Queremos pensar que el juez de garantía Daniel Aravena tuvo la seguridad de interpretar el espíritu de las leyes a la hora de decidir la condena del caso PENTA. Luego de limitar solo al área tributaria la serie de delitos cometidos durante años por los socios controladores del poderoso grupo económico y financista político, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, la sentencia, sin embargo, resulta escandalosa en muchos ámbitos, incluso el académico. Sin la figura del cohecho de por medio, la condena se resumió a cuatro años de presidio menor en su grado máximo y a una multa de mil 754 millones de pesos. La resolución contenida en 90 páginas y de las que solo se limitó el juez a leer unos breves párrafos, admitía de inmediato una sustitución de la pena de cárcel por libertad vigilada con la condición de que los condenados asistieran a clases de ética empresarial.