“Lo que existe en Chile -señala, lo que hoy reafirmamos- es una ley mordaza encubierta, al amparo del Estado. La propiedad privada de los medios de comunicación concentrados en el mismo sector social que tiene la concentración del poder económico, no ha hecho otra cosa que echar por los suelos el derecho a la libertad de expresión, porque la sociedad chilena está enajenada en pensamiento por recibir un mensaje comunicacional monocorde, definido por directores de medios y periodistas que están al servicio de los intereses de sus propietarios, quienes, en último término, definen los contenidos de la información.