“Para que los inversores puedan controlar y censurar a los gobiernos”, continuó George, “necesitan desarrollar un sistema de leyes privadas”. Los tribunales de arbitraje que contempla el TTIP, que permitiría a las corporaciones denunciar a los estados que regulen en contra de sus intereses, “impondrían enormes sanciones a los gobiernos, y en consecuencia, a los ciudadanos”.