Esta decisión administrativa [NdR.: la de la Contraloría General de la República] contempla el cambio de uso de suelo de 10.000 hectáreas agrícolas localizadas en 8 comunas periféricas de nuestra saturada región. El gobierno, el influyente sector de la construcción y los especuladores que la solicitaron argüían que como no habían terrenos aptos para las edificación de viviendas al interior del radio urbano era necesario ampliar los límites para construir viviendas sociales requeridas con urgencia por los pobres.