Por primera vez los partidos serán sometidos por ley a controles financieros y de funcionamiento. Dar financiamiento público a cambio de transparentar sus decisiones, finanzas y ejercer real democracia interna, choca con su resistencia al control ciudadano y del Estado. Esa pugna es el nudo de la tramitación de los dos proyectos fuertes de la Agenda de Probidad que los partidos intentan modificar.