Fujimori enfrenta una acusación penal y un pedido de 30 años y 10 meses de cárcel por lavado de activos y otros delitos, por supuestamente recibir aportes ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial de 2011 y aportes de empresarios peruanos para sus campañas de 2011 y 2016.