3.- Repudiamos la aptitud del gobierno respecto de la protección que hace a los violadores de los DDHH, tanto a nivel de justicia como en la protección económica, manteniéndolos cobardemente escondidos al alero de las armas.
4.- Es una vergüenza nacional que el Estado amparado en los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría, le sigan pagando pensiones millonarias a los asesinos y violadores de los DDHH de nuestro pueblo.