El Comité fustigó el ensañamiento de las instancias judiciales españolas para con el ex-juez de la Audiencia Nacional domiciliada en Madrid. Argumentó que “Garzón no tuvo derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial y recordó que algunos de los jueces del Tribunal Supremo que lo juzgaron intervinieron en ambos casos, a pesar de la solicitud de Garzón de que fueran recusados”.