirar un poco hacia atrás en la historia chilena reciente. Planteamos, por ello, una aproximación introductoria a la temática.

La dictadura ha terminado y no a causa de un dictador que se retira del gobierno como resultado de una crisis de poder interna ni a través de pacto con la sociedad civil, sino que termina cediendo el poder por presiones externas y una diferencia por el “NO” (1988) bastante relativa.

¿Qué realidad escondida se trasluce tras la muerte de Pinochet? Es una pregunta que he escuchado tiempo atrás y aún hoy nos resulta importante retomar. En principio la muerte de un dictador que fallece en la absoluta impunidad penal, dejando la herencia de los efectos del terror y la injusticia social, las cuáles derivarían en consecuencias aún más profundas: una constitución nacional que aún permanece vigente, una refundación social a través del disciplinamiento anestesiante diseminado en los diferentes estratos sociales, por mencionar sólo algunas. Sin embargo, con el paso de los años, se vislumbran ciertos cambios concretos que no deben ser menospreciados, así como limitaciones específicas que deben ser analizadas en mayor profundidad.

Los organismos de Derechos Humanos denuncian que los avances en torno a las políticas prometidas por el gobierno de Bachelet no son los esperados. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) se dirigió a la mandataria por las indefiniciones en la ratificación de tratados internacionales, en la anulación de la ley de Amnistía y en la reparación a las víctimas de las violaciones los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Por lo que los presidentes de los partidos oficialistas se comprometieron a llevar a tramitación rápida la interpretación del artículo 93 del Código Penal -sobre prescripción y amnistía de los delitos de lesa humanidad- y a solicitarle al Ejecutivo que todos los tratados relativos a derechos humanos sean llevados al Congreso y votados.

En cuanto a avances en políticas de memoria pareciera que en lo único en que ha habido un avance es la institución del 30 de agosto como el Día Nacional de estas víctimas. Lo cual resulta insuficiente. Existen casos como la inauguración del parque “Un Lugar para la Memoria, Paine”, recordando a 70 víctimas de violaciones de derechos humanos en esa localidad. Pero la misma ha sido iniciativa de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine. Se vislumbra un vacío en torno a posibles políticas de memoria que deberían ser impulsadas desde el gobierno y que serían de gran utilidad para repensar la historia aún no saldada y, muchas veces, aún ni siquiera contada.

Human Rights Watch, en su informe del 2007, reconoce que la Sala Penal de la Corte Suprema ha adoptado en sus últimas determinaciones el criterio de que ni las amnistías ni las prescripciones pueden obstaculizar el enjuiciamiento y castigo de los autores de esta clase de delitos. Por ello, se han producido avances, en lo que va de este año, en los litigios judiciales por los crímenes durante la dictadura aunque no siempre con los resultados esperados. Un ejemplo emblemático ha sido el caso por el crimen del cantautor Víctor Jara, ocurrido en septiembre de 1973, en el que el juez cerró el caso sin identificar a ningún autor. Sin embargo hubo sectores de la sociedad que presionaron para hasta que la justicia chilena decidió finalmente reabrir la investigación.

Se ha avanzado en condenas como las aplicadas a ex agentes de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), así como también se ha procesado a 98 ex agentes de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones por 42 víctimas de la Operación Colombo, por mencionar algunos de los casos registrados en los últimos meses. Pero las críticas vienen dadas por la falta de enjuiciamiento a la mayoría de los militares de alto rango y por la falta de efectividad en la aplicación de las condenas.

Que no se hayan esclarecido muchas de las denuncias de violaciones de derechos humanos parecería que se explicara por ciertas falencias de tipo judicial, es decir, debido a que aún rigen ciertas leyes que deberían haberse modificado. Pero creemos que se debe también a falencias resultantes de las luchas de poder, la falta de voluntad política y las continuidades en democracia de las herencias de la dictadura al interior de las instituciones mismas. Los intereses económicos que fluyen bajo la lógica neoliberal, los intereses corporativistas y la complicidad de los medios se suman al panorama descrito inicialmente. La deuda hacia las víctimas de la dictadura aún es inmensa, urgente y necesaria para que nuevos cambios puedan vislumbrarse.

Los medios de comunicación chilenos no suelen darle la cobertura necesaria a las noticias en relación a estos hechos, ni a los avances y retrocesos en materias de derechos humanos en general. Sin embargo, gracias a las actuales tecnologías surgen nuevas voces que hacen de contra información libre y generan nuevas solidaridades para brindar nuevos espacios y voces.  Pero si bien estas nuevas voces se presentan -ante la monopolización de los medios actual- como una fuente de información alternativa posible, no logran ser lo suficientemente extensivas para tener alcance sobre la mayoría de la población.

En este sentido hay que recordar una vez más que la participación de la ciudadanía y sus progresos en los asuntos públicos merece un acompañamiento desde el campo de la comunicación para que nuevos actores y voces se sumen a un cambio que sólo puede ser colectivo.

Entre la necesidad de mayor participación ciudadana y la mayor represión policial
Es sabido que, en general, las conquistas sociales, culturales y políticas del campo popular han sido fruto de sus propias luchas para cambiar el estado de cosas y no por meras concesiones de los grupos dominantes.

Por lo tanto, para que una profundización de la democracia y una transformación de la cultura autoritaria pueda ser llevada a cabo, una mayor participación ciudadana resulta fundamental. Sin embargo, los últimos acontecimientos han dado cuenta que ésta ha encontrado como respuesta la represión policial.

