El caso de Guapinol, y la destrucción premeditada del Parque Nacional Carlos Escaleras es una muestra más que el asesinato de Berta Cáceres no fue un hecho aislado, sino una política de estado, promovida por siniestros “nacionalistas”, que han utilizado el Congreso Nacional, el Ministerio del Ambiente (MIAMBIENTE), el aparato judicial y la fuerzas de seguridad para llevar a cabo ecocidios con el objetivo de obtener ganancias a toda costa, incluyendo la eliminación física de opositores al saqueo de la madre tierra.