Un tercio de las inversiones extranjeras directas en Chile provienen de la Unión Europea. Con la firma del acuerdo se busca establecer un Sistema de Corte de Inversiones (ICS, por sus siglas en inglés) que da a estos inversores derecho unilateral de demandar a los estados cuando estos actúen de maneras que interfiera con sus expectativas de ganancias, con la posibilidad de exigir indemnizaciones millonarias.