Colombia: Declaración Final de la Misión Internacional de Verificación

Ante los medios de comunicación nacionales e internacionales,  los delegados de la misión, este 29 de septiembre dieron a conocer la declaración  final del trabajo, lo que arroja varias apreciaciones y recomendaciones, entre  ellas: “que desde la visita del Relator (2004), la situación de los pueblos  indígenas de Colombia se ha agravado a tal punto que configura un escenario no  sólo de una grave crisis humanitaria, sino de amenaza cierta de extinción ante  lo cual, la Misión, hace un llamado urgente a la comunidad internacional y  al Estado Colombiano a que hagan todo lo necesario para detener este  riesgo”.

A continuación la declaración final, con la relación de quienes hicieron parte de ellas y otros organismos que actuaron como observadores.

MISIóN INTERNACIONAL DE VERIFICACIóN SOBRE LA SITUACIóN HUMANITARIA Y DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDíGENAS DE COLOMBIA

Ante la agudización de la crisis humanitaria de las comunidades indígenas en Colombia, las principales organizaciones indígenas de Colombia,  congregadas en el Consejo Nacional Indígena de Paz, convocaron a una Misión  Internacional de carácter independiente para hacer seguimiento a las recomendaciones  hechas en el 2004 por el Relator Especial de las Naciones Unidas para los  derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas,  Rodolfo Stavenhagen.

Esta Misión Internacional de Verificación sobre la  Situación Humanitaria y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia entre el 19 y 29 de septiembre de 2006 tuvo como propósito verificar el estado  de cumplimiento de las recomendaciones y la situación actual de los  pueblos indígenas, producir un informe para que la comunidad internacional  pueda instar al gobierno de Colombia el cumplimiento de los acuerdos y  compromisos internacionales y de orden nacional, en materia de respeto a los  derechos de los pueblos indígenas.

La Misión estuvo conformada por organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil de Europa, América Latina, Estados Unidos, y Canadá, con observadores de las agencias de las Naciones Unidas, la Embajada de Suiza, la Embajada de Alemania, la delegación de la comisión europea, y la  MAPP-OEA.

La Misión visitó cinco regiones: la Sierra Nevada de Santa Marta, el Alto Sinú en Córdoba, el departamento de Arauca, el departamento del Cauca y el departamento del Guaviare. En cada región la Misión sostuvo entrevistas  con las comunidades indígenas y sus organizaciones, recibió testimonios de indígenas víctimas de violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y se entrevistó con autoridades locales y departamentales, cívicas, militares y de organismos de control del  Estado. En el ámbito nacional, la Misión se entrevistó con entidades del Sistema  de Naciones Unidas y con miembros del Cuerpo Diplomático congregados en el  G24, con autoridades del gobierno central y con los organismos de control  nacional.

Adicionalmente, la Misión participó en el foro nacional de mujeres indígenas y en el foro nacional por la vida de los pueblos indígenas y tuvo acceso  a estudios de caso, informes de violaciones de derechos humanos a los  pueblos indígenas, testimonios, documentos y análisis de expertos, que le  permitieron obtener una visión integral de la situación actual por la que  atraviesan los pueblos indígenas de Colombia.

Una vez concluida la visita en terreno, la Misión emite la siguiente declaración:

1. La Misión constató que los pueblos indígenas (hombres, mujeres, niños y niñas, y sus organizaciones) están siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos fundamentales y de crímenes de lesa humanidad, tales  como: asesinatos políticos, detenciones masivas y arbitrarias, torturas y  tratos crueles, desapariciones forzadas, allanamientos, señalamientos, judicializaciones y acusaciones infundadas, retenes permanentes y  limitaciones a la movilidad.

Igualmente se violan su derecho al debido proceso, el  respeto a su autonomía, costumbres y territorios. Las medidas implementadas en  el marco de la política del actual gobierno, tales como: la red de informantes, los soldados campesinos, los batallones de alta montaña, las brigadas  móviles, los escuadrones antidisturbios, y los grupos de operaciones especiales, agravan la ya difícil situación que enfrentan los pueblos indígenas y  sus territorios.

2. La Misión constató que los pueblos indígenas están sufriendo los efectos de las graves infracciones al derecho internacional humanitario cometidas  por los actores armados en el contexto del conflicto armado interno (la Fuerza Pública, los grupos guerrilleros y paramilitares o desmovilizados). La  Misión tuvo conocimiento y pudo observar en el terreno que la fuerza pública  ha construido puestos policiales y militares, garitas, trincheras y puntos  de avanzadas, en medio de los sitios de vivienda de los indígenas, en  lugares ampliamente poblados y en territorios pertenecientes a los resguardos indígenas. Realizan retenes militares y controles en los que se despoja  a los indígenas de alimentos, medicinas y otros implementos necesarios para  su supervivencia. Los grupos armados ilegales practican el reclutamiento forzado de jóvenes indígenas. Todos los actores armados han asesinado a hombres  y mujeres indígenas y ocupan zonas humanitarias y sitios de asamblea  permanente, designados por las comunidades indígenas como lugares de protección  frente a los efectos del conflicto. Ejecutan operaciones militares que no  guardan los principios básicos de distinción y proporcionalidad, afectando  gravemente a la población indígena.

