El conflicto de interés es evidente, toda vez que la firma de Correa presta servicios a grandes empresas –aunque nunca se ha conocido la nómina de sus clientes– que pueden tener un vivo interés en este proyecto. Esto, porque la nueva ley podría limitar las bases de datos con información sobre los hábitos de los consumidores y que las empresas usan para desarrollar sus estrategias de venta y publicidad.

Es un hecho que Imaginacción tiene interés en este proyecto de ley. Los registros de la Cámara Alta, revisados por CIPER, indican que al menos tres de sus empleados asistieron, hasta marzo de 2018, a sesiones de la Comisión de Constitución del Senado donde se analizó la iniciativa: Beatriz Sanhueza (consultora de Asuntos Públicos de la empresa), Carolina Salas (cientista política) y Denise Schlesinger (consultora).