La situación de derechos humanos que atraviesa Colombia es extraordinariamente preocupante. En lugar de abrir las puertas a la paz y la esperanza, el posacuerdo con las FARC-EP aparece como un período plagado de incertidumbre y violencia. Mientras se hacen cuentas alegres sobre la reducción de muertes violentas de miembros de la Fuerza Pública, desde la vereda de las organizaciones y los movimientos populares y de izquierda, la realidad es aterradora.