Categoría: Opinión

Para la derecha, todo lo legal es legítimo. Es decir: si la Ley lo autoriza no hay nada que debatir. Para la derecha, que la Ley lo autorice es sinónimo de que lo obliga. O sea: nada para discutir. Cuál es el criterio de razonabilidad, de oportunidad, de un mínimo análisis de cuáles son los intereses que se defienden y cuales los derechos que se avasallan. Nada de eso importa. La letra fría de la Ley, que en caso de ser necesario volverá a entrar con sangre, es taxativa.

Seguramente, se volverá a ver y escuchar el discurso de la épica «Marcha a Washington» de Martin Luther King Jr., en la copia granulada de la cinta en blanco y negro, verdadero símbolo de una era que ya se fue, y otra vez se oirá la frase clásica, «¡Gracias Dios Todopoderoso, ahora ya somos libres!» ~ frase que en su triste e irónica repetición, es burla de la verdadera situación de la gran mayoría de los negros en los Estados Unidos.

De a poco, hemos ido reemplazando nuestra antigua identidad republicana (a la que adhirieron desde la izquierda a la derecha) por un curioso engendro de país de colusiones y oligopolios. El país se remata, se vende, se subasta (ya lo hemos dicho antes) al mejor postor. Hablemos primero de la gran colusión, la matriz de todas las colusiones, la más escandalosa de todas: la de las dos coaliciones que se reparten -desde las secretarías de sus oficinas partidarias- el poder político de Chile. Ellas -bajo el loable argumento de la estabilidad- se repartieron Chile «miti-miti». Ambas se han convertido, en los hechos, en el mozo o moza que sirve el café a los lobistas de los oligopolios.

A los legisladores les pregunto: Si en Chile esta abolida la pena de muerte, ¿por qué  seguimos permitiendo que esa pena la sufrieran 150 personas al interior de su hogar, durante el año recién pasado?,  sin contar los suicidios a que fueron empujados otros, que los justificamos con las depresiones o causas desconocidas y tampoco se cuentan los femicidios, homicidios y parricidios frustrados.

El supuesto apagón de algunos portales está lejos de ser una muestra de “resistencia cívica” y se acerca más bien a un conflicto intercorporativo.
EEUU no necesita esta ley para censurar internet. La mayoría de las conexiones del mundo de alguna u otra manera pasan por servidores ubicados en su territorio.

Con pocos días por delante para las elecciones primarias del 12 de febrero en las que la oposición elegirá el rival que se enfrentará al presidente Hugo Chávez en los comicios del 7 octubre, la campaña ha sorprendido por los roces entre precandidatos que, en espectáculo televisivo demostraron que  ni siquiera habían leído el mamotreto de más de 160 páginas presentado como Plan de Gobierno por la Mesa de Unidad Democrática, con “Cien soluciones para la gente” (no para el pueblo).

Lo acontecido en Carahue no es más que el retorno, en gloria y majestad, del manido discurso de los “mapuches buenos” y los “mapuches malos”. Con los primeros se entiende Desarrollo Social y la Conadi; con los segundos, Interior y las fiscalías. Estrategia absurda, inconducente. Tanto porque los segundos torpedean al primero constantemente –la simbólica entrega de tierras en Temulemu pasó a la historia tras la metida de patas de Hinzpeter- como porque presupone que en verdad existen “mapuches buenos” y “mapuches malos”.

Este artículo analiza uno de los hechos más importantes ocurridos en Estados Unidos que no ha tenido visibilidad mediática en los mayores medios de difusión e información de España: la nacionalización de la General Motors. El artículo contrasta la política seguida por la Administración Obama en los sectores industriales con la que se ha desarrollado en los sectores financieros. El artículo detalla también los intentos de conversión de la General Motors en una cooperativa industrial como Mondragón.

Estos tres partidos que otrora representaron el pensamiento progresista,  incluso revolucionario, hoy no son más que conservadores, cuyo único fin reside en la recuperación del poder que les permitió gozar del botín del Estado y de las “sillas musicales”. Estos partidos, carentes de ideas, programas, ideologías y sueños, no tienen otro objetivo que proteger sus patrimonios.

Los gobiernos que representan al ochenta por ciento de los ciudadanos del mundo se hallan excluidos de las negociaciones del ACTA (Acuerdo Comercial Anti-Falsificación), mientras que burócratas nombrados a dedo han trabajado muy de cerca con los lobbies corporativos para diseñar las nuevas reglas y un régimen de aplicación peligrosamente poderoso.