3. La Misión constató que el actual proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y las normas creadas para ello, no garantizan la verdad, justicia y reparación de los crímenes cometidos por los paramilitares  contra los pueblos indígenas, que continúan en una situación crítica. La  Misión recibió testimonios que indican que en varios de los territorios  indígenas los paramilitares no se han desmovilizado efectivamente y siguen cometiendo crímenes e intimidando a la población; en otros casos, se informó a la  Misión que los paramilitares desmovilizados han conformado nuevos grupos  armados y desarrollan las mismas prácticas anteriores contra las comunidades; así mismo, se recibieron testimonios sobre el control social, las actividades de infiltración, información, y hostigamiento que los paramilitares desmovilizados realizan contra las comunidades, organizaciones y  líderes indígenas.

4. La Misión constató que en los territorios indígenas se están implementando megaproyectos sin que se respete el procedimiento de consulta previa y  los criterios para ello establecidos por los convenios internacionales de  la OIT, de las Naciones Unidas y por los propios mecanismos internos de  concertación establecidos entre el estado colombiano y las autoridades indígenas.  Estos proyectos incluyen: infraestructura vial, fluvial y marítima,  extracción de minerales e hidrocarburos, construcción de represas y grandes proyectos hidroeléctricos,  control y explotación de la biodiversidad, y proyectos agroindustriales como los monocultivos de palma aceitera y caucho.  Estos megaproyectos, además de generar graves e irreparables impactos  ambientales, rompen el equilibrio natural y espiritual que los pueblos indígenas han mantenido po
r años, desestructuran el territorio, perjudican la salud y afectan los ciclos productivos, alimenticios y la convivencia de las comunidades indígenas.

5. La Misión pudo constatar que las violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas están acompañados de violaciones a sus  derechos colectivos y que se está creando un marco jurídico normativo que  agravaría esta situación. En este sentido, la Misión expresa su preocupación  especial por las leyes más recientemente aprobadas y por las que están en  trámite, tales como la ley forestal, la ley de aguas, la ley de páramos, y ley  de desarrollo rural, que retroceden en derechos conquistados por los  pueblos indígenas y apuntan a generar mayores niveles de exclusión  sociocultural y violencia, y configuran claros escenarios de extinción de los pueblos  indígenas.

6. La Misión pudo observar la situación particular de la educación y la salud de las comunidades indígenas y manifiesta su preocupación por la   desatención de parte de las entidades regionales y del Estado central y por la  ausencia de mecanismos de concertación con miras a respetar y apoyar las propuestas  de las comunidades indígenas desde su cosmovisión, sus prácticas  tradicionales, su sabiduría ancestral y sus proyectos de educación y salud propia.

7. La Misión escuchó abundantes testimonios sobre la situación específica de las mujeres indígenas. La Misión quedó altamente preocupada y denuncia  las prácticas de acoso, abuso sexual, violación, engaño y seducción contra  mujeres y niñas indígenas, por parte de miembros de la fuerza pública. La  Misión recibió testimonios sobre menores que han quedado embarazadas sin que  exista responsabilidad alguna asumida por los militares y/o policías  responsables.

8. La Misión recibió testimonios e información sobre la fumigación aérea sobre territorios indígenas, que se llevaron a cabo sin la consulta previa de  las comunidades, donde existían o no cultivos de uso ilícito dentro de los territorios indígenas afectadas. Las fumigaciones están agravando la inseguridad alimentaria que existe en varias comunidades indígenas por  los daños que causa a los productos de pan coger y por los afectos  negativos en la salud. La Misión observó que las comunidades tienen serias dificultades  para acceder a los fondos de reparación por los daños ocasionados por las fumigaciones a sus territorios y cultivos de pan coger. La Misión  observa que no encontró propuestas alternativas reales y concertadas con las  comunidades, por parte de las autoridades responsables.

9. La Misión constató que los pueblos indígenas han iniciado una campaña encaminada a la “liberación de la madre tierra” y que tiene que ver con  la necesidad y exigibilidad de ampliación de sus territorios para  garantizar su supervivencia. La Misión tuvo información y datos sobre los altos  índices de concentración de la tierra y la propiedad en Colombia, en los últimos  años y las muertes que la defensa del derecho a la tierra y al territorio ha  causado para los pueblos indígenas. De igual forma, la Misión conoció que el  Gobierno colombiano ha incumplido, reiteradamente, acuerdos firmados con las organizaciones indígenas  encaminados a devolver y titular tierras  ancestrales que han sido usurpadas a los pueblos indígenas.

10. La Misión lamenta no haber podido encontrarse con algunas de las principales entidades gubernamentales y estatales colombianas, tales como la Vicepresidencia, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, y  el Ministerio de Minas y Energía.  Los miembros de la Misión lo  interpretan como una falta de voluntad política por parte del gobierno colombiano de  cumplir con sus obligaciones de respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas de Colombia.

