Los grupos armados están copando las zonas que las FARC han dejado libres tras los acuerdos de paz. Las amenazas y asesinatos a líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos se han disparado y temen que el exterminio político de hace décadas se repita. Mientras, el Gobierno de Santos niega el paramilitarismo y habla de crimen organizado. Al presentar este jueves su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la ONU alertó sobre el asesinato de 127 líderes sociales en el país el año pasado, de los cuales 64 eran activistas y otros tres están bajo verificación.