¿Qué nuevos canales o puentes se podrían construir para que la participación y el reclamo social lleguen a mejor puerto? y ¿qué políticas podría generar el gobierno para abrir el juego y dar una respuesta más justa en un contexto de marcada injusticia e inequidad?

Aquí resulta fundamental analizar también cuáles son las leyes que oprimen e impulsar las modificaciones pendientes en la Constitución Nacional, si la oposición parlamentaria pensara en término sociales en vez de en intereses partidarios mezquinos.

Quizás deberían aprender un poco más de los sectores populares que a través de sus reclamos han sabido organizarse de forma más transversal, construyendo nuevas formas de lucha y nuevas solidaridades.

En los últimos meses, los conflictos con la comunidad mapuche, los estudiantes y los trabajadores en general han sido ejemplo de ello.

Hay que destacar también que de estos viejos y nuevos conflictos surge la posibilidad de un análisis actualizado, por parte de los actores involucrados, acerca de la situación nacional en la que se hayan insertos y reflexiones resultantes de las propias luchas, que no deben ser minorizadas. Los jóvenes estudiantes, que se han organizado en contra de la Ley General de Educación (LGE) aprobada por el gobierno, se reconocen como actor político social fundamental para la transformación y el futuro nacional y reclaman una transformación profunda. Pero ante sus reclamos, los estudiantes y profesores, se han encontrado con un gobierno que les ha dado la espalada y que les ha enviado la fuerza policial que, de manera vergonzosa, no ha dudado en reprimirlos en cada manifestación legítimamente efectuada.

En cuanto a la represión a las comunidades mapuche, existen muchísimos informes internacionales de organismos de Derechos Humanos denunciando los abusos policiales, sin embargo los recursos de amparo de estos mapuches por detención ilegal o violencia innecesaria, no prosperan en la justicia.

Inclusive el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado su preocupación en torno al uso de legislación antiterrorista contra miembros de la comunidad mapuche, y ha pedido que Chile, como miembro recién elegido del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, respete y defienda los derechos humanos de todas las personas. Pero el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales aún no ha sido ratificado.

Se torna así cada vez más evidente la criminalización de la protesta como única respuesta del gobierno. Mientras tanto, los trabajadores chilenos siguen teniendo dificultades a la hora de sindicalizarse y la negociación laboral colectiva no es todavía una norma, como debiera serlo.

De esta situación resulta que la sociedad chilena, a través de diversos sondeos publicados, se siente cada vez menos representada por el gobierno y más descreída de las prácticas democráticas formales en general. Las principales instituciones de la república son manifiestamente rechazadas y esto no debería ser una preocupación menor para la clase política.

Como bien afirma Manuel Antonio Garretón: “mientras la Concertación no se movilice y organice para terminar con la época post pinochetista y la derecha no rompa definitivamente con su atavismo dictatorial, el escenario político será el mismo desde que se recuperó la democracia en 1990. Pero esta reproducción irá acompañada de una degradación de los bloques y de un creciente distanciamiento entre política y sociedad(1).”

Con motivo de la conmemoración de los 100 años del nacimiento de Salvador Allende han sido muchas las comparaciones que se han hecho entre el Chile que le fue contemporáneo y la situación actual. Las comparaciones resultan inevitables y a la vez se tornan enriquecedoras en el sentido de mirar un poco más hacia atrás en la historia chilena, aquello que planteábamos como fundamental. Sin embargo sería imprudente hacer comparaciones lineales salteándonos justamente uno de los períodos más oscuros de la historia de este país. Sería omitir aquella parte de la historia que nos explica cómo es que Chile se encuentra entre los países con peor distribución del ingreso en América Latina dejando que el mercado asuma cada vez más funciones que hoy el Estado no logra retomar. Sí, en cambio, nos parece pertinente recordar que Allende encarnó un proceso muy amplio de politización de la sociedad civil, de emergencia de nuevos actores y organizaciones y de ensanchamiento del espacio público. En especial porque, a pesar de todas las acusaciones acertadas hacia el gobierno de Bachelet, el riesgo que presentan los enclaves pinochetistas y la reorganización de la derecha es justamente avanzar en sentido opuesto: más privatización, mayor reducción del Estado y profundización de las políticas que nos condujeron hacia la situación actual.

A través de los diversos conflictos -que han tomado lugar en el espacio público de la sociedad chilena- ya se pueden identificar aquellas minorías que el sistema ha venido excluyendo crecientemente. Minorías que van proliferando silenciosamente a los ojos de un sistema que no ha podido realizar aún transformaciones profundas. Pero también en esta misma sociedad habitan minorías que habiendo sobrevivido a la dictadura pinochetista intentan seguir involucrándose en los procesos colectivos y sucesos trascendentes de su país, buscan organizarse y participar de manera democrática, a pesar de las condenas que no llegaron, a pesar de la represión constante hacia la protesta y a pesar de la indiferencia de la mayoría. Estas minorías todavía trabajan en pos de una democracia que trasciendan a los intereses corporativos y a la cultura autoritaria heredada.
– e-mail de la autora: Natalia Garrido nataliagarrido@yahoo.com

Fuentes:
[1] Garretón, Manuel Antonio: "Política y sociedad en Chile. Una mirada desde el Bicentenario" en  "El Chile del bicentenario" de Maximiliano Figueroa y Manuel Vicuña, coordinadores, Ediciones U. Diego Portales, 2008.

– Human Rights Watch

– Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas

– El Siglo

– Mapuexpress Informativo Mapuche

– Asamblea Nacional en Defensa de la Educación (ANDE)