10. Por las constataciones anteriormente señaladas, la Misión concluye:

Que las recomendaciones presentadas por el Relator Especial de la ONU para los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas no han sido atendidas de manera oportuna y eficaz por las autoridades gubernamentales y estatales.

Que, desde la visita del Relator (2004), la situación de los pueblos indígenas de Colombia se ha agravado a tal punto que configura un escenario no  sólo de una grave crisis humanitaria, sino de amenaza cierta de extinción ante  lo cual, la Misión, hace un llamado urgente a la comunidad internacional y  al Estado Colombiano a que hagan todo lo necesario para detener este  riesgo.

Que la sistematicidad de las violaciones de los derechos humanos y de del derecho internacional humanitario y de los crímenes de lesa humanidad a  los que han sido sometidos los pueblos indígenas de Colombia prefiguran un genocidio contra estos pueblos, que ni siquiera las Medidas Cautelares  y Provisionales, emanadas por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de derechos humanos han podido detener.

11. La Misión recomienda al Relator Especial de la ONU para los derechos humanos y las libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas realizar una pronta visita de seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones,  con miras a exigir al Estado Colombiano respuestas eficaces ante la gravedad de la situación de estos pueblos.

12. La Misión recomienda a la Unión Europea y al G24 hacer un seguimiento más detallado a la situación de los pueblos indígenas, en el marco de las  cumbres de Londres y Cartagena sobre los derechos humanos y la cooperación internacional en Colombia.

13. La Misión recomienda al Gobierno Colombiano no dilatar el cumplimiento de acuerdos con las comunidades y organizaciones indígenas respecto de la titulación de tierras y territorios e implementar mecanismos de  solución negociada antes que los de la represión policial y las  judicializaciones.

14. La Misión recomienda al Gobierno Colombiano retirar de los pueblos y lugares de vivienda de los indígenas los cuarteles, trincheras y otras formas de ocupación militar que pongan en inminente riesgo a la población  civil indígena.

15. La Misión recomienda al Gobierno Colombiano considerar los resguardos indígenas como territorios de paz y diseñar una política integral para proteger a los pueblos en riesgo de extinción.

16. La Misión recomienda a los grupos armados ilegales respetar los derechos de los pueblos indígenas a su territorio, vida, y autonomía y todos los principios del derecho internacional humanitario.

17. La Misión recomienda a las organizaciones sociales, nacionales e internacionales y a los pueblos indígenas solicitar una moratoria en la implementación de megaproyectos, en territorios y resguardos indígenas, mientras no se cumplan los mecanismos y acuerdos, tanto internacionales  como nacionales, entre ellos, la de la consulta real y efectiva a las  comunidades y organizaciones indígenas.

18. La Misión recomienda a la cooperación internacional apoyar a los planes de vida, a las estrategias de gobierno propio y autoprotección de las  comunidades indígenas.

19. La Misión extiende su solidaridad a las comunidades afrodescendientes y campesinas que se enfrentan condiciones similares a las de los pueblos  indígenas.

Esta declaración está acompañada de un informe detallado de la Misión sobre cada una de las regiones visitadas.

Dada en Bogotá, el 28
de septiembre de 2006.

Michel Neveu – Alcalde y Consejo General de Loire – Atlantique  (Francia).

Beverly  Jacobs – Presidenta, Asociación de Mujeres Indígenas de Canada.

Efraín Calapucha – CONAIE ( Ecuador ).

Franklin Toala – CONAIE ( Ecuador ).

Charlie Roberts – Comité para los Derechos Humanos de Colombia a Washington (USA).

Natalia  Cardona – Comité Andino de Servicios (Estados  Unidos).

Andrew Fandino – Coordinador Proyecto Defensa de los U`wa, Amazon Warch (Estados Unidos).

James Patton – Comitè Andiono de Servicios (Estados Unidos).

Giuseppe de Marzo – Asociaciòn A Sud  (Italia).

Maria Eugenia Cardenas – Derechos y Democracia ( Canadà).

Jessica Eby – Wola (Estados Unidos).

Richard Solly – Colombia Solidarity Campaign (Gran Bretaña).

Michel Thuaul – Asociación Campesina (Francia).

Carmen Maria Lang – Ayuda Popular Noruega (América Latina).

Philippe Matray –  Cooperante Belga (Bélgica).

Nieves Laborda – Presidenta, Acción Solidaria Aragonesa (España).

José Antoio Gutiérrez – Latin American Solidarity Centre (Irlanda).

Dunja Van Kleef – Fucai (Holanda).

Dag Kavlie – Universidad de Bergen (Noruega).

Otros con trabajo en Colombia:

PCS. SUIPPCOL, COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE ALVEAR RESTREPO, CENSAT, HUMANIDAD VIGENTE, CECOIN, DIAL.

PNUD, OACNUDH, ACNUR, OCHA, EMBAJADA DE SUIZA, EMBAJADA DE ALEMANIA, DELEGACION DE LA COMISION EUROPEA, MAPP-OEA.

Minga Informativa de Movimientos Sociales