Desde el lunes 29 de mayo, las oficinas del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Puerto Montt, Santiago, Arica y Valparaíso se encuentran ocupadas por representantes de las agrupaciones de víctimas de tortura y prisión política de la dictadura militar, como un acto de presión para que el Gobierno entregue una respuesta satisfactoria a su petitorio, que considera, entre otros puntos, un aumento de las pensiones, un bono de reparación, mejoras al Programa de Reparación en Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS), fin del secreto de los antecedentes recopilados por la Comisión Valech, y verdad y justicia.