¿Cómo es posible que solo sean las autoridades norteamericanas las que sancionen a una empresa chilena, en un caso de cohecho completamente doméstico, por pagos irregulares hechos en Chile, a políticos, partidos políticos y funcionarios públicos chilenos? ¿Dónde están las autoridades chilenas, y por qué no han reaccionado frente a esta sanción?”