Cinco gobiernos latinoamericanos se han puesto de acuerdo a espaldas de la opinión pública, con el objeto esta vez no se de coordinar una operación represiva y criminal transnacional como fue el Plan Cóndor que operó en el Cono Sur en la década de los setenta; pero sí de cuestionar y debilitar el rol y potencial impacto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bajo el supuesto respeto de autonomía de los países, se solicita a la Comisión Interamericana de DDHH “no invadir las competencias de los Estados” en la protección de derechos.