Los intereses empresariales internacionales consideran imprescindibles los ISDS para proteger los derechos de propiedad donde no existen el imperio de la ley y tribunales creíbles. Pero este argumento no tiene sentido. Los EE.UU. están exigiendo el mismo mecanismo en un mega-acuerdo similar con la Unión Europea, la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), a pesar de que no hay duda sobre la calidad de los sistemas jurídicos y los tribunales de Europa.
Todo el mundo está de acuerdo, los inversores – cualquiera que sea su domicilio fiscal – merecen ser protegidos contra expropiaciones o regulaciones discriminatorias. Pero los ISDS van mucho más allá: imponen la obligación de compensar a los inversores por las pérdidas de beneficios esperados y podría ser invocados incluso cuando las reglas no son discriminatorias y los beneficios se obtienen causando daño a la sociedad.
Actualmente Philip Morris International ha llevado a los tribunales a Australia y Uruguay (que no es socio del TPP) por exigir que los cigarrillos lleven etiquetas que adviertan de su peligro para la salud. Canadá, bajo amenaza de una demanda similar, se echó atrás de introducir una etiqueta de advertencia igualmente eficaz hace unos años.
Dado el velo de secreto que rodea a las negociaciones del TPP, no está claro si el tabaco será excluido parcialmente de los ISDS. De cualquier manera, la cuestión más amplia sigue estando ahí: estas disposiciones hacen que sea difícil a los gobiernos ejercer sus funciones básicas: la protección de la salud y la seguridad de sus ciudadanos, garantizar la estabilidad económica y la protección del medio ambiente.
Imagínese lo que habría ocurrido si esas disposiciones hubieran estado en vigor cuando se descubrieron los efectos letales del amianto. En lugar de cerrar las fabricas y obligar a los fabricantes a indemnizar a los perjudicados, bajo los ISDS, los gobiernos hubieran tenido que indemnizar a los fabricantes por no matar a sus ciudadanos. Los contribuyentes habrían pagado dos veces: primero por el daño causado a su salud por el amianto, y luego para compensar a los fabricantes por sus ganancias perdidas cuando el gobierno intervino para regular un producto peligroso.
No debe sorprender a nadie que los acuerdos internacionales de los Estados Unidos regulen, en vez de liberalizar, el comercio. Es lo que sucede cuando el proceso de decisión de las distintas políticas se cierra a las partes interesadas no empresariales; por no hablar de los representantes elegidos por el pueblo en el Congreso de los EE.UU..
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Importante artículo. ¿Podrían cuadrar la presentación para que sea más legible? Gracias.
Hecho, muchas gracias por la observación.
Escalofriante el pensar que el Canciller Muñoz y la Sra Bachelet puedan pensar que este conjunto de desaciertos pueda ser beneficiosos para Chile, que tiene tratados de libre comercio con todos los países involucrados, sin necesariamente perder su capacidad jurídica acerca de sus decisiones de lo que es bueno o malo para la salud ( tabaco, transgénicos procesos contaminantes) ni menos rendirle pleitesía los asesinos internacionales.
Y si este famoso acuerdo es para quitarle poder a China, a quién no le importa un pito el TPP, tenemos que saber que nuestro bienestar estos últimos años, lo debemos a la baratura de los productos chinos, ante los cuales USA no puede competir. Y si somos mercaderes y fenicios que nos vendemos al mejor postor, seamos consecuentes con nuestro pensamiento mercachifle siendo fieles a quien nos vende barato y nos compra nuestro cobre, y no nos enredemos en líos de patentes e indemnizaciones con USA, cuyas transnacionales son expertas en imponerle su legislación a países más débiles y comérselos con zapatos. Y una vez engullidos, ni el Chapulín Colorado puede sacarnos del atolladero.