Ley Longueira: Una ley de pesca que carece de legitimidad
Cada vez que en Chile aparece la discusión sobre temas coyunturales en los medios de prensa del sistema, y que trascienden hacia opinión pública, las actuales autoridades de gobierno terminan justificando lo injustificable, o simplemente se corren por la tangente. Esto es en relación a la fraudulenta Ley de Pesca, y que recién se aprestan a decir que dicha ley de tiene problemas de legitimidad.
En Chile y su Ley de Pesca, ¡algo huele muy mal!
¿Sabía que esas 7 Familias, a partir de la extracción gratuita de los recursos del mar chileno, se reparten utilidades calculadas en, a lo menos, unos tres mil millones de dólares anuales? Tres mil millones de dólares equivalen a 2.1 billones de pesos, es decir, al 25 % del presupuesto anual en educación año 2016. Con estos datos es evidente que ¡¡el Estado de Chile no puede estar diciéndole al país que no existen recursos!! , como tampoco puede firmarlo ningún gobierno, ni político y tampoco por ningún ciudadano!! ¡¡ Simplemente NO!!
Chile: Un platillo de la balanza pesa mas que el otro
Nuestra fauna marina desaparece en provecho económico de las familias Angelini, Lecaros, Yaconi –Santa Cruz , Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo (Las 7 familias) dueñas del mar en 200 millas marinas frente a los 4.000 kilómetros de nuestras costas.
A la población nacional se le niega, a través del precio que debe pagar, el acceso a una gran fuente de proteínas contenidas en los animales marinos, ya que el precio del pescado más barato que es posible encontrar en el mercado supera, fácil, los $ 3.000.el kilo, mientras que cuando es convertido en harina, sólo vale $ 180 el kilo. Es absolutamente irracional utilizar 5 kilos de peces silvestres para obtener 1 kilo de harina, cuyo valor alcanza un monto de apenas un cuarto del valor del pescado que incluye.
¿Naves fantasmas surcan los mares de nuestra patria?
Se ha llegado a esta instancia luego de conocerse una serie de hechos que confirman las denuncias de los pescadores y diversas organizaciones sociales desde su tramitación, durante el 2012. Estas agrupaciones acusaron el cohecho y el fraude detrás de la aprobación de normas y permisos favorables solo al empresariado pesquero. Estos son los motivos por los que Jaime Orpis, Fulvio Rossi, Marco Enríquez Ominami, Marta Isasi, Jovino Novoa, Alejandro García Huidobro y Andrés Zaldívar están cuestionados.