Pederastas y represores: el doble rasero de la clemencia estatal

23 de octubre de 2026

José Antonio Kast llegó a La Moneda prometiendo transformarse en el adalid indiscutible de la justicia, el orden y la seguridad pública, enarbolando la bandera de la protección de las familias y la infancia frente a la delincuencia. Sin embargo, la realidad de su mandato ha destapado la contradicción más descarnada de su discurso.

Una reciente investigación periodística de Interferencia confirmó que, por vía administrativa, el Ministerio de Justicia liderado por Fernando Rabat dictó de manera discrecional 56 decretos de rebaja de condena a personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores. El escándalo político y ético se volvió absoluto cuando, de acuerdo con revelaciones de El Mostrador y Radio Bío Bío, se constató que, camuflados bajo esta misma vía reglamentaria de decretos exentos, el Ejecutivo también otorgó rebajas de penas a criminales de lesa humanidad recluidos en el penal de Punta Peuco, condenados expresamente por delitos tan atroces como la tortura y el secuestro calificado.

Eximirse de responsabilidad bajo el pretexto de un «tecnicismo legal» o argumentar que el Mandatario ignoraba la firma de estos decretos es una burla a la ciudadanía. Las decisiones de Kast y de su ministro Rabat no son errores burocráticos; revelan un profundo y peligroso compromiso ideológico con el negacionismo. El Ejecutivo ha utilizado de manera desvergonzada la rebaja de penas a violadores de menores como una maniobra distractora para pasar por debajo de la mesa la impunidad de los militares condenados por crímenes de lesa humanidad. Un Gobierno que se promociona como el guardián de la seguridad no puede amparar que sus propias oficinas se conviertan en silenciosas tramitadoras de impunidad, donde quienes violaron niños y quienes hicieron desaparecer personas compartan el mismo manto de clemencia administrativa. Justificar reducciones de castigo a pederastas y criminales de Estado bajo argumentos regulatorios de la Ley N° 19.856 demuestra un desprecio absoluto por las víctimas, vulnera las obligaciones internacionales de derechos humanos ratificadas por Chile y desmantela las garantías de no repetición. Mientras el exministro Jaime Gajardo y fallos recientes de la propia Corte Suprema respaldaban el criterio de rechazar estos beneficios, la administración actual optó por abrir la puerta de salida a través de resquicios de oficina.

Respecto a los bandidos de Punta Peuco, esta perversa voluntad de aliviarles las penas es una ofensa intolerable a los familiares de las víctimas de la represión. Los argumentos «humanitarios» que sus defensores invocan de manera recurrente tuercen el verdadero sentido de la justicia. Lo humanitario se refiere a la protección de la vida, el alivio del sufrimiento y la defensa de la dignidad humana; la misma dignidad que fue sistemáticamente destruida por los perpetradores. Todos ellos fueron juzgados y condenados por delitos que lesionaron a la humanidad en su conjunto; por eso son imprescriptibles. Tal como fue comprobado, planificaron y cometieron esos crímenes con pleno conocimiento de sus actos dentro de la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas, ejecutando la represión ordenada contra opositores, simpatizantes de la Unidad Popular y los militares que nos opusimos a participar en el golpe de Estado de 1973.

Esta operación para liberar u otorgar beneficios a estos reos intenta desviar la atención de la gravedad de sus actos apelando a una supuesta «vulnerabilidad biológica». El cinismo de la autoridad ministerial es total al defender y amparar la visión de país de la dictadura, omitiendo deliberadamente que la violencia de Estado que justifican no perdonó ni a los más inocentes. El ensañamiento del régimen llegó al extremo de asesinar y hacer desaparecer a niños y lactantes, destruyendo familias enteras en nombre de su supuesta «guerra». Entre estos crímenes brutales e imperdonables se encuentran:

Carlos Fariña Oyarce: de apenas 13 años, detenido el 13 de octubre de 1974 en La Pintana por militares y civiles. Su cuerpo fue encontrado décadas después oculto en un sitio eriazo, con impactos de bala en su cráneo.

Macarena Aguiló Marchi: secuestrada por la DINA en 1975 cuando tenía solo 3 años de edad, utilizada como rehén en un centro de torturas para forzar la entrega de información a sus padres.

Manuel, Jorge y Hernán Tamayo Martínez: hermanos de 3, 4 y 11 años, retenidos y sometidos a la violencia de los agentes tras la detención y desaparición de sus padres en 1976.

Los hermanos Turtealtaub: niños que sufrieron el horror del secuestro y la separación forzada como parte de la estrategia represiva para quebrar la resistencia de sus familias.

Los hijos de Nalvia Mena y Reinalda Pereira: lactantes que debieron nacer en cautiverio tras el secuestro de sus madres embarazadas, cuyo destino final sigue siendo una de las verdades ocultas por los reos que hoy reciben beneficios.

Todo indica que el destino de estos niños y de decenas de menores ejecutados fue decidido con la misma frialdad con la que hoy se tramitan los beneficios carcelarios. Los condenados de Punta Peuco poseen la información sobre el paradero de los desaparecidos, pero, sin mostrar un ápice de arrepentimiento, se niegan a entregarla. Resulta éticamente aberrante que un ministerio sectorial, liderado por defensores del legado dictatorial, actúe como aliado de la impunidad de los victimarios de la infancia, mientras las familias siguen buscando justicia.

Mantener viva esta verdad histórica es la herramienta más eficaz para combatir el negacionismo y el revisionismo extremo, que repite el falso discurso de las cúpulas de la dictadura pretendiendo instalar que «salvaron al país» de una guerra inexistente, cuando los informes Rettig y Valech recogen testimonios de vejaciones indescriptibles contra hombres, mujeres y niños.

Esta misma lógica peligrosa, bajo un discurso patriotero, pretende extenderse hoy para indultar a uniformados condenados por abusos, apremios ilegítimos y traumas oculares cometidos contra un pueblo movilizado durante el estallido social de 2019, bajo la premisa autoritaria del “enemigo interno” que el expresidente Piñera invocó al afirmar: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable”.

En definitiva, los indultos o las rebajas administrativas de condena a criminales que destruyeron sistemáticamente la dignidad humana no tienen justificación ética ni jurídica posible. Extender esta política de impunidad desde los reos de Punta Peuco hacia los uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos en el presente envía un mensaje devastador que vuelve a abrir la puerta a la violencia estatal institucionalizada. Verdad, justicia y memoria siguen siendo deudas pendientes, y ninguna clemencia tramitada entre las sombras de un ministerio podrá reemplazarlas.

Enrique Villanueva M.